La Justicia actúa en el caso del aborto provocado a una mujer de Salvador Mazza que presentaba más de seis meses de gestación.
El fiscal penal N§ 1 de Tartagal Gonzalo Ariel Vega amplió la imputación a otros integrantes del personal del hospital Juan Domingo Perón en la causa que tiene como imputada por el delito de aborto a la médica sanitarista Miranda Ruiz.
En setiembre del año pasado la médica le practicó un aborto a una joven de 21 años oriunda de la localidad de Salvador Mazza, quien por su propia voluntad había llegado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal; pero unas seis horas antes -según el testimonio de la propia joven y de una tía de la gestante que ofició de denunciante- pidió que detengan el aborto al haber recibido el compromiso de la entonces directora de la niñez de Salvador Mazza, Claudia Subelza, quien se comprometió a darle todo el apoyo emocional y material ante lo avanzado del embarazo, cuando tomó conocimiento por familiares de la chica que esta se había dirigido al hospital de Tartagal con el fin de que se le practique una interrupción legal del embarazo.
Una bebé con vida
La médica, sin embargo, según consta en la causa, avanzó con el aborto, en el que nació con vida una beba cuyos restos fueron desechados por personal del propio nosocomio. El hecho causó onda consternación en el norte de la provincia, a pesar de que al momento de la práctica -septiembre de 2021- la ley estaba en plena vigencia, por el hecho que la chica ya había superado los 6 meses de gestación. De hecho, al nacer la bebé, la mamá -soltera, de muy escasos recursos y mamá de una nena de 6 años- le puso de nombre Milagros y aseguró que hasta la escuchó llorar al momento de la práctica.
La ex directora de la Niñez y exconcejal Claudia Subelza declaró como testigo por el hecho de haber conocido la situación apenas la joven se internó en el hospital de Tartagal con la intención de que se le practique el aborto y sin que su familia tuviera conocimiento cuando un tío de la chica se enteró al ser advertido por otro médico del propio hospital, quien lo llamó para informarle que la joven pretendía hacerse un aborto con más de 22 semanas de gestación, entonces se comunicaron con Subelza.
Sin consentimiento
La funcionaria había hecho todo lo posible para evitar el aborto -que a esas alturas ya no era consentido por la chica gestante-, pero no fue escuchada a pesar de haberle pedido al propio gerente del hospital Perón, José Santiago Payo, que haga detener la práctica, según recordó Subelza en diálogo con El Tribuno y en su declaración en sede judicial.
Maniobra de presión a la Justicia
Dos semanas atrás, cuando la Justicia confirmó el procesamiento de la médica Miranda Ruiz y rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por los abogados defensores de la profesional, legisladores nacionales y provinciales junto a referentes a favor del aborto legal acompañaron a la médica y a sus abogados, en una conferencia de prensa que convocaron en Tartagal, con la clara intención de mostrar un factor de poder y presión para modificar la decisión de la Justicia, que la imputó por el delito de aborto y le dictó una serie de restricciones, como no poder ausentarse de Tartagal sin aviso previo.
Los otros dos imputados
Se trata de un médico ginecólogo y de un empleado administrativo.
La médica Miranda Ruiz, en contacto con un medio televisivo.
Pero esta semana, según conoció El Tribuno en forma exclusiva, la Justicia amplió la imputación a otros dos empleados del hospital Juan Domingo Perón. Se trata de un médico ginecólogo y un empleado administrativo cuyas identidades no trascendieron. Fueron responsables, uno de desechar el cuerpo de la bebé que había nacido con vida y otro de haber adulterado la documentación.
Fuentes altamente confiables del Ministerio Público Fiscal le confiaron a El Tribuno que las nuevas imputaciones son “para el encargado de hacer los registros de los certificados de nacido en el Hospital Perón y para el médico ginecólogo de guardia que estaba en ese momento, donde se consignaron los datos del feto. Se les imputa la falsificación de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque consignaron que era un feto muerto, cuando se trataba de un feto que nació con vida. Introdujeron datos falsos en un documento público y no hicieron firmar dicho certificado. Pero además no cumplieron con el protocolo vigente de salud que establece con toda claridad y sin lugar a ninguna controversia que si un feto pesa más de 500 g debe extenderse certificado de defunción y no debe desecharse como se hizo, sino darle sepultura”, precisaron esas fuentes.
Ataque a otro médico
Por el canal de televisión Mosconi Televisora Color, la médica Miranda Ruiz se refirió al tema y si bien no quiso confirmar si el aborto que había realizado tenía más de 6 meses de gestación o si la joven en algún momento expresó su decisión de que no se le practicara el aborto “por respeto a la paciente” manifestó, se defendió de la manera menos esperada: hechó culpas a otro médico del hospital Perón, asegurando que su colega ginecólogo, de quien dio nombre y apellido, “acosa a las pacientes que van a la consulta; él es el que le pagó el abogado a la tía de la chica que me denunció.
Yo lo había denunciado mucho antes a este médico y la Justicia no hizo nada”, se defendió la médica.
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