Política

Negocio en la discapacidadEl Gobierno Nacional auditó las pensiones por invalidez laboral y hay un desfalco de US$ 2000 millones por año

Según el informe que accedió NA, “los primeros resultados de las auditorías de pensiones por invalidez laboral están revelando inconsistencias alarmantes en el otorgamiento de las mismas durante las gestiones anteriores”.

La Agencia Nacional de Discapacidad –ANDIS- a cargo de Diego Spagnuolo, realizó una auditoría interna sobre las pensiones por invalidez laboral. ¿Quién manejaba la quinta caja más grande del gobierno de Alberto Fernández?.

En agosto de este año, el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, realizó una auditoría de las pensiones por invalidez laboral en los distritos de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta. Encontraron irregularidades escandalosas en la entrega de Pensiones por Invalidez Laboral.

Según el informe que accedió NA “los primeros resultados de las auditorías de pensiones por invalidez laboral están revelando inconsistencias alarmantes en el otorgamiento de las mismas durante las gestiones anteriores”.

El informe que supervisó Spagnuolo revela que “la falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades son las principales pruebas del fraude que representaría un  desvío de fondos estimados entre $1200 y $2000 millones de dólares al año”.

Se auditaron 29 mil pensionados en CABA y 300.000 en provincia de Buenos Aires. También se investigaron 175 mil pensiones en Chaco, Jujuy y Salta.

Los resultados de la primera etapa en CABA son inquietantes: de los 10.000 beneficiarios contactados, un  67% no pudo ser localizado en los domicilios indicados, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.

En la provincia de Buenos Aires, se citaron 900 pensionados. De ellos, 180 (un 21%) no pudieron ser localizados. De los 720 notificados, solo 462 asistieron, y de estos, apenas el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa. El 80% restante no cumple, y un 13% carece de la documentación necesaria.

Fuente: El Tribuno

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