Los problemas comenzaron tras un desorden interno en el edificio donde los detenidos exigían tener visitas de sus familiares y privadas. En el exterior, familiares protestaron y acusaron a la Policía de introducir droga y celulares.
Serios incidentes se registraron alrededor de las 13.30 en la Comisaría Nº 3 de Tartagal, ubicada en pleno centro de la ciudad norteña. Un grupo de familiares de detenidos se congregó en la puerta de la unidad para protestar, lo que derivó en una situación de extrema tensión. La crisis alcanzó su punto máximo cuando una joven amenazó con rociarse con un bidón de combustible, lo que alarmó a los presentes y al personal policial.
El origen de la protesta se remonta a los desórdenes ocurridos momentos antes dentro de las celdas de la comisaría. Según la policía, los detenidos habían protagonizado disturbios, incluyendo la quema de colchones. Trascendió que uno de los reclusos, un paciente con VIH, se lesionó intencionalmente y amenazó con arrojar sangre a los demás, lo que provocó que los otros detenidos lo amarraran en el patio hasta que fue trasladado por el personal policial.
Los internos exigían ser visitados por sus familiares, en especial por sus parejas, dentro de las celdas, algo que las autoridades consideran inviable por razones de seguridad, espacio y salubridad. La comisaría, diseñada para albergar a 25 personas, actualmente tiene a 60 detenidos, lo que agrava la situación de hacinamiento y falta de condiciones adecuadas para visitas privadas.
Ante la creciente tensión, el personal policial procedió a trasladar a los detenidos más exaltados al hospital Juan Domingo Perón para recibir atención médica. Posteriormente, estos reclusos fueron reubicados en otras dependencias para restablecer el orden en la Comisaría Nº 3. Este procedimiento de contención y traslado se extendió durante varias horas.
Fuerte denuncia contra la Policía
Mientras tanto, en el exterior de la comisaría, las mujeres familiares de los detenidos reclamaban no solo por las condiciones de visita, sino también denunciaban que los problemas dentro de la comisaría eran exacerbados por el ingreso de drogas, pastillas y celulares, facilitado presuntamente por el propio personal policial. Una joven con un bebé en brazos, respaldada por otras mujeres, acusó a los efectivos de permitir el ingreso de sustancias prohibidas y dispositivos móviles a cambio de pagos que oscilan entre 30 y 40 mil pesos.
«Los problemas dentro de la comisaría se podrían terminar si los mismos policías no dejaran pasar drogas, pastillas o celulares. Son los mismos policías que están sentados ahí y que todos conocemos», denunció la joven; mientras que el segundo jefe de la Comisaría 3, Roque Maidana, visiblemente molesto, las invitó a formalizar sus denuncias.
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