El empresario Pablo Otero le pidió esa cifra a Andrés Sanguinetti y a un portal de noticias en la mediación judicial. Sus abogados reclamaron por los «daños y perjuicios» que con la publicación de una nota le causaron a Tabacalera Sarandí. Los acusados plantearon que la información publicada es correcta y que la denuncia judicial es una restricción a la libertad de expresión.
Fracasó la mediación judicial entre el «Señor del Tabaco» y el periodista Andrés Sanguinetti por una nota publicada en iProfesional, en la cual el empresario Pablo Otero reclamó una indemnización de US$ 2 millones al periodista y a los directivos del portal digital, por los «daños y perjuicios» que le habría ocasionado esa nota «falsa y malintencionada» a Tabacalera Sarandí.
La nota escrita por Sanguinetti en marzo pasado se tituló «Una tabacalera ‘dudosa’ ya maneja el 45% del mercado de cigarrillos local». Allí se aseguraba que «su dueño es Pablo Otero y está denunciado por no pagar impuestos que rigen a la industria, además de tener otras causas por contrabando y lavado de activos».
Pero como Sanguinetti mantuvo la nota cuestionada en Internet y además el periodista siguió publicando notas sobre los negocios de Tabacalera Sarandí a lo largo de estos meses, los abogados del Señor del Tabaco reclamaron dos millones de dólares en la mediación judicial que se hizo el jueves pasado, pero que recién ahora Clarín pudo reconstruir, ya que ambas partes firmaron un acuerdo de confidencialidad.
Ante la consulta de Clarín, Norberto Zocco, director de iProfesional, aseguró que «el medio se siente coaccionado por el accionar de esta gente que está violentando la libertad de expresión. Es la primera vez que Sanguinetti y nosotros nos sentimos amedrentados en el ejercicio del periodismo por un empresario que tiene múltiples causas en la justicia».
Es que la empresa de Otero fue beneficiada desde 2018 con medidas cautelares de la Justicia para no pagar el Impuesto Mínimo que regía para la industria, hasta que este año la Corte Suprema dio de baja todas las cautelares y fue intimado por la AFIP a pagar una deuda de US$ 1.060 millones. Pero el Señor del Tabaco volvió a apelar esa medida ante la Justicia y avanzó con la primera denuncia judicial contra un periodista para evitar que se expongan públicamente sus negocios.
Fuentes cercana a Tabacalera Sarandí dijeron a Clarín que «en la mediación no se llegó a un acuerdo debido a que Sanguinetti se negó a retractarse sobre las mentiras sin documentación que publicó sobre la tabacalera, por lo que la empresa realizará una demanda civilmente contra el periodista y el portal».
«Ante las calumnias y expresiones falaces, agraviantes y acosadoras publicadas, Tabacalera Sarandí intentó llegar a un acuerdo durante la audiencia llevada a cabo en la tarde de ayer y exigió un resarcimiento por daño moral, económico, reputacional y financiero», plantearon fuentes cercanas al Señor del Tabaco. Y agregaron: «Ante la negativa, la empresa procederá a la siguiente instancia judicial y realizará una demanda civil contra el periodista y el medio que publicó el artículo».
Se trata de la primera causa judicial que presenta el «Señor del Tabaco», luego de enviar mensajes intimidatorios a otros tres periodistas para que dejen de hablar de sus actividades, justo cuando se debate en el Congreso la posibilidad de cambiar el esquema impositivo, porque Tabacalera Sarandí impugnó judicialmente la normativa vigente y paga menos impuestos que las principales empresas del sector.
La criminalización de la actividad periodística
Clarín se comunicó con Sanguinetti, pero el periodista esta vez prefirió no responder. Cuando le llegó la carta documento para hacer la mediación judicial, a principios de mes, el periodista había dicho a Clarín que era «la primera vez en mis 40 años de periodismo que me imputan judicialmente. Genera temor por escribir sobre escenarios y situaciones que no deberían pasar en el país, como empresarios prebendarios o con protección política que se enriquecen a costa de no cumplir con lo que el resto de las compañías y la sociedad si cumplen como el pago de impuestos».
En esa ocasión, Sanguinetti agregó que esta denuncia judicial «afecta mi trabajo y la libertad de expresión porque marcan un acto de coacción al ejercicio de mi profesión. Generan miedo por considerar que cualquiera puede imputar sin pruebas a un periodista que, con pruebas, ejerce su profesión intentando sacar a la luz negociados e ilegalidades que permiten a una persona hacerse millonaria de manera trucha, sin competir bajo las mismas reglas y presionando a periodistas que lo exponen ante la sociedad».
Por entonces, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) difundió un comunicado donde planteó que «las amenazas de acciones legales tienen un efecto inhibitorio no sólo sobre el destinatario sino sobre el periodismo en general, con lo cual se deteriora la calidad de la información que recibe la sociedad».
«Cualquier ciudadano, pero aún más los dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales, tienen la posibilidad de responder y aclarar si una publicación es errónea o confusa sin necesidad de apelar a recursos propios de otro tipo de conflictos y ajenos al ámbito de la información como bien social», planteó FOPEA en su comunicado.
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