Así lo informó el jefe de gabinete, Agustín Rossi, quien dijo que además hay otros 50 juicios, pero sin sentencia judicial. El más abultado es de Jorge Halperín, que cobró $46 millones y se suma a los de otros periodistas K como Orlando Barone y Roberto Caballero.
Cuando todavía genera polémica que Orlando Barone cobró $15 millones de indemnización de la TV Pública y está previsto que Roberto Caballero cobre el año que viene más de $40 millones de Radio Nacional, ahora se sabe que otro periodista K, Jorge Halperín, cobró una indemnización de $46 millones de Radio y Televisión Argentina (RTA).
La empresa estatal que maneja Radio Nacional y la TV Pública le pagó $37,4 millones en febrero pasado, en el juicio que inició Halperín, de los cuales $27,9 fueron para el periodista K y el resto como honorarios de su abogado Leandro Recalde y del perito contador, según el expediente judicial al que accedió Clarín.
Esos periodistas emitían facturas, pues habían sido contratados por sus afinidades políticas con el gobierno de turno.
El abogado Leandro Recalde es hermano del senador camporista Mariano Recalde e hijo del exdiputado K Héctor Recalde, actual integrante del Consejo de la Magistratura, entre cuyas funciones está la de controlar y proponer la designación de jueces federales y nacionales, entre ellos los del fuero laboral.
RTA ya había pagado en ese mismo juicio de Halperín otros $9 millones en abril del año pasado, que a valores actuales son otros $19,9 millones. Y el periodista K reclama que la empresa que maneja Rosario Lufrano le pague otros $5 millones más de «sumas adeudadas».
El dato surgió del informe que presentó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en el Congreso de la Nación, donde el jueves de la semana pasada respondió por escrito 629 preguntas de los senadores. Allí el funcionario aseguró que en RTA «se registran 13 juicios con sentencia para cobro por un monto aproximado de $194.219.544».
Rossi proporcionó esa información como respuesta a la pregunta N°107, del senador radical fueguino Pablo Blanco, donde el jefe de Gabinete proporcionó el número de expediente de cada uno de los periodistas que iniciaron esos reclamos. Además dijo que hay otros 50 juicios, sin sentencia judicial, ante la consulta del senador opositor.
En realidad, el funcionario del Gobierno de Alberto Fernández dio 14 números de expedientes judiciales, sin los nombres de quienes iniciaron los juicios laborales. Allí figuran 39 empleados que reclaman el pago de las horas extras que fueron suspendidas durante la gestión macrista en la TV Pública, junto con los juicios de Lourdes Zuazo, Pedro Brieger y Mariana Carbajal, entre otros.
Pero además había uno de esos expedientes que no tenía ninguna relación con RTA y otro que figuraba con un número equivocado: Rossi informó el expediente «N°76341/16», en lugar del N°76431/16, que corresponde al reclamo del expanelista de 6-7-8, Orlando Barone, padre de Roxana Barone, subsecretaria de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional.
Una de las preguntas que le hizo a Rossi el senador Blanco fue: «¿Qué periodistas iniciaron juicios contra Radio y Televisión Argentina, desde el año 2015 hasta la actualidad?».
En su respuesta, el jefe de Gabinete de Alberto Fernández evitó incluir los datos de los juicios que iniciaron otros periodistas kirchneristas cuando fueron cancelados sus programas por la gestión macrista en Radio Nacional, a principios de 2016.
No incluyó en esa información los juicios de Carlos Barragán, Edgardo Mocca, Carlos Polimeni y Nora Veiras (directora del diario Página/12), entre otros, así como tampoco el de Hernán Brienza, titular del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior, que podrían cobrarle otros $200 millones a la empresa estatal que maneja Lufrano.
Se trata de ex conductores, panelistas e invitados al programa 6,7,8, que también eran conductores o columnistas en diferentes programas de Radio Nacional, y se consideraron despedidos a principios de 2016, cuando la gestión macrista discontinuó sus programas, al cambiar la programación de la emisora radial.
Rossi también contó la situación de RTA frente al juicio que le inició el periodista K Roberto Caballero, por haber trabajado desde febrero de 2011 hasta fines de 2015 en Radio Nacional, donde condujo el programa «Mañana es Hoy». En abril de 2016 se dio por despedido, ante la falta de cobro de las facturas que entregaba en la emisora estatal y que el programa ya no estaba más al aire.
Tal como publicó Clarín, la esposa de Caballero es Cynthia Ottaviano, directora por la primera minoría parlamentaria en RTA (Frente de Todos), desde julio de 2020; y exdefensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre 2012 y fines de 2016.
El jefe de Gabinete dijo que la empresa fue «condenada a abonar la suma de $2.510.152». Pero que sumando los intereses, Caballero pretendía cobrar «$47.190.009», aunque luego tuvo que aceptar «la liquidación practicada por esta parte, por la suma de $14.393.167», en noviembre del año pasado, contó el jefe de Gabinete.
El 31 de marzo de 2023, la subgerenta de Administración y Finanzas de RTA, Analía Gisela Senega, informó a la Justicia que la empresa estatal aceptaba pagar en 2024, según el acta a la que accedió Clarín.
La «suma total previsionada» para pagarle a Caballero, son $14.549.700, «con más un estimado de 300% de intereses. Se aclara que los intereses previsionados fueron estimados, puesto que resulta imposible determinar la tasa a futuro o el momento exacto del ejercicio 2024 en que serán canceladas las deudas», informó Senega al tribunal.
«Se efectuó esa estimación tomando la tasa conforme acta CNAT 2658 vigente al momento de la previsión (10% mensual) y se hizo una proyección en la hipótesis máxima, es decir que el juicio sea cancelado en diciembre de 2024, con más algún margen de tolerancia a favor de los acreedores», agregó la subgerenta de RTA. Lo cual daría una cifra superior a los $40 millones.
El pago más abultado
Radio y Televisión Argentina (RTA) pagó $37,4 millones en febrero pasado, en el juicio que inició el periodista K Jorge Halperín; además de otros otros $9 millones que había abonado en abril de 2022 -a valores actuales son otros $19,9 millones-.
Pero a Halperín le pareció poco el dinero que le pagó RTA y su abogado Recalde presentó un nuevo escrito en el juzgado, donde reclamaba cobrar otros $19.784.798 por «sumas adeudadas acumuladas y sus respectivos honorarios». La empresa estatal impugnó esa cifra y el perito contador la rectificó, bajándola a otros $4.851.000, que debería pagar RTA.
Halperín trabajó ocho años en Radio Nacional, hasta fines de 2015. Y ahora trabaja en un programa en La990, que conduce Carlos Polimeni. Además, en enero del año pasado retornó a Radio Nacional, como resultado de su juicio por el que también logró ser reincorporado a la emisora estatal.
Cuando se lo consultó para esta nota, el periodista K se negó a hablar con Clarín. Sin embargo, el año pasado respondió una consulta similar, cuando todavía no había logrado cobrar su juicio contra los medios públicos.
En esa ocasión, Halperín dijo: «Mi despido, en medio de declaraciones de (Hernán) Lombardi de que los despedidos (a principios de 2016) éramos fanáticos y mesiánicos, me significó un largo desierto laboral, porque saber que el gobierno de Macri nos estigmatizaba era una clara señal de que si alguien nos contrataba podría poner en riesgo sus ingresos de la pauta oficial».
Y agregó: «Me hicieron un agujero laboral y económico como nunca antes sufrí en toda mi larga carrera. Y llegué a trabajar gratis para no desaparecer del medio. Esas fueron mis razones para el juicio. Defender mi reputación, recuperar mi trabajo perdido por razones arbitrarias y reparar en parte el daño económico y personal de seis años», planteó Halperín el año pasado a Clarín.
Su abogado en el juicio contra Radio Nacional es Leandro Recalde, que cobró $3,5 millones por el juicio del panelista Orlando Barone contra la TV Pública y que en febrero pasado cobró otros $7,5 millones del juicio de Halperín. Este abogado laboralista también representa al funcionario Hernán Brienza contra Radio Nacional, entre otros juicios de periodistas K contra los medios públicos.
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