Es en la localidad de Eldorado, donde secuestraron dispositivos de almacenamiento informático, documentación y cuadernos.
La Justicia allanó este martes cuatro domicilios en Eldorado, Misiones, vinculados a la causa que investiga espionaje y robo de identidad contra Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente está en uso de licencia pero sería reemplazado en las próximas horas por Eugenio Burzaco.
Según pudo confirmar Clarín, la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), a cargo de Daniela Dupuy, solicitó una serie de procedimientos que fueron avalados por la Justicia de Misiones, en los que se procedió a requisar domicilios vinculados a las personas que robaron la línea telefónica y manipularon las conversaciones que el funcionario habría mantenido a través de Telegram.
En los allanamientos, por pedido de la fiscal, también se secuestraron dispositivos de almacenamiento informático, documentación y anotaciones que puedan estar vinculadas a la maniobra pesquisada.
Los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones que puedan derivarse de la evidencia secuestrada.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que identificaron a los presuntos autores del hackeo, que no solo afecto a D’Alessandro, sino tambien al diputado Diego Santilli; los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos de la causa Vialidad); el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (que deben revisar la condena de Cristina Kirchner).
Los cibercriminales, que estarían vinculados a sectores de Inteligencia, según se desprende de su modus operandi, intentaron hackear los teléfonos de estos funcionarios desde mayo de 2022, pero recién obtuvieron su primer acceso a uno de los dispositivos en septiembre pasado, cuando accedieron primero, con las líneas de Basso, Hornos y Giménez Uriburu. Y más tarde, en octubre, con las de Santilli y D’Alessandro.
La noticia del procedimiento se conoce el mismo día en que trascendió la decisión del gobierno porteño de reemplazar a D’Alessandro, que pidió licencia en medio del escándalo que generó la filtración de sus supuestos chats con funcionarios judiciales, por el exsecretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, que asumiría el jueves próximo, luego de una reunión de Horacio Rodríguez Larreta con D’Alessandro.
Tal como informó Clarín en su momento, el sistema utilizado para cometer los delitos fue el denominado Sim Swap, que se activo desde Eldorado, Misiones, una localidad mencionada en casos de similares características vinculadas a las operaciones de inteligencia ilegal.
Fuentes judiciales explicaron que los delincuentes cometieron un error que le permitió al área de Cibercrimen identificar a los autores materiales del hecho. Fue cuando chequearon la información de los damnificados en las bases de datos del RENAPER.
La banda, según señalaron desde la investigación, recurrió a un usuario acreditado en las bases de datos del organismo para obtener los números de trámites de los DNI de las víctimas. En ese momento, los criminales dejaron sus huella digitales (IP e IMEI, entre otros) en distintas operaciones, lo que le permitió a la Justicia identificar a sus integrantes y determinar que ya llevaban algún tiempo realizando estafas y robo de datos.
A través de diferentes técnicas de hackeo, la banda vulneraba los controles de seguridad de las telefónicas, haciéndose del control total de las líneas, con un acceso irrestricto que le permitió durante varios meses modificar, adulterar y manipular los mensajes que luego fueron difundidos por dirigentes y medios kirchneristas.
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