Miranda Ruiz está acusada de realizar el procedimiento, el pasado 24 de agosto, sin el consentimiento de la gestante. La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía. Esta mañana hubo una protesta frente a la Ciudad Judicial en apoyo de la médica.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, amplió la imputación contra una médica del hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, por la supuesta comisión del delito de aborto sin el consentimiento de la gestante. Durante la audiencia llevada a cabo este martes, la acusada, asistida por su defensa particular, se abstuvo de declarar.
Del decreto de ampliación de la imputación, surgió que la acusada Miranda Ruiz habría intervenido en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante. Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió pasado 24 de agosto, cerca de las 15.
El fiscal indicó que distintos elementos aportados como prueba indican que la acusada habría llevado adelante el procedimiento sin el consentimiento voluntario de la gestante en tiempo y forma.
En una entrevista con El Tribuno, la profesional había señalado que: “Yo no cometí ningún delito. Todo está escrito y detallado en la historia clínica”.
Además apuntó contra “grupos mafiosos” que “defienden intereses personales y políticos”.
En ese sentido, a través de un audio, Ruiz señaló: “Una de las primeras cosas que yo me pregunto es quién protege a las mujeres en la provincia de Salta”. E inmediatamente apuntó: “Aparentemente existe como una organización mafiosa entre la Justicia, algún sector político, la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores”. Y agregó: “Que no solo no les importó avasallar la intimidad de la paciente cuando decidió acceder a la IVE donde la expusieron mintiendo sobre la historia clínica para defender sus intereses personales y políticos”.
En ese audio, la médica declaró que “esa paciente fue usada políticamente, yo también y su familia también. No solo la expusieron sino que ahora la están obligando a hacer una falsa denuncia. Lo que tiene que entender la paciente es que si ella hace una falsa denuncia compromete su estado de libertad porque hay pruebas suficientes para demostrar que lo que ella dice no es cierto”.
Apoyo a nivel nacional
Cuando se conoció el caso el Ministerio de Salud de la Nación respaldó el accionar de la médica y manifestó además su apoyo «a los equipos de salud que cumplen con respeto y profesionalismo» con lo establecido en el marco de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La detención, imputación y posterior liberación de la médica de Tartagal, por practicar una interrupción legal del embarazo (ILE) «es absolutamente irrazonable e injustificada», había señalado, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal: una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.
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