A solo dos días de jubilarse, el magistrado dictó la medida contra uno de los ex funcionarios más cercanos a Mauricio Macri. Antes había procesado a Javier Iguacel.
A solo 48 horas de jubilarse, el juez federal Roldolfo Canicoba Corral procesó este lunes sin prisión preventiva al exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por supuesta «administración fraudulenta» en la causa que investiga delitos cometidos en la renegociación de la concesión de peajes. La semana pasada sin concluir con las rondas de indagatorias, ya había procesado al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías,
Los ex funcionarios macristas quedaron procesados haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Concesionario Oeste S.A. -del cual participaban empresas del grupo Macri- con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.
La denuncia se formuló cuando la empresa Abertis inició dos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI) en los que reclamaba fondos millonarios y en dólares «por supuestos atrasos tarifarios por los que debía responder el Estado argentino».
En el requerimiento se indicó que, por ejemplo, para Autopistas del Sol la anterior gestión negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de 499 millones de dólares en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A., la española controlante, «retire la demanda ante el tribunal internacional». Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.
Según la resolución de Canicoba, a la que accedió Clarín, los ex funcionarios que actuaron en el proceso de renegociación «fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del Estado».
El expediente judicial sostiene que las presuntas irregularidades «comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripoll, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades».
Para el magistrado, que en dos días dejará su despacho, «existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina entre los funcionarios, con otros intervinientes que con el avance del trámite serán imputados formalmente, y empresarios del ámbito privado, a raíz del cual aquellas empresas y terceros se vieron beneficiadas. Esto a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso».
Respecto al papel que cumplió Guillermo Dietrich, Canicoba sostuvo que buscó «beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones», y para ello actuó «con desvío de poder, según un interés no administrativo».
Para el magistrado, fue el ex titular del Ministerio de Transporte quien «aprobó y firmó los Acuerdos de Renegociación Contractual» que a su entender resultaron desfavorables para el Estado, siendo que «tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos».
Así, le atribuyó el delito de administración fraudulenta, ya que en su resolución remarcó que él y los otros ex funcionarios imputados «tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública» y que con las acciones cometidas se «benefició al ex presidente Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación».
Al respecto, explicó que la prolongación de los contratos se dio durante el gobierno de Macri, luego de que las empresas «que habían tenido vinculación comercial con el grupo que integraba el expresidente formularon un planteo administrativo y una demanda ante el tribunal arbitral internacional CIADI, pocos días antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia en 2015».
La firma de los acuerdos «permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma», concluyó el juez.
El viernes, Dietrich había negado las acusaciones con un escrito de 130 páginas que presentó durante una audiencia realizada vía zoom, debido a las restricciones por la cuarentena por el coronavirus.
En su defensa, Dietrich sostuvo que le ahorró al país «un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados; bajó los intereses estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales».
Paralelamente, la Cámara Federal porteña confirmó al magistrado al frente de la causa, al rechazar recusaciones presentadas por Iguacel y Saravia Frías, quienes habían pedido apartar a Canicoba Corral del caso por temor de parcialidad a raíz de las declaraciones públicas que hizo cuando anunció su renuncia al cargo, que se efectivizará el miércoles próximo.
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