Carlos Rivolo pidió que periten los mensajes vinculados al asedio contra Fabiola Yañez tras el impedimento que realizó el juez. Y también que busquen evidencia sobre el caso de corrupción con los seguros.
El celular de Alberto Fernández está en manos de la justicia federal hace una semana. La próxima instancia será, por orden del juez Julián Ercolini, una pericia sobre el mismo. En primer término en el marco de la causa por los hechos vinculados a la violencia de género se busca determinar si violó las medidas restrictivas impuestas. Pero ahora, el fiscal Carlos Rívolo solicitó que si en el dispositivo hay información o pruebas que sirvan al caso de los Seguros, donde está imputado por presuntos hechos de corrupción, también se incorpore a ese caso.
La justicia federal deberá peritar el teléfono que tenía Alberto Fernández hasta el viernes pasado, cuando después de que la ex primera dama dijo que los días 6 y 7 de agosto continuó hostigándola desde esa línea de celular -pese a que tenía prohibido comunicarse con ella de cualquier modo- el juez Ercolini ordenó el secuestro del dispositivo.
El fiscal federal Ramiro González tiene en sus manos el expediente, donde imputó a Fernández por lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo y en abuso de poder y de autoridad, más las amenazas coactivas. En ese contexto, del celular del ex presidente sólo le interesa la información que pueda corroborar -o no- una posible violación a las medidas precautorias dictadas cuando se abrió el expediente penal.
Sin embargo, su colega en Comodoro Py Carlos Rívolo, que interviene en el expediente por presuntos hechos de corrupción alrededor de los 45 contratos que diversos organismos del Estado firmaron con Nación Seguros, solicitó que también se tenga en cuenta la información que en el celular pueda haber y que sea de interés a ese expediente, donde se le imputó una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En el dictamen al que accedió Clarín, Rivolo señaló que independientemente de los límites con los que el juez Ercolini disponga el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse del celular, el Ipad y el pendrive secuestrados a Fernández, no se límite sólo al objeto de la causa por violencia de género sino que también tenga en cuento los hechos bajo investigación en el caso de los Seguros.
“Al realizar este tipo de extracciones» sobre el contenido de los dispositivos -razona el fiscal- se obtiene todo su contenido. Por eso, «vengo a requerir que, ante la posibilidad de que al momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información extraída de esos dispositivos, se constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa”, expresó Rívolo.
El principal imputado en esta causa por presuntos hechos de corrupción es el ex Jefe de Estado.
Lo que el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo investigan son las presuntas irregularidades alrededor del Decreto 823/2021 a través del cual el entonces presidente, impuso la obligación a los organismos estatales nacionales de contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Esto habilitó la segunda parte de la maniobra: la participación de intermediarios en esos contratos.
Durante toda la presidencia de Alberto Fernández, en concepto de comisiones a los intermediarios que participaron en las contrataciones bajo estudio se abonaron 3.453.302.77 pesos. Al tipo de cambio oficial, eso arroja unos 17 millones de dólares.
También se encuentran imputados en la causa Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) quienes “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”.
Respecto al amigo de Alberto Fernández, Martínez Sosa, la justicia señaló en otra resolución que su importancia radica en que según una auditoría él “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación, referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad, representando casi la mitad del monto total relevado”.
Los celulares, yacimientos de información
El primer celular peritado en esta causa fue el de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández. En 424 páginas se expusieron los 1.899 mensajes que intercambió con su marido, el broker Héctor Martínez Sosa.
Para la justicia, esas conversaciones que transcurrieron durante toda la gestión de Fernández confirman la hipótesis inicial del caso: una estructura montada desde el Estado para favorecer a alguien con vínculos estrechos con quien se desempeñaba como la máxima autoridad del país. Ese circuito que califica en esta etapa de investigación como una administración fraudulenta podría sumar otros delitos, como la asociación ilícita y las negociaciones incompatibles con la función pública.
Si bien hay treinta dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de este caso y todos ellos con una orden de peritar, ahora se podría sumar el celular del principal acusado: Alberto Fernández.
La justicia cuenta con un informe realizado por Nación Seguros, que muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios. El listado está conformado por 25 empresas destinadas al rubro.
Una de las primeras planillas, titulada “Comisiones por productor (principales 25), muestra que cinco de ellas fueron las más beneficiadas. Teniendo en cuenta el monto de dinero cobrado, se explicitó el siguiente orden: Bachellier SA vinculada al broker amigo de Alberto Fernández, encabeza el extenso listado con un total de 1.665.741.081 pesos. Le sigue Héctor Martínez Sosa con 366.635.744 pesos, Castello Mercuri SA con 285.956.773 pesos se ubica tercero.
En el puesto número cuatro figura San Ignacio Sociedad de Productores con 231.918.674 pesos y finalmente, cerrando el “Top Five” está TG Broker llamativamente, con la misma cifra: 231.918.674 pesos.
Estas cinco compañías cobraron un total 2.782.170.946 sobre los 3.453.302.777 pesos erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.
Cargando ...
Agregue un Comentario