En el marco de la investigación seguida por el aborto realizado a una joven en el Hospital de Tartagal, su abogado, Ramber Ríos, señaló que su clienta fue al nosocomio con la intención de practicarse un aborto pero desistió porque el embarazo llevaba 22 semanas y dos días de gestación y pudo ver el movimiento fetal.
«Cuando ella desiste, la médica la induce y le produce el aborto. Según el testimonio de médicos y enfermeros, la bebe nació con vida y pesaba 690 gramos. Después la pusieron dentro de una bolsa, la asfixiaron con la placenta y la tiraron a la basura”, relató Ríos.
En una entrevista con el periodista Ángel Mansilla de Central Policial (CNN Salta), Ríos explicó que la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo dispone que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal. Una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. “Del análisis de la historia clínica de mi clienta surgió que no se dio ninguna de las dos situaciones. Entonces si no hay causal estamos hablando de un homicidio”, remarcó.
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