PolémicaEl Gobierno nacional sigue sin cobrarle una deuda de más de $ 5.000 millones al “Señor del Tabaco”

Mientras el ARCA intima a kiosqueros a no aumentar los precios de los cigarrillos.

El cambio de nomenclatura de la AFIP, reconvertida desde el mes pasado en ARCA, no modificó el comportamiento del organismo de no reclamarle de manera contundente una millonaria deuda tributaria a Tabacalera Sarandí, una de las principales jugadoras del mercado de cigarrillos, de vertiginoso ascenso en la última década, al punto que pasó de controlar cerca del 5% de las ventas a casi el 40% en la actualidad.

Se trata de la compañía que preside Pablo Marcelo Otero, el denominado Señor del Tabaco, que incluso con un fallo adverso en la Corte Suprema de Justicia sigue sin pagarla y, a la vez, subdeclara los precios de comercialización de sus productos, lo que genera un perjuicio para las arcas estatales estimado por fuentes del sector en US$ 450 millones anuales. Si bien hubo reclamos del ente tributario en estos años, o se trabaron en la Justicia o no tuvieron la firmeza suficiente.

Esa situación se produce en simultáneo a la decisión del nuevo ARCA de salir a intimar desde principios de noviembre a kiosqueros a que no cobren tarifas a los consumidores que superen los precios establecidos por la ley. «Nos comunicamos para recordarte que, atento a la actividad declarada, en caso de comercializar cigarrillos no podrás incrementar el precio fijado e informado por la empresa manufacturera», sostiene un extracto del comunicado que enviaron desde el ente a los kioscos en los últimos días.

Además, en el mismo documento se agrega que «deberás exhibir en un lugar visible las listas de precios vigentes» y se advierte que por «incumplimiento a la mencionada norma será pasible de las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Tributario, incluyendo la sanción de clausura en los términos del artículo 40 del referido texto legal». De allí que parece cuanto menos contradictorio que ARCA intime a los comerciantes pero no avance en el cobro del impuesto correspondiente a Sarandí.

A partir de la notificación, hubo quejas ante la directora ejecutiva del ARCA Florencia Misrahi, formuladas desde diferentes asociaciones de kiosqueros que se sienten afectados por la medida. Una de ellas la presentó el presidente de la UKRA (Unión de Kiosqueros), Norberto Tomasino, que solicita una entrevista personal con Misrahi como representante de una entidad que nuclea 100.000 puntos de venta en todo el país y describe la delicada situación económica de los comerciantes en relación a un producto que deja un margen de rentabilidad de apenas el 2%. En 2024, se estima que cerraron 10.000 kioscos en todo el país.

Fuente: Clarín