Por Ricardo Kirschbaum
El Presidente ordenó investigar varios frentes con su denuncia, pero olvidó un detalle: quién hizo el hackeo.
Alberto Fernández validó un caso de espionaje ilegal en un sorpresivo discurso por cadena nacional que pronunció entre dos partidos del Mundial y a horas del fallo sobre corrupción en Vialidad que mantiene en vilo al cristinismo.
Hay que revisar el archivo para recordar las contadas veces que Fernández apeló a este recurso en sus tres años de gobierno. Lo inauguró para lanzar la interminable cuarentena a la que nos sometió por la pandemia. Un año después volvió de nuevo por el Covid y por otra cosa que le preocupaba a todo el mundo: las vacunas o la falta de vacunas, para ser más preciso.
Y hubo una tercera vez con el mismo tema: cómo iban a aflojarse las restricciones. Otra cadena nacional, la más breve, se la llevó un saludo de fin de año y la última, sobre el fallido atentado contra Cristina Kirchner.
Ahora, y desde el Salón Blanco, el Presidente colocó en ese nivel de cuestiones o preocupaciones de Estado al viaje de un grupo de jueces, dos funcionarios porteños y empresarios a Bariloche. Se lo notó incómodo y se entiende: fue forzado a asumir como propia una denuncia del cristinismo ante el dramático desenlace del juicio a Vialidad, que desnuda como pocos los negociados del kirchnerismo con la obra pública. Lo sacaron de la galera: el viaje había sido en octubre.
Horas antes del mensaje de Fernández, el diputado hipercristinista Moreau le había exigido públicamente que hiciera “una cadena nacional” para escrachar a los jueces y funcionarios viajeros.
Fernández volvió a ser Fernández y acató el apriete sin chistar. Pero, claro, hizo agua enseguida. Primero cuando explicó por qué él, que no deja de ser el Presidente, usaba como fuente informativa el hackeo a los teléfonos de los jueces.
Fernández llamó a eso que claramente es espionaje “una intromisión en una plataforma de comunicación”. Aclaremos: esa plataforma es Telegram, propiedad de empresarios rusos, a cuyo gobierno Fernández le ofreció convertir a la Argentina en la puerta de entrada de la influencia de Moscú en la región. Algo más: una semana después, Vladimir Putín invadió Ucrania.
El mismo Presidente que convalida el espionaje ilegal también se anima a decir que durante su gestión puso fin a “las escuchas a opositores, que desaparecieron por completo”. Hay algo que no cierra: ¿quién espió entonces a los jueces y a Marcelo D’Alessandro, el jefe de la policía porteña? Está claro que las escuchas siguen. Y también, que las están usando a favor de Cristina Kirchner.
Por si Fernández no lo recuerda, además de estos teléfonos fueron espiados el del diputado Santilli y el del juez Giménez Uriburu, uno de los que integran el Tribunal por la corrupción en Vialidad. Curiosamente o no tanto, este domingo fueron hackeados servidores de la empresa Telecom. Fue a las cinco de la mañana. Clarín, Olé y otros medios periodísticos no pudieron actualizar sus páginas webs hasta el mediodía.
La nueva embestida contra jueces y el grupo de medios que Fernández no identificó pero que claramente alude a la empresa editora de Clarín, está en sintonía con las habituales operaciones de Cristina. En su discurso, el Presidente ordenó avanzar en varios frentes con la denuncia, desde el financiamiento del viaje y la conducta de los jueces hasta el juicio político a los funcionarios de la Ciudad. Olvidó un detalle: investigar quién y cuándo hizo el hackeo que él mismo reconoce ilegal.
Por Ricardo Kirschbaum para Clarín
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