Buscan probar que las distintas gestiones controlaron YPF. Y así acceder a los activos argentinos. Ahora avanzan contra el gobierno de Milei.
En una nueva ofensiva en el juicio contra YPF, los demandantes dieron un nuevo paso y solicitaron a la Corte del distrito sur de Nueva York ampliar la búsqueda de información para embargar activos argentinos, con el acceso a los mails y whatsapp de una lista en total de 26 funcionarios, entre los que figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el exministro de Hacienda y excandidato presidencial, Sergio Massa.
Las partes ya habían acordado la semana pasada la apertura de las comunicaciones de 12 funcionarios de segunda línea de la gestión de Javier Milei y Alberto Fernández. Pero los beneficiarios del fallo patearon el tablero el lunes y pidieron a la jueza Loretta Preska incluir otros 14 nombres, entre ellos los Caputo, lo que acrecentó las tensiones con los fondos que buscan acelerar el cobro de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012.
La medida solicitada se enmarca en el «discovery» autorizado en febrero para buscar información desde el 2020 a la fecha y probar que las entidades públicas, como el Banco Central y el Banco Nación, son lo mismo (“alter ego”, en términos más técnicos) que YPF, una sociedad anónima que cotiza tanto en la bolsa de Buenos Aires como en Nueva York. El objetivo es poder acceder a activos argentinos, como el oro que trasladó Caputo al exterior.
Según la presentación hecha el lunes por los litigantes en medio del proceso de apelaciones, «la República se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Slack o Gmail)».
Para los demandantes, «el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales». Y si bien el Gobierno ofreció revisar sólo las comunicaciones externas de funcionarios con empleados de YPF o del BCRA, los reclamantes consideran que «no son suficientes».
El argumento es que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA también son «esenciales» para establecer el control del gobierno sobre dichas entidades. Y por ello, «los demandantes han solicitado la búsqueda de correos electrónicos de 12 custodios adicionales», según el escrito del estudio King & Spalding en representación de Burford Capital.
Burford es el mismo fondo que ganó el juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas y es uno de los que compró en España el derecho a litigar contra la petrolera, luego de que dos empresas del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) con acciones en YPF fueran a la quiebra y renunciaran a hacerle juicio al Estado por la expropiación.
El listado en discusión fue dado a conocer por Sebastián Maril, de Latam Advisors. «Lo que piden es buscar los mails con palabras claves. Hoy, los beneficiarios pidieron postergar la definición. Ahora, la Corte deberá definir si acepta el pedido en las dos audiencias que habrá el próximo martes por YPF y el Banco Nación. Se ha incrementado el nivel de disputa entre Argentina y los beneficiarios del fallo», explicó el especialista.
La lista de funcionarios
Uno de los principales blancos para buscar información relacionada con el BCRA e YPF es el ministro Caputo.
«Como Ministro de Economía desde diciembre de 2023, el Sr. Caputo es responsable de establecer e implementar las políticas económicas nacionales. políticas, incluida la gestión de la deuda internacional. Como resultado, es probable que el Sr. Caputo tenga información sobre el control de la República sobre el BCRA, incluyendo cualquier instrucción dada por el Ministerio de Economía al BCRA para implementar políticas económicas», señala el escrito.
Hasta ahora, el jefe de Economía se mantenía alejado del conflicto, ya que la representación argentina en el juicio por YPF está a cargo de la Procuración del Tesoro. Pero los fondos pusieron el ojo sobre el funcionario a partir del traslado del proyecto entre YPF y Petronas para construir la planta de gas licuado en Río Negro y la colocación de un bono a 2038 a YPF para pagar la deuda de Cammesa.
«El Sr. Caputo también es responsable de gestionar los intereses de la República en YPF y es probable que tenga información sobre el control de la República sobre las decisiones de inversión de YPF, incluyendo su reciente decisión de trasladar el emplazamiento de un proyecto de GNL, así como la decisión de YPF de perdonar las deudas de la República», alegan los demandantes.
El asesor de Milei, Santiago Caputo, también figura entre los «custodios» relevantes. «Como estratega político y comunicación, reconocido por el presidente Milei como su asesor más cercano, es probable que el Sr. Caputo tenga información sobre la promesa del presidente Milei de eliminar el BCRA, así como sobre las decisiones de inversión de YPF, incluida su reciente decisión de reubicar el emplazamiento de un proyecto de GNL», dice el escrito.
Y agrega: «Según informes públicos, el Sr. Caputo maneja el presupuesto de publicidad de YPF a través de Guillermo Garat, su ex socio en la consultora Move Group y actual director de Asuntos Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Comunicación y Marketing de YPF».
En cuanto a Massa, el documento considera que, en su paso por el Ministerio de Economía entre agosto de 2022 hasta diciembre de 2023, «fue responsable de implementar la política económica nacional, incluida la que afecta a las operaciones tanto del BCRA como de YPF» y «es probable que el Sr. Massa tenga comunicaciones relacionadas con el uso del presupuesto publicitario de YPF con fines políticos y la manipulación del precio del petróleo».
También pidieron por la actual subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beliansky, el exsecretario general de Presidencia, Julio Vitobello, el exministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, el exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, el extitular de Aduana, Guillermo Michel, el exsecretario legal de Economía, Ricardo Casal, su antecesora Rita Haydee Tanuz, y el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini.
Hasta ahora, el Gobierno aceptó compartir las comunicaciones electrónicas de 14 funcionarios, entre los cuales figuran nombres de la gestión de Milei, como Carlos Guberman, Eduardo Rodríguez Chirillo, José Rolandi y Luis Francisco de Ridder, así como de la administración de Alberto Fernández, como Darío Martinez, Flavia Royon, Maggie Luz Videal Oporto, Raphael Brigo, Eduardo Setti, Susana Casillas, Martin Di Bella, Jorge Domper, Raul Rigo y Federico Bernal.
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