El caso gira en torno al supuesto pago compulsivo que ex gerentes de uno de los organismos hicieron en favor de una organización política, como también al uso ilegal de bienes donados.
Durante una audiencia multipropósito celebrada ayer ante la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, la fiscalía amplió la acusación penal en contra de la directora de la filial local del PAMI, Angelica Verónica Molina, y el asesor de la ANSeS Salta, Marcos Vera Ramírez, contra quienes ya se abrió una investigación penal por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
En este caso, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, sumó nuevos hechos a ambos funcionarios respecto al delito de peculado. En el caso de Vera, solicitó la acumulación de otra investigación seguida en su contra por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), formalizada el 22 de abril del año pasado.
Por otra parte, imputó por el mismo delito y en calidad de partícipe necesario a otros dos funcionarios del PAMI y a un dirigente político local. Se trata de Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo; y Fernando Andrés Ruarte, quien era concejal capitalino al momento de los hechos.
Al fundar esta ampliación de la acusación, el fiscal recordó detalles del inicio de la investigación, formalizada el 22 de octubre pasado. Explicó que el caso surgió a partir de la información aportada por un testigo que pidió reserva de su identidad.
En su relato, dijo que Vera y Molina obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI, en Salta a entregar el 20 por ciento de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por la organización política “La Cámpora”, tal como surgió de las declaraciones brindadas en un juicio seguido por el cobro irregular del IFE a tres ex gerentes del PAMI.
También hizo referencia a una serie de evidencias ya colectadas, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado, maniobra que fue ratificada por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Toranzos fundó esta convicción en nuevas evidencias, como el informe técnico realizado al teléfono de Fabiana Juárez, una de las ex gerentes juzgada, quien sacó a luz en el juicio la exigencia del pago del 20 por ciento. Al cotejar los números, se precisó que los mensajes, en los que se pedía el pago de ese aporte, pertenecían a Vera y Molina.
También reveló que, en la cuenta bancaria de Vera se detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos, con la discriminación del caso, lo cual permitió confirmar no sólo los nuevos hechos, sino la participación de Gerónimo y Albornoz en la maniobra de peculado.
Además de los pagos mediante transferencia, la fiscalía indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de bolsín del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto, los gerentes eran citados a la sede para efectivizar esos aportes.
Electrodomésticos
Toranzos repasó también la acusación contra Vera y Molina por la entrega, a través del PAMI, de electrodomésticos donados por la Dirección General de Aduanas (DGA), que estaban destinados a 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad.
Sobre esta conducta, confirmó, en base a las evidencias reunidas, que los bienes fueron distribuidos en actos de campaña y en favor de Ruarte, en ese entonces, julio del 2021, candidato a concejal de la capital salteña por el Frente de Todos.
Sostuvo que la participación de Ruarte surge no sólo de lo difundido por algunos medios locales, sino también por un posteo efectuado por el mismo acusado en las redes sociales. Pero para mayor precisión, mencionó lo declarado por algunas de las personas que recibieron los electrodomésticos.
Al referirse al marco de entrega de esos bienes, los beneficiarios dijeron que, en ningún momento, se aludió al PAMI como promotor de los beneficios, sino que todo fue promovido por dirigentes de “La Cámpora”, quienes pidieron a cambio su apoyo al Frente de Todos en los comicios electorales.
En vista de estas nuevas evidencias, la fiscalía formalizó las nuevas acusaciones, respecto a Gerónimo, Albornoz y Ruarte, como también se sumaron otros hechos a las acusaciones ya imputadas a Vera y Molina, para finalmente pedir una prórroga de la investigación dada su complejidad.
Ante estas imputaciones, la defensa de Molina se opuso a la prórroga, mientras que los defensores de Gerónimo, Albornoz y Vera no hicieron objeciones. En el caso de Ruarte, su defensa recusó al fiscal y planteó la ilegalidad de la acusación.
Previo a ello, el mismo acusado prestó declaración, oportunidad en la que afirmó ser inocente, para luego realizar una serie de acusaciones de imparcialidad en contra de la fiscalía, luego ampliadas por su defensa.
En respuesta, el representante del MPF solicitó el rechazo de los planteos, dada su imprecisión. También afirmó que, en ninguno de ellos, se advierten elementos fundados para habilitar su tratamiento, opinión que fue compartida por la jueza Giménez.
La magistrada dijo que lo expuesto, tanto por Ruarte como por su defensa, carece de elementos de convicción suficiente para ser analizados, puesto que las causales de recusación no fueron argumentadas, sino meramente enunciadas, por lo que se expidió por el rechazo de ambos planteos.
En cuanto a la oposición a la prórroga interpuesta por la defensa de Molina, la jueza coincidió también con el fiscal, quien había advertido -en la réplica- que esa parte consintió la acumulación de las investigaciones. En vista de ello, denegó tal planteo, para finalmente dar por formalizada las nuevas imputaciones tanto a Vera y Molina, como las realizadas en contra de Gerónimo, Albornoz y Ruarte.
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