El magistrado norteño no seguirá en el caso por el violento homicidio de «Oreja» Martínez. Según lo resuelto por Impugnación, no fue imparcial a la hora de dictaminar en sus funciones.
Un nuevo juez fue apartado de sus funciones en Salta. Otro magistrado más fue acusado por no desempeñar de manera correcta sus tareas. La semana pasada se dio a conocer lo resuelto por la Sala III del Tribunal de Impugnación en una causa penal. El magistrado norteño que se encuentra o estaba bajo la lupa es Francisco Oyarzú, quien fue apartado de la causa en la que se investiga el homicidio de César «Oreja» Martínez en Orán.
El viernes pasado el juez Pablo Mariño, de la Sala III del Tribunal de Impugnación, resolvió y notificó a los fiscales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte respecto a un recurso de apelación que dichos investigadores habían interpuesto.
Resolución que por un lado permitió seguir con la investigación en el caso por el crimen de «Oreja» Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, hecho ocurrido en noviembre del año pasado, y por otro lado desde dicha sala resolvieron apartar al magistrado de Garantías mencionado.
El juez Pablo Mariño hizo lugar a la presentación del Ministerio Publico Fiscal que solicitaba la ampliación de los allanamiento denegados por el juez de Garantías, también dispuso el apartamiento del magistrado Francisco Oyarzú, al considerar que existen circunstancias de gravedad objetiva que atentan contra la imparcialidad con la que debe dictaminar en sus funciones, luego de que de manera sistemática rechazara los pedidos de diligencias de la Unidad Fiscal, generando dilaciones indebidas que perjudicaron la investigación.
Tanto los Fiscales de la Unidad en su recurso, como el juez del Tribunal de Impugnación, en su sentencia, resaltaron la demoras que tuvo que enfrentar la actividad de investigación. Se tiene en cuenta que los allanamientos habían sido solicitados el 9 de abril de 2024 y por la negativa del juez Oyarzú y merced a la actividad recursiva de los fiscales recién pudieron ejecutarse casi dos meses después.
Cabe resaltar que en esta investigación, en fecha 25 de enero de 2024 el juez Oyarzú había negado a los fiscales de la Unidad la autorización para extraer datos de un celular secuestrado, supuestamente utilizado por la víctima. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por un recurso de apelación interpuesto por los Fiscales de la Unidad, también resuelto favorablemente por el Tribunal de Impugnación en fecha 21 de marzo de 2024, retrasando la investigación por casi dos meses.
Por último, el Tribunal de Impugnación apartó al juez del conocimiento de la causa, resaltando que se trata de un hecho particularmente grave al entender que: «Es dable destacar que el hecho investigado refiere a un homicidio calificado, dado que cuatro masculinos, con el rostro tapado, desplazándose en dos motos, lograron herir mortalmente a la víctima, usando para ello armas de fuego y disparando en reiteradas ocasiones contra aquel, y todo esto mientras Martínez se encontraba a disposición de un juez de la provincia, puesto que el asesinato ocurrió en la vereda de la vivienda de su hermana mientras cumplía prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por una causa en su contra».
Más allá de un «remedio procesal»
Si bien suele pasar que recusen o un juez se inhiba, tratándose de un «remedio procesal», lo grave es que en esta oportunidad el magistrado fue recusado por falta de imparcialidad. Hubo una demora al parecer innecesaria que ante la gravedad del hecho es al menos llamativa, afectando a la justicia oportuna y a la celeridad procesal. Hace unos meses, cabe recordar, el ahora exjuez Edgardo Laurenci fue «premiado» con una importante jubilación pese a ser cuestionado por dejar escapar al sicario Lino Moreno, sindicado autor del crimen de Liliana Ledesma.
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