Se confirmó el requerimiento a juicio contra el exsecretario de Seguridad. El caso es por facilitar el ingreso de Monges a la cárcel de Orán en 2022.
Por la irregular visita de Darío Monges a la cárcel de Orán, que habría facilitado Benjamín Cruz mientras era secretario de Seguridad de la Provincia, la Unidad Fiscal, conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres, y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, a cargo de la jueza Ada Zunino.
A Cruz se lo acusa como autor del delito de tráfico de influencias y, subsidiariamente, se califica el hecho como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Fuentes del caso señalaron que no se trata de una acusación nueva, sino de una imputación subsidiaria, lo que significa que durante el juicio se puede solicitar pena por uno u otro delito, o por ambos.
La acusación procede a partir de pruebas presentadas públicamente en las audiencias que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 por el crimen de Monges, de donde surge que el exfuncionario habría facilitado el ingreso del «falso abogado» a la Unidad Carcelaria de Orán, presentándose como asesor del Ministerio de Seguridad, para entrevistarse con Oscar Alberto «Cabezón» Díaz, un temido sicario. En las audiencias se mostraron incluso chats de WhatsApp entre Monges y Cruz.
El Ministerio Público Fiscal recordó que también se encuentra imputado Ángel Sarmiento, exdirector General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos, calificado en perjuicio de la administración pública, y que ya fue requerido a juicio durante 2023.
El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se presentó en la unidad penitenciaria de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad. Solicitó entrevistarse con Díaz, lo cual se sospecha que se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales, pudiendo exceder con tal decisión el ámbito de su competencia funcional.
Los delitos
Fuentes consultadas señalaron que la acusación contra Cruz es leve. Sin embargo, personas cercanas a la causa aseguraron que «los delitos de tráfico de influencias y negocios incompatibles pueden acarrear penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos».
«Ese tipo de irregularidades (por la visita a la cárcel de Monges) ponen en riesgo no solo a los internos, sino también a la seguridad del penal», expresaron.
La fuente judicial afirmó que no se solicitará prisión preventiva para Cruz, ya que no se presentan riesgos de fuga y la prueba ya ha sido asegurada. No obstante, defendió la línea investigativa al afirmar que los «delitos imputados son graves».
La jueza Zunino ahora debe correr vistas a las partes. No se descarta que Cruz solicite el sobreseimiento. El caso llega a esta instancia dos años y cinco meses después de la visita irregular de Monges a la cárcel de Orán.
Una fuente de la investigación consultada admitió que no se peritó el celular de Benjamín Cruz, ya que se contaba con la información que se recuperó del chip de Darío Monges. «Los celulares que no se secuestran al momento del hecho pierden valor probatorio, ya que son fácilmente adulterados», aseguró. Además estaban los diálogos desde la nube del celular de Monges».
El crimen de Monges se juzga en la Justicia federal porque al determinar la competencia se ponderó que había implicancias del narcotráfico detrás del hecho. Por eso quedó fragmentado. La fuente consultada marcó que en el fuero provincial solo se está investigando la visita irregular de Monges a la cárcel de Orán y que los aspectos vinculados a supuestos manejos o vínculos narcos «son de competencia federal».
«Los diálogos y videos que muestran con elocuencia otras actividades, deben ser investigados por la justicia federal, pues evidentemente están ligados al tráfico de drogas», remarcaron.
Por ahora la Justicia federal solo está focalizada en el crimen de Monges, tres meses después de la visita a la cárcel.
El tráfico de influencias, el alcance
Cuando Cruz fue imputado por tráfico de influencias en octubre de este año, Fiscalía informó que es «un delito contra la administración pública, donde un funcionario público utiliza su posición, cargo o comisión, para inducir a que otro funcionario público efectúe, retrase u omita algún acto de su competencia a cambio de un beneficio».
Fuente: El Tribuno
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