Las cuotas se tornaron impagables por la inflación y los capitales adeudados son estratosféricos. Temen perder sus viviendas. Reclaman urgentes intervenciones legislativas.
Más de 1.000 familias salteñas, que tomaron créditos que prometían un acceso razonable a la vivienda, a través de tasas variables reguladas por el índice UVA, tienen hoy el sueño del techo familiar convertido en una pesadilla. Por el exorbitante aumento de las cuotas y del valor de las unidades habitacionales canalizadas por el programa Procrear a través de préstamos bancarios, están sumidas en una creciente angustia, porque cada vez les resulta más difícil llegar a fin de mes, evitar atrasos con las entidades financieras y caer en apremios que conducen a ejecuciones hipotecarias.
Natalia Vaca vive en un departamento de calle Talavera, en la zona de la terminal de ómnibus de la capital salteña. En abril de 2019, cuando tomó en el banco Santander Río un crédito de $1.486.000 a 15 años, la cuota inicial era de $11.000. La cuota de agosto último le llegó por $484.895. El capital actual adeudado por su techo familiar asciende hoy a $39 millones, sin contar los 25 microcréditos que la entidad financiera adicionó a su plan por el congelamiento de cuotas que el gobierno nacional dispuso durante la pandemia.
Natalia es abogada. El pasado miércoles, junto a otros referentes de las familias afectadas, expuso ante miembros de la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto del Senado provincial la insostenible situación planteada con los créditos UVA. En ese encuentro, ella, Romina Brizuela, Cecilia Vieta y Gustavo Dada recordaron que se reunieron con semanas atrás con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y que ahora recurren a la Cámara alta en espera de que en Salta se avance, como ya lo hicieron otras provincias, con un proyecto de ley que suspenda ejecuciones hasta tanto el Congreso de la Nación mueva iniciativas que apuntan a evitar un aluvión remates y desalojos en el país. Remarcaron que llevaron reclamos a la Justicia y al propio Congreso, donde el pasado 30 de octubre entregaron a la senadora nacional Nora Giménez una nota que describe con casos concretos la urgencia de las intervenciones legislativas solicitadas con insistencia.
Natalia Vaca recalcó que los créditos UVA tomados en diferentes bancos tienen hoy cuotas que ascienden hasta $600.000 y llegan inclusive al millón de pesos.
«Queremos pagar nuestras casas, pero en las condiciones actuales se torna imposible afrontar las cuotas, porque son usurarias y necesitamos imperiosamente que se regularice la situación con los bancos». Vaca insistió en que urgen medidas para poner un marco de razonabilidad, ya que una significativa cantidad de familias están a un paso de caer en irremediables ejecuciones hipotecarias. «Si si tenés una deuda de tres meses con un banco, éste tiene derecho al embargo», subrayó la letrada, tras sostener que las condiciones actuales de los créditos UVA rayan la usura.
«Autoconvocados damnificados hoy luchamos por salvar nuestras viviendas, porque créditos que alguna vez parecían un sueño hecho realidad, con el pasar de los años se convirtieron en una pesadilla», acotó Vaca. En la nota que entregaron a la senadora nacional Nora Giménez, familias afectadas denunciaron que las desmedidas cuotas entidades bancarias sin siquiera respetaron el tope del 30 % de los ingresos familiares. También recalcaron que «fue una política pública la que dio origen a los créditos con tasa variable regulada por el índice UVA» y que ésta, además, «fue promocionada por el Gobierno Nacional como única opción para acceder a la vivienda». Tras insistir en que la alta inflación y el escenario económico tornaron «impagables» las cuotas y «desmedido» el capital actual adeudado, consideraron impostergable la aprobación de una ley nacional que proporcione a los créditos UVA la «estabilidad y previsibilidad» que hoy ofrece un índice como el de Casa Propia, además de un marco provincial que evite una catarata de desalojos.
Fuente: El Tribuno
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