Lo confirmó esta mañana Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia; un grupo de usuarios (el 10% de la población con mayores ingresos) dejará de recibir subsidios y sufrirá las mayores alzas; los que tengan los menores incrementos pagarán, de todas maneras, por encima del 20% que prometía el Gobierno
Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno, anunció esta mañana que el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional -que se espera que sea enviado al Congreso al mediodía- contempla un aumento en los servicios de gas y luz con un esquema de segmentación “en tres niveles”. Los cambios introducidos generarán subas de entre hasta 130% para algunos usuarios.
En una audiencia pública, a mediados de febrero, el Gobierno confirmó que los aumentos de tarifas electricidad serían de entre 17% y 20%. Este sábado, se autorizó un incremento de 8% para las distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur, lo que generará un impacto a partir de marzo de ente 19% y 20% en las boletas. Con estas subas, ya se habría llegado al tope prometido por el Gobierno. Las modificaciones introducidas hoy superan ese techo y suman entre 20 y 110 puntos porcentuales más al aumento en la tarifa de los usuarios de dos segmentos. Además, las provincias no anunciaron aún qué incremento le darán a sus distribuidoras, que podría impactar en la suba final.
De acuerdo con la consultora Analytica, el impacto en las boletas puede llegar hasta un 220% para el 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo.
En el caso del gas, a partir del 1º de marzo los usuarios residenciales tendrían una suba de entre 19% y 20% por un incremento de ingresos de 60% otorgado a las empresas transportistas de gas (donde operan TGN y TGS) y una suba del 36% para las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras). Los incrementos anunciados comprenden a estos.
Un usuario residencial que, en promedio, pagará una factura antes de impuestos de $704 en marzo, con un consumo calculado de 43 m3, y una de $2504 en julio, con una demanda de 217 m3, deberá desembolsar $1349 en marzo y $5759 en julio si el Estado le quita todo el subsidio. Esto implica un aumento de 92% en marzo y de 130% en julio, cuando es el pico de consumo de gas por las bajas temperaturas.
Para los usuarios residenciales, se utilizará el coeficiente de variación salarial (CVS) para determinar el valor en la boleta. Los parámetros, que aún no fueron comunicados, generarán tres grupos de usuarios.
En primer lugar, se estima que un 10% “de mayor capacidad económica” dejará de ser beneficiario de subsidios al consumo eléctrico y pagarán el 100% del costo de la factura. Segundo, habrá un segmento que tendrá un aumento anual equivalente al 80% del CVS del año anterior. El último grupo de usuarios tendrá un incremento anual equivalente al 40% del coeficiente.
¿Cuánto puede aumentar la tarifa para cada grupo?
Grupo 1 (sin subsidio): los usuarios que estén dentro de esta segmentación deberán deducir de sus facturas el concepto de subsidio para poder determinar el incremento. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Energía, los usuarios residenciales tan solo pagan 35% del costo. Sin los aportes del Estado, los aumentos podrían rondar entre 92% y 130%, tanto en luz como en gas.
Grupo 2 (80% del CVS): ya que el coeficiente de salarios fue de 53,4% el año pasado, tendrían un aumento total del 42,72%.
Grupo 3 (40% del CVS): tendrían un aumento total del 21,36%.
El gas aumentará entre 20% y 130%, dependiendo de la segmentación que determine el Gobierno
Gabriela Cerruti dijo a LA NACION que para 2022 los cambios incluyen los incrementos ya acordados. El sábado pasado, el Gobierno autorizó a Edenor y Edesur a aumentar un 8% a partir de marzo, lo que elevaba el impacto en la factura a 19% (el aumento en el precio del costo de generación eléctrica que pagan los usuarios a 34% para los residenciales y 50% para los comercios e industrias, más el 20% para las empresas transportistas, ya implicaban un incremento del 18% en las boletas)
El grupo que no tendrá más subsidio percibirá una suba de hasta 110 puntos porcentuales por encima del 20% ya acordado.
El que pagará 80% del coeficiente, tendrá un incremento adicional a lo planificado de cerca de 22 puntos porcentuales. El segundo grupo, de 40% del CVS, podrá percibir una suba adicional de 1 o 2 puntos porcentuales con respecto al anuncio original.El Gobierno todavía no presentó oficialmente los detalles de la segmentación ni los criterios que utilizará para determinar qué usuarios caen en cada categoría. De acuerdo con fuentes oficiales, se determinará tras una audiencia pública en abril. “Es arbitraria. Ese 10% de los usuarios que no van a recibir subsidios está focalizado sobre CABA y AMBA. Los aumentos van a trepar a valores superiores al 100%. Si el objetivo es bajar los subsidios energéticos, todavía faltan cuentas por hacer”, explicó Daniel Montamat, experto en temas energéticos, a LA NACION.
Por su parte, Julián Rojo, economista, opinó que la segmentación anunciada revela que no hay consenso básico en la politica tarifaria puertas adentro del Gobierno. “Hace un mes se hablaba de segmentación por barrios y ahora sería por ingresos. Lo cual es consecuencia de no tener planificación ni estrategia en el inicio del 3er. año de gobierno”, dijo.
“En el marco de sus objetivos de estrategia energética, [el Gobierno] está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales y contendrá las propuestas de exclusión si correspondiere”, dijo Cerruti.
Para los no residenciales, “la propuesta contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios (Gudi) y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública”, anunciaron.
Las distribuidoras de energía comentaron a LA NACION que no fueron notificadas de los cambios y que no variarán los ingresos de las compañías.
“Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos para las categorías de segmentación de usuarios b) y c) [los dos grupos que no pagan la tarifa completa], si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario”, explicó Cerruti.
Los subsidios
“Los entes reguladores habían autorizado un 20% en las tarifas de gas y de luz. En el primer caso, iba dirigido a los circuitos regulados: transporte y distribución. En el caso de la electricidad, iba dirigido al precio eléctrico mayorista. La duda es si estos nuevos aumentos se van a agregar a los otros o fijan un tope. Si se hacen las cuentas, para que los subsidios energéticos no sigan creciendo, para bajarlos al 1,9% del PBI como es la meta, los ajustes tarifarios totales deberían rondar el 80%”, comentó Montamat.
Uno de los factores que preocupa a los especialistas es el creciente aumento del gas y petróleo a nivel mundial, potenciado por la invasión a Ucrania y las sanciones impuestas contra Rusia. “En relación con los subsidios, todavía no se aplicaron aumentos, empiezan en marzo y son parciales. Aunque aumenten más las tarifas, es muy difícil bajar el costo de los subsidios porque el costo del abastecimiento se está yendo para arriba por circunstancias exógenas”, explicó el economista Nicolás Gadano.
“El esquema planteado no resuelve el problema de los subsidios, es ineficiente y plantea un sendero asimétrico de actualización ante igual servicio. Implica que las tarifas se atrasen incluso en el caso de que todo el aumento final sea por precio de la energía”, opinó Rojo.
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