Empleadas se solidarizaron con las afectadas con la quita de nombramientos y denunciaron «una cacería de brujas».
La Jefa de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados de Salta fue desplazada del cargo luego de 38 años y tras denunciar presuntas irregularidades administrativas. Liliana Hermosilla dijo que tuvo que rechazar polémicas iniciativas, como la contratación de inmuebles para colocar oficinas del Poder Legislativo y el pase a planta permanente de contratos de alto rango político sin que se cumplieran los actos administrativos que establecen las leyes. Explicó que la ley provincial establece un mecanismo para tales actos de gobierno.
Las denuncias realizadas por Hermosilla y sus rechazos a ciertos trámites terminaron de la peor manera: Tras ser despedida, la abogada y su colaboradora Anahí Tapia se atrincheraron en la oficina, de donde fueron desalojadas por el Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (Gopar), los Bomberos y el SAMEC.
Por eso, las empleadas con más de 17 años de antigüedad de la Cámara de Diputados de Salta, lanzaron ayer un comunicado: «Brindamos nuestro apoyo a la señora Jefa del Sector Jurídico Dra. Luisa Liliana Hermosilla, por su valentía al atreverse a denunciar los aberrantes hechos de corrupción ocurridos en esta Institución. Expresamos nuestra solidaridad a las compañeras a quienes por lo acontecido les quitaron injustamente sus nombramientos después de más de 10 años de desempeñarse en servicios esenciales sector personal y jurídico, también a personal de esta Cámara que después de desempeñarse por muchos años, fueron trasladados de sector; esta situación ha convertido hoy este Poder en una «cacería de brujas».
Las mujeres repudiaron declaraciones efectuadas por autoridades de la Cámara a distintos medios de comunicación, «que agravian a los trabajadores». Estas afirmaciones, dijeron, «impiden reconocer que el funcionamiento de la Casa de las Leyes, de la Casa de la Democracia se sostiene gracias a su eficiencia y compromiso. Lamentamos que funcionarios de esta Cámara aseguren que todos los trabajadores cobramos sin trabajar, una afirmación que desnuda que si tal situación existiera y fuera de su conocimiento tienen la obligación de actuar de acuerdo a la reglamentación y a las leyes, pues en caso de no hacerlo estarían incumpliendo su trabajo e incurriendo en actos de corrupción», dice el comunicado y agrega: «No aceptamos bajo ningún punto de vista declarar públicamente sin prueba que lo avale, en contra de una trabajadora de larga trayectoria en sus funciones y de la que consta a quienes diariamente trabajamos que cumple con lo que le ha sido encomendado».
«Defender la democracia, denunciar hechos de corrupción es garantizar la calidad y transparencia de las instituciones; lamentamos profundamente que se haya hecho caso omiso a la presunción de inocencia a través de declaraciones en las que directamente se culpa a una persona lo que configura una situación preocupante, máxime cuando surge de autoridades de esta Casa».
Al final señala: «Nuestra dignidad ha sido violentada, confiamos en que los responsables de la situación que se vivió revisen críticamente sus dichos; el personal de la Cámara de Diputados de Salta estamos comprometidas con la transparencia, la democracia y la justicia.
Por lo expuesto solicitamos a su vez protección personal y laboral».
Examen psicológico
Tanto Hermosilla como Tapia cumplían la orden de arresto domiciliario, pero en las últimas horas fue revocada y el magistrado a cargo de la causa dictó la prohibición de acercamiento sin autorización judicial a 200 metros del Palacio Legislativo y sus anexos.
También les ordenó realizarse un examen psicológico.
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