Asuntos Internos investigó en paralelo a la causa judicial «Ríos y Asociados». Entre los sancionados hay 3 comisarios y dos oficiales principales.
A mediados del mes pasado, la Oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de la Provincia emitió la Resolución sobre la causa «GAR Nro. 177048/22 – A.V.09/22 – UDEC, caratulada S/Asociación Ilícita y Estafas reiteradas en hechos indeterminados», más conocida como «la estafa piramidal Ríos y Asociados».
Esta estafa involucraba a una financiera ilegal que prometía duplicar el dinero de los inversores mediante un esquema piramidal similar al «Ponzi». En el escandaloso caso salteño, 14 policías de la provincia fueron imputados.
El caso salió a la luz en 2022 y dio inicio a una causa judicial que ya acumula 30 cuerpos de documentación, presentaciones de nulidad y maniobras defensivas para dilatar la instrucción. Actualmente, la causa judicial está prácticamente paralizada, aunque el trámite administrativo de la Provincia ha avanzado, y sus conclusiones aportan documentación valiosa.
La Resolución del Expediente Nº 149-66433/22, titulada «Sumario Administrativo», que se instruyó según las disposiciones del Art. 190, inc. a) del Decreto Reglamentario Nro. 1490/14, declara «responsables administrativamente» a 12 miembros de la Policía de Salta por su vinculación con las irregularidades observadas en la financiera «Ríos & Asociados». Entre ellos se encuentran tres comisarios y dos oficiales principales.
Durante la investigación se trabajó en conjunto con la Fiscalía, recopilando más de 200 denuncias de personas afectadas por el fraude. Una de las imputadas es Cynthia Elizabeth del Valle Moya, quien presuntamente sería la autora del delito de estafa.
La financiera ilegal comenzó sus operaciones en junio de 2021 en Metán y, posteriormente, abrió una sede en la capital salteña. El esquema utilizado fue el conocido «Ponzi» o estafa piramidal.
El 25 de marzo de 2022, se llevaron a cabo los primeros allanamientos y detenciones relacionadas con la causa, y desde entonces se realizaron numerosos operativos para localizar el dinero faltante.
A partir de la investigación fiscal y los testimonios de damnificados, testigos protegidos y otros detenidos, se estableció que Cynthia Moya era la organizadora principal de la actividad, asistida por civiles y policías que actuaban como captadores.
Del total de 29 imputados, 14 son miembros de la Policía de Salta, entre ellos el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas de Policías Adicional, personal de investigación y la jefa de la Unidad Regional 3, quien supuestamente utilizó un móvil policial para evadir controles y transportar dinero retirado por Moya tras enterarse de los inminentes allanamientos. Durante la causa, se confiscaron 26 vehículos, más de 4.000 contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.
El informe de Asuntos Internos concluyó que los policías no podían desconocer la actividad delictiva de Moya. Por esta razón, fueron declarados responsables administrativos y están sujetos a sanciones.
Sin embargo, a casi dos meses de la Resolución, las condenas aún no se han hecho efectivas y circulan rumores sobre posibles ascensos para algunos de los implicados.
La resolución, que es de acceso público, declara responsables administrativamente a la comisario Nidia de los Ángeles Valdez, al comisario Fabricio Nieva, a la comisario María Eugenia Espinoza, a los oficiales principales Alberto Sebastián Giménez y Martín Ezequiel Espejo, al oficial ayudante Emanuel Jonathan Pardo Tarraga, al suboficial principal Edgardo Ariel Velazco, a los sargentos ayudantes Manuel Justino Reynaga y Durval Norberto Sandoval, a los cabos Sergio Eduardo Bonifacio Ramos y Guillermo Alberto Nieva, y al agente Eduardo Ramiro Chocobar. Se eximió al suboficial Gustavo Villarreal.
La causa contiene detalles escandalosos, como presentaciones de declaraciones juradas falsas, el uso de vehículos oficiales para actividades delictivas y la utilización de fondos policiales en la estafa piramidal. Sin embargo, se sospecha que aún hay «secretos» que impiden que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Develan detalles sobre cómo operaba la financiera trucha
De la resolución de Asuntos Internos surge que parte del personal policial investigado, por su propia voluntad, realizó inversiones de diferentes sumas de dinero y adquisiciones de vehículos en una entidad que, de manera ilegal e irregular, fue constituida bajo la denominación «Ríos y Asociados S.A.» por un grupo de estafadores. La principal cabecilla de esta organización, Cynthia Moya, ya contaba con antecedentes penales y había cumplido prisión efectiva por estafa.
Moya organizó la financiera trucha utilizando datos falsos y suplantando una identidad, con el único propósito de formalizar y ejecutar las acciones contractuales. Así, confeccionaban y falsificaban instrumentos privados, atrayendo a sus víctimas para que realizaran inversiones que superaban los $300.000 (año 2021), con la promesa de obtener beneficios consistentes en ganancias del 100% de la inversión en un «llamativo, extraño e irrisorio» lapso de tiempo. Los falsos administradores empleaban el dinero de los inversionistas para aumentar su caudal patrimonial y destinaban el capital ingresado por nuevos inversores al pago de los antiguos (esquema Ponzi).
Se logró establecer que algunos de los policías investigados mantenían una comunicación de confianza con Moya, al punto de entrecruzar llamadas telefónicas, aceptar indicaciones o consejos a través de redes sociales en grupos de inversores, y realizar o recibir depósitos en cuentas personales de esta última. Se reveló que, al momento de realizar sus inversiones, los policías recibían el retorno y rédito en un plazo mucho más corto que el estipulado, lo que evidenciaba algo irregular e inaudito, concluyéndose que el trato hacia ellos era «preferencial».
La investigación penal también reveló la viralización de mensajes «tipo publicitarios» realizados por algunos de los investigados, lo que sugiere que su participación en la falsa empresa era activa y buscaba beneficiarse al intentar captar nuevos inversionistas, colaborando indirectamente con el propósito de ingresar más capital.
Las declaraciones juradas patrimoniales y los informes de actividades extralaborales, que cada funcionario policial debe presentar y actualizar permanentemente en su legajo personal, fueron pruebas suficientes para declararlos «responsables administrativamente».
Fuente: El Tribuno
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