El líder del Polo Obrero está acusado de desviar fondos recibidos del Plan Potenciar Trabajo
Eduardo Belliboni, fue procesado este lunes por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La acusación llega después de que el fiscal Gerardo Pollicita imputara a Emilio Pérsico, también referente piquetero y ex funcionario de Desarrollo Social, por haber sido parte de una «maquinaria de corrupción» Además, lo embargaron por 390 millones de pesos.
El dirigente de izquierda está acusado de desviar fondos millonarios recibidos del Plan Potenciar Trabajo. En ese sentido, el juez remarcó que hay pruebas suficientes como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma. El fallo, al que accedió Clarín, incluye también el procesamiento de otras 17 personas.
Convencido de estar ante una maniobra aún más grande, Casanello no sólo atribuyó responsabilidad penal a Belliboni, sino que también acusó a los piqueteros Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el mismo grado de responsabilidad sumando las amenazas coactivas, se procesó a María Isolda Dotti y Gianna Puppo.
La causa tiene también a quienes el juez encontró responsables del delito amenazas en carácter de autoras: Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. La lista de procesados se completa con: Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas. Son todos integrantes de organizaciones sociales.
En esta etapa de la investigación, se comprobó una maniobra defraudatoria a través del desvío de fondos públicos que, tras la firma de diversos convenios, el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.
Los convenios -celebrados con el extinto ministerio de Desarrollo Social- estaban destinados a garantizar el dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo en favor de los beneficiarios finales.
Esos documentos colocaban a las organizaciones sociales como intermediarias y en el juzgado estiman que manejaron fondos millonarios “de forma infiel”.
Al analizar la estructura que se puso en funcionamiento para concretar la maniobra defraudatoria, que incluyó sumas millonarias provenientes del Estado, Casanello dijo que «el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)».
Cómo funcionaba el sistema
¿Cómo funcionaba? El Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, «en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, explicó Casanello en la resolución a la que accedió Clarín.
Durante el gobierno de los Fernández, como ya había ocurrido en anteriores gestiones K, se dio una particularidad: los piqueteros estaban a ambos lados del mostrador. Los más combativos como Belliboni en la calle, reclamando; y los peronistas como Pérsico en rol de funcionarios del área y decidiendo el destino de los fondos.
El juzgado indicó que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 se suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social. Previo a ello, pidieron constituirse como Unidades de Gestión, es decir «intermediarios». Una vez que completaron ese trámite, manejaron 361 millones de pesos en concepto de subsidio institucional.
El juez federal determinó que el dinero que no respondía a los gastos volcados en las facturas “truchas”, se habría utilizado para sostener y financiar la actividad partidaria del Polo Obrero.
En otros términos, la resolución judicial habló de diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, «habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””.
Fue en ese contexto que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Respecto de Coxtex, se determinó que no tenía sede comercial y ni actividad real. De hecho la propia AFIP la definió como una “usina de facturas apócrifas”. En el marco del expediente que tramita en el juzgado de Casanello, se detectaron dos facturas por 5,1 millones de pesos.
En cuanto a la imprenta Rumbos, sin sede comercial, se detectaron 179 facturas por un total de 31 millones de pesos.
Los gastos se computaron al programa por el cual recibía el Polo Obrero subsidios por parte del Estado. Las facturas muestran una gran diversidad de servicios contratados a la imprenta: compras que se encuadraban en las rendiciones en categorías amplias como materiales, indumentaria e insumos, como también maquinaria, herramientas y equipamiento. Para Casanello la maniobra respondía a un circuito establecido para ocultar y desviar el dinero.
Los números cuestionados
El Polo Obrero -sostiene el procesamiento- firmó tres acuerdos en junio de 2020, 2021 y 2022 y los subsidios se concretaron en cuatro pagos a través de transferencias bancarias. La primera fue de 75 millones de pesos, la segunda de 37,5 millones de pesos, le siguió otra -ya en 2022- de 36,2 millones y en enero de 2023, un último pago de 37,5 millones de pesos.
La Cooperativa de Trabajo El Resplandor firmó dos acuerdos en junio de 2021 y diciembre de 2022. Fueron tres los desembolsos que se hicieron a favor de dicha organización: dos de 37,5 millones de pesos y el último en enero de 2023, por 99.900.000 pesos.
El juzgado de Casanello detectó irregularidades en la rendición de ese dinero, que los responsables de las organizaciones sociales debían presentar ante la entonces Secretaría de Economía Social.
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