Este miércoles, el máximo tribunal penal decidirá si ratifica, modifica o anula la sentencia que condenó a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad.
La sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner, dictada el diciembre de 2022, que tuvo bajo estudio la Cámara de Casación se construye sobre determinados pilares fijados por el Tribunal de juicio, que refieren a «vínculos promiscuos» y «una extraordinaria maniobra fraudulenta» que «operó al margen del interés público», entre otros conceptos que sostienen el fallo por hechos de corrupción.
Este miércoles 13 de noviembre el máximo tribunal penal dará a conocer su criterio sobre el caso: si confirman, modifican la acusación agravando la pena o si la anulan pidiendo un nuevo dictado.
El tribunal de juicio que integraron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu condenó por hechos de corrupción a la ex vicepresidenta el 6 de diciembre de 2022. La acusación incluía a Lázaro Báez y a otros siete imputados.
La sentencia que revisó la Sala IV de la Cámara de Casación convirtió a Cristina Kirchner en la primera vicepresidenta en ejercicio con una condena de estas características. El TOF 2 la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El daño ocasionado se estimó en 80.000 millones de pesos.
«Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional», fue una de las primeras conclusiones a la que arribaron los jueces.
Las pruebas de la sentencia
Uno de los primeros planteos que componen la acusación sostiene que las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron «sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas» a Báez, dijo el Tribunal, y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue «exponencial» y el mismo se vio «directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción».
De este planteo se desprende otro pilar de la acusación: ex funcionarios de Vialidad nacional como la agencia provincial, «operaron al margen del interés público», configurando, «detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito».
Lazos promiscuos y el interés de CFK
Pero uno de los puntos neurálgicos, refiere a la «promiscuidad» manifiesta entre distintas personas -integrantes de las constructoras y de los gobiernos nacional y provincial- con el fin de beneficiar al ex socio comercial de Cristina Kirchner.
Se dijo: «Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».
La sentencia de juicio habla en varios tramos de esta clase de relaciones. Explicaron los jueces sobre la existencia de «vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado propiedad de Lázaro Báez.
Crecimiento económico exponencial
La evidencia expuesta durante el juicio, ponderaron los jueces, permite sostener que durante los gobiernos kirchneristas «las obras viales licitadas en esa provincia (Santa Cruz) fueron sistemáticamente adjudicadas» al grupo de Lázaro Báez.
Sobre el Grupo Austral el Tribunal hizo una distinción no menor, su conformación y «crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción».
Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa.
Fuente: Clarín
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