Parte de la población busca hoy sin suerte inmunizarse contra el mosquito. El Gobierno adopta actitudes que no permiten contrarrestar el bache sanitario. El vínculo con la reciente escasez de repelente y de vacunas en plena pandemia.
Contra todos los pronósticos, la vacuna del dengue es un éxito inesperado, un objeto de deseo para aquellos que pueden pagar por inmunizarse contra la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. Tanto que conseguir un turno en un vacunatorio del sistema de salud privado es una empresa difícil. Y a las farmacias llegan lotes pequeños que rápidamente se agotan.
Lo imprevisto de la demanda se debe a que hasta hace “nada” la vacuna del dengue parecía un medicamento atascado entre supuestos defectos e inconsistencias, subrayadas incluso de esa manera -desde comienzos de 2024- por funcionarios y expertos. Ahora, esas opiniones han cambiado de color. Y el aval del Estado a las campañas públicas de vacunación parece haber echado por tierra las dudas remanentes.
El problema es que pese a que la herramienta sanitaria existe y evidentemente ha ganado prestigio en la opinión pública, conseguir una dosis se ha vuelto en los últimos días poco menos que imposible. En redes sociales puede leerse hasta el relato de personas que se han dado la primera aplicación hace tres meses y ahora sufren la incertidumbre de no encontrar la segunda.
La actual escasez de vacunas provoca un inevitable déjà vu con una situación similar que se vivió durante el verano pasado -y que amenaza con repetirse ahora- por la falta de repelente. Conseguir un envase de ese producto en farmacias o supermercados era entonces, entre marzo y abril, casi una utopía, mientras los mosquitos agradecían el banquete para redondear la peor epidemia de dengue de la historia.
Parece haber un inquietante vínculo entre aquel déficit de aerosoles y la actual escasez de dosis de la vacuna Qdenga: la ausencia de una planificación y articulación público-privada que le dé cierta previsión y racionalidad a la disponibilidad de recursos con los que se puede contar para enfrentar un problema de salud pública.
Se trata de una cuestión que no requiere de erogaciones estatales -hay gente que va a pagar por su repelente y por su vacuna-, sino de gestión. El verano pasado la población deambulaba a la deriva en pos de procurarse alguna opción de protección contra los mosquitos -ya fuera de primera, segunda o tercera marca-, sin éxito. Ahora, para inocularse, los turnos en vacunatorios son tan efímeros que se escurren cuando se cree haberlos capturado.
¿Hay algún tipo de conversación entre el Gobierno y el laboratorio Takeda para tratar de revertir ese déficit? No. El Estado está conforme con el hecho de que el contrato firmado con la compañía japonesa se está cumpliendo. “No hubo más diálogo que el vinculado al acuerdo”, admitió ante Clarín una fuente oficial. ¿No merece el resto de la población no contemplada en la campaña de vacunación gratuita saber cuándo podrá acceder a una dosis? Evidentemente, no.
Desde el laboratorio se habla de una demanda que superó las expectativas más optimistas. Una respuesta que contiene el reconocimiento implícito de un error de cálculo, es decir, la admisión de que no están en condiciones de producir e importar -al menos en lo inmediato- todas las vacunas que los argentinos están demandando de cara a la próxima epidemia.
Pero la responsabilidad, obviamente, no es del laboratorio, empresa privada que como cualquier otra procura su beneficio económico y puede vender medicamentos tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo. El que debería velar porque un valioso bien sanitario llegue en tiempo y forma a la Argentina, tras haber padecido el país una epidemia sin precedentes, no es el mercado sino -con perdón de la palabra- el Estado. Sin embargo, en vez de haber buscado un acercamiento oportuno con Takeda, el Ministerio de Salud prefirió acusar a los japoneses de hacer lobby para vender la vacuna.
El saldo del ataque como defensa
La estrategia del ataque como defensa ya ha sido transitada en el pasado reciente. El rechazo kirchnerista a la vacuna de Pfizer contra el Covid, en el peor momento de la pandemia, se basó en el argumento de que el laboratorio estadounidense pretendía que los recursos naturales argentinos se pusieran como garantía ante eventuales demandas judiciales. Aquel episodio fue un mojón dramático de este modus operandi viejo y conocido.
El saldo siempre es, al cabo, un menor acceso a las vacunas. En aquel momento, el ex Gobierno fue traicionado por su confianza ciega en los laboratorios de su preferencia. Finalmente, las vacunas de Pfizer llegaron en septiembre de 2021, aunque el valor sanitario del arribo demorado ya no fue ni por asomo el que hubiera tenido a fines de 2020.
Salvando la distancia entre la amenaza que representaba entonces el Covid y la que ahora implica el dengue -con tasas de letalidad sin equivalencias-, la salud pública sigue siendo hoy como ayer la variable de ajuste de las dilaciones, caprichos y eventuales exabruptos del oficialismo de turno. Un “presente continuo” que hilvana torpezas políticas de cualquier signo y que, a la corta o a la larga, termina pagando la gente.
Fuente: Clarín
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