Ante los cuestionamientos de inacción frente a supuestos excesos de la policía, el procurador general de Salta, nombró a una magistrada interina en el cargo.
Además del apartamiento, también se inició un sumario administrativo al ahora extitular de la fiscalía.
Luego de ciertos cuestionamientos sobre la inacción de la fiscalía de Derechos Humanos de Salta, hoy el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso apartar a su titular, el fiscal Gustavo Vilar Rey, y nombrar interinamente a otra magistrada.
Además, ante las “irregularidades detectadas”, ordenó el inicio de un sumario administrativo, cuya fiscal instructora será Ana Salinas Odorisio, según informó el Ministerio Público Fiscal.
En los últimos meses, organismos de Derechos Humanos advirtieron el crecimiento de casos de violencia institucional protagonizados por la policía de Salta, los cuales se mantienen impunes. “En ningún caso hubo una respuesta rápida y eficaz de parte de fiscales y jueces para investigar y sancionar estos hechos, lo cual significa a la postre la posibilidad de repetición frente a la falta de una efectiva respuesta estatal”, señalaron las organizaciones HIJOS y Pensamiento Penal, a través de un informe presentado en la Legislatura el martes pasado.
A raíz de esto, hoy Cornejo informó en la Cámara de Diputados sobre la escasa actividad de la Fiscalía de Derechos Humanos. De un total de 2065 causas ingresadas a dicha fiscalía durante todo 2019 y en el primer trimestre de este año, solo se resolvieron 97 (es decir, menos del 5% de las causas). De las 2065 causas, 173 fueron remitidas a otras sedes para colaboración en la investigación, 376 fueron a la Fiscalía de Impugnación por haberse dispuesto el archivo, 735 fueron archivadas sin trámite alguno y otras 684, siguen en trámite, sin resolución a la fecha.
Ante los cuestionables resultados de la auditoría interna, dijo que se inició un sumario administrativo al fiscal titular de la dependencia.
Además, el procurador presentó un proyecto de reforma de Ley para el “cambio de denominación de la fiscalía de Derechos Humanos en Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”, como se denominó originalmente, en 2004.
Abel Cornejo se comprometió ante los legisladores que distintas unidades especiales investigarán denuncias contra efectivos de la Policía por actuaciones posiblemente irregulares, maltrato, apremios, vejaciones y otros hechos.
Por otra parte, cuestionó la implementación del decreto provincial 255/20 que se convirtió ayer en ley y que otorgó más facultades a las fuerzas policiales. Con este decreto, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, los efectivos pueden ordenar arrestos, o multas, a quienes “injustificadamente” desobedezcan las medidas preventivas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
El procurador insistió con la necesidad de implementar Juzgados Contravencionales, al considerar que otorgar nuevas competencias a la fuerza de seguridad constituye un avance sobre lo ya legislado y normado.
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