En total hubo 27 operativos realizados tras denuncias a la línea 134. Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, los movimientos sociales más comprometidos.
La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos contra dirigentes de distintos movimientos sociales que fueron acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Entre los dirigentes de los movimientos sociales más comprometidos, se encuentran integrantes de Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Además, fueron citados a declaración indagatoria.
Las medidas judiciales se decidieron a partir de las denuncias recibidas en la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y difundida en reiteradas oportunidades por el ministra Patricia Bullrich y el vocero Manuel Adorni.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, 27 allanamientos. También dispuso que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.
Fuentes judiciales le confirmaron a Clarín que entre los acusados que serán indagados figura Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero. También aparecen Gustavo Vázquez, Elizabeth Palma, Giana Puppo, Cinthia Delgado, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cowper, Carlos Fernández Kostiuk, Nilsa Torres, Leslie Castillo, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello, integrantes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL), quienes administraban comedores populares.
De acuerdo a las denuncias y a las investigaciones, dichos dirigentes sociales estarían acusados de 924 casos de irregularidades. En ellos, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’».
En los 27 allanamientos efectuados, quedaron 28 personas implicadas que deberán declarar. La mayoría de los lugares allanados son pertenecientes al Polo Obrero. Seis están vinculados con el barrio Rivadavia I, del Bajo Flores; cinco con el barrio La Carbonilla; y hay otros en el barrio 1.11.14 y en Ciudadela.
En cuanto al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), hubo allanamientos en Belén de Escobar y la Villa 21-24.
Respecto del movimiento Barrios de Pie, se registraron cuatro procedimientos en la Villa 20 y otros lugares.
Según informaron, las personas que fueron citadas a declarar habrían canalizado los fondos extorsivos a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero. Por ello, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de dichas personas y se les requerirá información sobre el patrimonio de cada uno de los implicados.
El 19 de diciembre del año pasado, el Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales puedan denunciar amenazas o aprietes de los dirigentes piqueteros. Los denunciantes ratificaron ante la fiscalía y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para que concurran a las marchas o piquetes.
Con las denuncias quedó demostrado que muchos de los manifestantes no tenían concurrencia espontánea y que había fuertes extorsiones para que ello ocurra.
Se acreditó también que varios de los dirigentes vinculados desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente.
En los distintos allanamientos realizados por las fuerzas federales, fueron secuestrados millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.
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