Con los votos de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, la Justicia ordenó dictar otro veredicto.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución al exjefe del Ejército de Cristina Kirchner César Milani en una causa por enriquecimiento ilícito y ordenó al Tribunal que lo juzgó dictar un nuevo veredicto, al remarcar que hay pruebas que no fueron analizadas.
La decisión fue de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, con los votos de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, según el fallo al que tuvo acceso Télam
Casación ordenó volver a dictar sentencia «con ajuste a los lineamientos» marcados en su fallo, en el cual se sostuvo que «la decisión absolutoria a la cual arribó el tribunal de anterior intervención respecto de la responsabilidad penal de Milani por el hecho por el cual fuera acusado, no resulta razonable ni se ajusta a los elementos arrimados al debate».
El Tribunal hizo lugar a una apelación de la fiscalía y analizó que, durante el juicio oral, se otorgó «una irrazonable preponderancia, sin respaldo probatorio suficiente, a las declaraciones brindadas por los imputados, en desmedro de la prueba documental agregada».
«Lo hasta aquí reseñado evidencia que el tribunal de juicio sustentó el estado de duda en una valoración parcializada del material probatorio, omitiendo llevar a cabo un análisis conglobado de la totalidad de la prueba incorporada al proceso», agregaron los jueces Petrone y Barroetaveña.
El ex jefe del Ejército fue acusado por «haber incrementado ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio en el período que ejerció la función pública dentro del Ejército Argentino», desde el 2001 cuando fue promovido a Coronel hasta mediados de 2013.
En tanto, el 29 de septiembre de 2022 el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) absolvió por mayoría al exjefe del Ejército en la causa por «enriquecimiento ilícito» debido a que se lo había acusado de no poder justificar la compra de su casa.
La absolución fue decidida por los miembros del TOF 7 Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, con la disidencia de su colega Germán Castelli, que encuadró la conducta del imputado en el tipo del artículo 268, apartado 3°, último párrafo, del Código Penal. Es el artículo que castiga a quien maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las declaraciones juradas de bienes.
A principios de octubre de 2022 se conocieron los fundamentos de la sentencia, donde la mayoría de los integrantes del TOF 7 consideró que Milani falseó datos en forma maliciosa de su declaración jurada de bienes al comprarse una casa en La Horqueta, San Isidro, pero lo absolvió por el beneficio de la duda.
Los jueces Méndez Signori y Canero entendieron que había elementos de sospecha para juzgar a Milani, pero decidieron absolverlo porque dijeron que les quedan dudas sobre su culpabilidad. En tanto, Germán Castelli se pronunció por condenar por ese delito a la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de las costas.
Castelli subrayó, además, que su cargo militar le demandaba «una conducta ejemplar» y con su actitud cometió «un injusto desprestigio del Ejército».
Préstamo de 200 mil dólares
En el juicio, Milani sostuvo que la compra de una casa que realizó en 2010 en el barrio La Horqueta, en el partido de San Isidro, la hizo en parte con un préstamo de 200 mil dólares realizado por un compañero del Ejército, Eduardo Enrique Barreiro, quien también fue juzgado y absuelto.
Milani había sido denunciado ante la Justicia por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, por la compra de esa casa en La Horqueta.
En su voto en minoría, Castelli destacó: «Comparto en lo sustancial los argumentos expuestos por el citado colega, en lo concerniente a la imposibilidad de emitir un juicio de certeza sobre la comisión del delito de enriquecimiento ilícito».
Además, sostuvo que «el malicioso falseamiento de datos en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al detalle de los bienes registrados en el año 2010, sobre el modo de adquisición de la propiedad en el partido de San Isidro, se observa, invariablemente, desde las propias denuncias que dieron origen a este proceso».
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