Al presentar la acusación, el fiscal federal Eduardo Villalba señaló extractos de escuchas telefónicas, no descartó la complicidad de un jefe policial y resaltó que avanzará contra las personas que se llevan la mayor parte de lo recaudado.
Tal como estaba previsto por la Oficina Judicial, ayer al mediodía se llevó adelante, en la Sala II del Juzgado Federal de Salta, la audiencia de formalización de acusación a tres mujeres detenidas el viernes pasado en el marco de una serie de procedimientos por el delito de trata de personas.
Bajo la dirección del juez federal de Garantías, Julio Bavio, la fiscalía que encabeza Eduardo Villalba presentó la acusación por el delito de “trata de personas”, establecido en el artículo 145 bis del Código Penal, el cual prevé una escala penal de cuatro a ocho años de prisión para aquel que “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
En su exposición, el fiscal sostuvo que la acusación surgió de una investigación iniciada el 30 de octubre pasado y desembocó en la detención de las acusadas, el viernes pasado en la zona del Bajo, en la ciudad de Salta, oportunidad en la que las fuerzas policiales encontraron a una adolescente de 16 años en una de las viviendas allanadas, según informó El Tribuno.
El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que las tareas de inteligencia se concentraron en los movimiento de las sospechosas en torno a dos inmuebles, uno de ellos sobre calle Astigueta al 600 y otro, a escasos metros, en calle La Florida, ubicados en la zona de Villa San Antonio y barrio Ceferino, en el corazón del Bajo. “Se trata de casas que están a 8 minutos del centro de la ciudad”, indicó.
Por 500 pesos
De acuerdo a las pesquisas, se pudo establecer la explotación sexual de mujeres por sumas de 500 pesos, las que provenían, en algunos casos, de la provincia de Jujuy o de localidades vecinas a la capital, como General Güemes, siendo las mismas captadas por las acusadas.
Además de las investigaciones, realizadas por efectivos de la División de Trata de la Policía de la Provincia -que constaron en tareas de observación, seguimiento y otras diligencias en torno al movimiento en los dos inmuebles-, la fiscalía posee otros elementos de pruebas.
En tal sentido, el MPF sacó a relucir extractos de distintas intervenciones telefónicas realizadas en el marco de la investigación comprometen a las acusadas, en particular a la mayor de las detenidas, a quien el fiscal señaló como una de las encargadas de captar jóvenes y también buscar clientes. “Las víctimas eran obligadas a reunir una determinada suma de dinero por semana, de la cual las acusadas se quedaban con una parte, aunque la mayor cantidad iba a otros bolsillos”, sostuvo el fiscal.
Asimismo, resaltó la participación de otra de las acusadas, a quien sindicó como la “mano derecha” de una pareja, propietarios de uno de los inmuebles, quienes estarían seriamente comprometidos en esta actividad delictiva, pues se trataría de las personas que “se llevan la mayor parte del botín”.
Por otra parte, el fiscal se refirió a los elementos secuestrados en los allanamientos, entre ellos más de 4 mil preservativos, gel y otros juguetes sexuales, como así también de importantes sumas de dinero que van de 14 a 54 mil pesos, cuadernos, teléfonos y otros dispositivos de archivo digital.
Complicidad policial
Villalba incluso señaló que al momento de los allanamientos, una de las acusadas sostuvo a viva voz que “ya habían arreglado con el comisario”, oportunidad en la que el fiscal aclaró que los procedimientos fueron realizados por una unidad especial, como así también que no descarta que efectivamente exista una complicidad por parte de algún sector de la policía.
Al momento de los allanamientos, una de las acusadas sostuvo a viva voz que “ya habían arreglado con el comisario”
En otro episodio, durante los allanamientos, una de las víctimas reveló haber sido agredida por la dueña de uno de los inmuebles, quien la responsabilizó como supuesta delatora del accionar policial, elemento que lo llevó a adelantar que la fiscalía “irá por estas personas, que son las que están por encima de las acusadas y se llevan la mayor parte del botín”.
En su acusación, Villalba resaltó el grave daño que causa este delito, pues atenta contra la dignidad, la reduce a un estado de pobreza y vulnerabilidad. “En estos hechos son claros y evidentes los indicadores que exigen el avocamiento por parte de la justicia federal, tal como ha sido remarcado por abultada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que esta fiscalía no puede evadir la competencia en el caso”.
Así, la fiscalía formalizó la acusación en contra de las tres mujeres, solicitó un plazo de 120 días para seguir con las investigaciones preparatorias, la producción de distintas testimoniales en Cámara Gesell, la pericias de los teléfonos secuestrados y requirió que se extienda la prisión preventiva de las acusadas por el término de diez días más.
Planteos
A su turno, el defensor oficial, Martín Bomba Royo, en representación de dos de las acusadas, solicitó que se les tome declaración indagatoria a ambas, las que negaron las acusaciones, aunque dijeron ejercer la prostitución, pero rechazaron haber tomado intervención para captar a otras jóvenes y obligarlas a ser explotadas sexualmente.
La tercera acusada, representada en la audiencia por el abogado Horacio Morales, también prestó declaración indagatoria; fue en la misma sintonía que las dos primeras, cuyo eje central fue una historia de vida desfavorable, aunque las tres coincidieron que en estos últimos tiempos la situación se había tornado muy complicada a la hora de obtener clientes.
Tras las declaraciones de las acusadas, en las que además pusieron sobre relevancia los vínculos con otros integrantes de sus respectivas familias o cuadros de salud que requieren una atención especial, los defensores solicitaron el cese de la detención, caso contrario se aplique la prisión domiciliaria a las mismas.
También plantearon la producción de otras pruebas, no objetaron el plazo de 120 días de investigación solicitado por la fiscalía y, en el caso de Morales, solicitó la incorporación de un documento que, a su entender, probaría la tenencia de dinero de su clienta.
La fiscalía, por su parte, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria tal como lo requirieron las defensas, aunque sí insistió que en que apliquen las medidas restrictivas a fin de evitar el entorpecimiento del proceso penal, que definió como inicial y no descartó ampliar la acusación a otros implicados, en especial las personas que están por encima de las acusadas.
El juez de Garantías dispuso la prisión domiciliaria de las acusadas, como así también el resto de las pruebas solicitadas, tantos por la fiscalía como por las defensas.
Villalba, dada el contexto de este delito, resaltó la actuación de los investigadores, pues la zona del Bajo se convirtió, poco a poco, en un sector impenetrable para la policía, a la vez que señaló que el Estado debe recuperar ese terreno y, por ello, consideró que la fiscalía, como uno de los poderes del estado, no puede hacerse a un lado de esta tarea.
El juez Bavio, tras dos horas de audiencia, coincidió con la fiscalía, tanto el dar por formalizada la acusación en contra de las tres mujeres -pues en consonancia con el fiscal resaltó la gravedad del delito de trata de personas, no sólo por la escala penal establecida sino también por el perjuicio que causa en la dignidad de las víctimas. Asimismo, dispuso la prisión domiciliaria de las acusadas, como así también el resto de las pruebas solicitadas, tantos por la fiscalía como por las defensas.
Cargando ...
Agregue un Comentario