La Fiscalía pidió que los restos de la nena sean enviados al Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Buscan determinar las condiciones en las que la criatura fue expulsada del útero de la madre.
Cómo un elemento más que se suma al escándalo de las últimas horas en el caso del aborto de 22 semanas y dos días que se le practicó a una joven de 21 años en el hospital de Tartagal y que luego terminó con una denunció contra la médica Miranda Ruiz, en las últimas horas se sumó un dato que podría arrojar detalles reveladores.
La Fiscalía ordenó que los restos de la bebé sean trasladados al Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF), en Salta capital, para ser sometidos a una autopsia. El estudio busca determinar en qué condiciones la criatura fue expulsada del útero de la madre y dar certezas de los procedimientos en ese momento.
El pedido del fiscal también intenta aclarar versiones que fueron surgiendo mientras se conocían más detalles del escabroso caso. Es que mientras Santiago Payo, director del hospital de Tartagal, aseguró a algunos medios que la nena había sido expulsada sin vida, la madre aseguró lo contrario. En tanto que otras versiones del entorno médico afirmaron que la criatura «lloraba y tenía autonomía vital» y que fue asfixiada y luego arrojada en una bolsa de desechos. Por su parte, la médica Miranda Ruiz en ninguna de declaraciones mediáticas se refirió al tema. De todas formas, la autopsia solicitada arrojará los resultados inequívocos para ese dilema.
Por otro lado, el abogado Ramber Ríos, representante legal de la joven oriunda de Salvador Mazza a quien hace dos semanas atrás se le practicó el aborto, denunció a dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal por mal desempeño, retardo de justicia y falta a los deberes de funcionario público.
La denuncia recayó contra el fiscal de Graves Atentados contra las Personas (GAP) Gonzalo Ariel Vega y la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Lorena Martínez. Fue el propio letrado quien en diálogo con El Tribuno dio detalles de la denuncia que comprende también un pedido de jury para ambos fiscales al considerar que «el retraso de justicia en el que incurrieron no es un tema menor, sino que significó la muerte de una beba, a quien la madre, convencida por sus familiares de que desistiera del aborto, igual fue sometida a esta práctica en el hospital de Tartagal», precisó el letrado.
Según el escrito presentado por Ríos pidiendo el juicio político para los dos agentes fiscales, quien aparece como más comprometida por la situación es la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez, quien junto a otros funcionarios judiciales, siete horas antes de practicarse el aborto, ya habrían tenido pleno conocimiento de la situación.
Esto se desprende de los dichos de la directora de la Niñez de Salvador Mazza, Claudia Subelza, quien en la edición de El Tribuno del pasado 26 de agosto expresó textualmente: «Antes que se concretara este hecho, hice un informe a la secretaria de la Niñez, la doctora Gómez y según me explicó le dio intervención a la jueza de Incapaces, doctora Chocobar. Me dijeron que fueron al hospital pero que no pudieron parar esa interrupción», sostuvo.
Acusación y denuncia múltiple
En la acusación y pedido de jury de enjuciamiento a los fiscales, el abogado Ramber Ríos detalló: «El día 24 de agosto, antes del mediodía, la señora Claudia Subelza se comunica con la doctora Graciela Gómez, representante de la Secretaria de la Niñez de Salta, en Tartagal, poniéndole en conocimiento el aborto ilegal en curso que se estaba preparando sin el consentimiento de la víctima mayor de edad. Graciela Gómez se comunica nuevamente con Claudia Subelza y le manifiesta que ya puso en conocimiento de la doctora María Fernanda Chocobar, quien es Asesora de Menores, en donde le expresó que se comunicará con el asesor legal del hospital, Juan Carlos Sánchez y los fiscales penales para hacerle conocer esta dramática situación».
En el escrito el letrado remarca que «faltaban siete largas horas para consumar el asesinato de Milagros, nombre que eligió la madre para su hija previo al horror. En esas siete horas nada importante hicieron los funcionarios del hospital y, más grave aún, los fiscales del caso». Ríos consignó en su denuncia que «la responsabilidad será ampliada desde el punto de vista penal para el abogado del Hospital, Juan Carlos Sánchez y al propio director del hospital, quienes consintieron con su omisión grave, el aborto ilegal y posterior asesinato de la pequeña.
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