Se quiso quedar con una estancia de la comunidad ranquel con más de 8200 animales entre vacas, caballos y lagunas. También está involucrado el hijo del ex gobernador de San Luis, que aparece como líder de una asamblea trucha.
Durante los últimos cuarenta años de democracia la provincia de San Luis estuvo bajo el poder de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, pero la derrota electoral del año pasado desnudó un caso insólito: un ex ministro provincial, su secretaria privada y el hijo del ex gobernador se hicieron pasar por caciques de una comunidad ranquel para administrar millones de pesos que giró la gobernación, un campo de 66 mil hectáreas, más de 8200 animales y contratos de alquiler.
El principal acusado en la denuncia que formuló el propio gobernador Claudio Poggi (Cambia San Luis) es Sergio Gustavo Freixes, que en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá ejerció como ministro de Legalidad -gestión por la que fue condenado en dos instancias y por la que este año podría quedar preso si la Corte Suprema rechaza su recurso de queja-.
A partir de una ley provincial de 2008, San Luis creó el Registro de Comunidades Originarias y un año después la «Comunidad Rankul» (ranquel) quedó inscripta frente a la Dirección de Personas Jurídicas -autoridad de aplicación-. Ubicada a la altura de la localidad de Batavia, en el sur de la provincia y a 50 kilómetros del límite con Córdoba, a los ranqueles les reconocieron una estancia de 66 mil hectáreas, más de tres veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
La ley de San Luis determina que el Estado Provincial está obligado a «brindar asesoramiento, apoyo técnico, administrativo, cultural y económico de manera que se posibilite el pleno desarrollo de su cultura, sus tradiciones, proyectos y valores». Así la comunidad eligió a su «lonko» (cacique o administrador) y se constituyó en «Establecimiento San José Municipalidad del Pueblo Ranquel», con cuenta bancaria propia en el banco Supervielle.
«Hubo lonkos anteriores que hicieron todo mal. En ese momento pedimos ayuda al Gobierno provincial y nos mandó a Sergio Freixes como interventor. Al principio, los primeros tres meses, me preguntaba cómo estaba el campo, pero después empezó a meter mano él. Eso estuvo mal, porque nos dejó mal parados a todos. Nos falsificaba la firma, nunca rindió cuentas a la comunidad», aseguró Víctor Baigorria, actual lonko de la comunidad ranquel, a la Agencia de Noticias San Luis.
Desde 2017, Freixes, el hombre fuerte de Rodríguez Saá para la zona sur de la provincia, era interventor de la comunidad. Pero en plena pandemia por el coronavirus empezó lo que ese pueblo originario considera una estafa. El 21 de abril de 2020, el por entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira, le firmó un poder especial a Freixes para «operaciones administrativas y bancarias».
Desde entonces, Freixes avanzó con la administración de las 66 mil hectáreas, donde arrendó tres segmentos del campo sin contratos, dispuso de los vehículos de la comunidad y según la denuncia oficial, manejó $283.399.813 en fondos que ahora investiga la Unidad de Información Financiera de la Nación por posible lavado de dinero.
«Ese poder habilitaba a Freixes a actuar sin ningún control. Pero además, inventaron una supuesta asamblea -tawtum, en lengua originaria-, donde los miembros firmaron lo que era una supuesta nota al gobernador anterior y pusieron a Freixes, a Alberto Rodríguez Saá hijo y a Sofía Elizabeth Aguilera -secretaria privada de Freixes- como lonkos de la comunidad. Tomaron la nota, la convirtieron en asamblea y la presentaron a la dirección de Personería Jurídica de la provincia con la fecha adulterada», afirmó a Clarín el fiscal José Olguín.
Los ranqueles aseguran que durante más de cinco años Freixes no solo era el interventor de las tierras sino que actuaba como señor feudal. Dentro de la enorme estancia hay enormes lagunas en las que ni los dejaba ir a pescar. «Cada tanto faenaba algún animal y repartía bolsas con carne», recordaron.
Pero el año pasado las elecciones aceleraron el accionar de Freixes. «Tenía miedo a que perdieran el poder y quería entrar como lonko por 10 años. Perdieron la elección en junio y dos días antes del cambio de mandato del 10 de diciembre aparecieron a juntar firmas para una supuesta nota al gobernador», comentó Carime Ali, esposa del actual lonco Víctor Baigorria. Y añade a Clarín: «Cuando vi que había falsificado mi firma para ponerse como lonco lloraba de la bronca».
El apuro de Freixes por juntar firmas la noche del 7 de diciembre en medio de la estancia se debía al cambio de mandato y una jugosa cifra que el gobernador Rodríguez Saá giró por decreto a la cuenta bancaria de la comunidad.
«Cuatro días antes del final de la anterior gestión los supuestos lonkos, Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá hijo, se hicieron transferir un aporte del tesoro provincial por $50 millones. Repito, para que se entienda, el 6 de diciembre, tres días antes de finalizar su mandato, el gobernador Rodríguez Saá dictó el Decreto N° 11.685 del 2023, donde le transfirió a las cuentas administradas por Freixes y su hijo, $50 millones», denunció el gobernador Poggi en un video el 27 de diciembre.
La causa contra Freixes, por la que se puso a disposición de la Justicia, es por falsedad ideológica. Engañó a los firmantes, inventó una asamblea con fecha del 17 de agosto y se hizo nombrar cacique. Clarín se comunicó con Rodríguez Saá hijo, prefirió no hacer declaraciones y remarcó que no recibió ninguna notificación judicial por esta causa.
El fiscal del caso confirmó que no lo citó. Pese a que en los comentarios habituales en la estancia afirmaban que el hijo del gobernador iba cada tanto, en las declaraciones testimoniales nadie lo ubicó dentro del campo, aunque en los papeles figura como lonko en el acta de asamblea trucha.
En la Justicia por ahora declaró Freixes. Se puso a disposición y entregó las llaves de la estancia. Este fin de semana planean terminar con el inventario de la estancia en la que hay al menos unos 168 caballos y más de 8000 vacas.
También contabilizaron unos 130 búfalos que jamás fueron declarados al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y por el que el organismo nacional intimó a la estancia a regularizar la situación para no clausurar la estancia. En la zona hay un coto de caza de búfalos, pero jamás controlaron a los animales que se reprodujeron y superan el centenar.
Desde la comunidad ranquel expresan enojo porque aseguran que hay vehículos y maquinaria agrícola que está a nombre de Freixes por aquel poder que le firmó otro ministro de Rodríguez Saá en 2020 y no aparece inventariada ni saben dónde está. «Una camioneta de la comunidad apareció en la propiedad de uno de los colaboradores de Freixes con destrucción total», remarcó Carime.
En una resolución provincial, el nuevo gobierno intimó tanto a Freixes como a Rodríguez Saá hijo a que se «abstengan de realizar cualquier acto en nombre y representación de la Comunidad y/o arrogarse el caracter de lonkos, dado que su designación y su posterior registración no se encuentra vigente». Y designó dentro del proceso de normalización a Darío Oviedo Helfenberger y Carlos Alberto Amondarain.
Sergio Freixes, el «amedrentador de jueces» de Rodríguez Saá
En 2019, la sala IV de la Cámara de Casación penal confirmó Sergio Gustavo Freixes y Edgar Mario Zavala, ex ministro y viceministro de Legalidad de San Luis, a la pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años por el delito de «coacción agravada» contra los jueces que buscaban ingresar al Poder Judicial de la provincia.
Zavala y Freixes fueron condenados en primera instancia en noviembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal de San Luis, en una causa que provocó un escándalo en el sistema judicial puntano.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2004 y 2005. Una de las principales impulsoras del expediente -fue la denunciantes que originó la causa- que luego declaró como principal testigo en el juicio fue la ex camarista Marina Ziliotto.
En 2004, Ziliotto fue nombrada por el gobierno puntano como camarista luego de ganar un concurso. Le informaron que antes de asumir tenía que dejar firmada su renuncia para que pudiera ser usada cuando el poder Ejecutivo lo necesitara. Estuvo un mes como camarista y le activaron la renuncia cuando la llamaron y se negó a denunciar a dos camaristas.
Ambos apelaron el fallo de la Cámara con un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en San Luis estiman que el máximo tribunal del país rechazará en los próximos meses. Como Freixes tiene menos de 70 años consideran que finalmente terminará en la cárcel.
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