Es sólo por los fraudes, subsidios sin control, compras irregulares y otros delitos supuestamente cometidos desde el viejo ministerio de Desarrollo Social. Fueron identificados en 14 denuncias formuladas por la cartera que dirige Sandra Pettovello.
Comedores inexistentes, desvíos de fondos de programas sociales y de “salud popular”, extorsiones por parte de piqueteros, insumos cuyo paradero se desconocen, guardapolvos que no se compraron, compras de medicamentos de forma irregular, transferencias de subsidios sin rendición o beneficios ilegítimos a movimientos sociales son algunos de los ejes centrales de las 14 denuncias que el ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, presentó en Comodoro Py. Estiman que el perjuicio ocasionado al Estado durante el gobierno de Alberto Fernández sería de 17.000 millones de pesos.
Los delitos que se reiteran en las denuncias presentadas por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano son administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y otras acusaciones que responden a posibles direccionamientos en la selección de proveedores, falta de rendición de fondos.
Cada una de las causas radicadas en Comodoro Py, con diferentes jueces y fiscales, tienen un común denominador: bajo la lupa están diversos funcionarios del extinto ministerio de Desarrollo Social que condujo Victoria Tolosa Paz.
A la hora de estimar a cuánto ascendería el perjuicio que se habría ocasionado con la suma de las perjuicios causados por maniobras denunciadas, en Capital Humano indican que 16.939.964.000,06 de pesos.
La cifra, según explicaron fuentes oficiales a Clarín, podría ser aún superior porque hay investigaciones en las que aún debe determinarse el daño ocasionado.
Un planteo reiterado en las denuncias que cotejó este diario, indica: “La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”.
Las presentaciones judiciales sostienen que se aplicaron fondos millonarios «de forma direccionada», en «beneficio de algunos funcionarios». También se recrimina la utilización de planes de ayuda social, programas contra la pobreza, políticas educativas «para desviar fondos», y todo atravesado por la «falta de controles de fondos públicos».
Un listado muy variado
Los ejemplos son diversos y todos incluyen cifras millonarias. Como contó Clarín recientemente, se denunció la desaparición de 174 notebooks que representan 290 millones de pesos. También bajo la lupa hay subsidios otorgados desde el área de infancia “sin justificación ni rendición”, por 11.642.400 pesos.
Otras de las principales denuncias es la que se radicó contra Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y ex funcionario de Alberto Fernández, por haber favorecido a dos cooperativas con el envío de fondo de Desarrollo Social, por 473.347.050 pesos. Se trata de La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA.
Las 14 denuncias formuladas por Capital Humano, en estadísticas, representan un promedio de cuatro presentaciones por mes, “denunciando graves hechos de administración fraudulenta por montos billonarios en pesos”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
Son variados los hechos llevados ante la justicia penal, entre ellos se encuentra la entrega de subsidios a Cooperativas para la compra de guardapolvos. Son entregas de dinero por 5.500 millones de pesos “para obtener 1,3 millones de guardapolvos, pero sólo se recibieron 750 mil guardapolvos, el 47% de lo acordado, es decir hay 600.000 guardapolvos pagados que no fueron entregados”. La denuncia penal sostiene que hay desembolsos pendientes por 1.100 millones de pesos, que “equivalen a unos 250.000 guardapolvos”. El agravante es la falta de control y los plazos vencidos y prorrogados para muchas de las entregas. «La entrega del dinero era por etapas a medidas que se entregaba la mercadería, pero acá no se entregaba y se seguía erogando igual», detallaron a Clarín.
En ese caso, desde Capital Humano detectaron un «modus operandi» que se replicó en 29 cooperativas.
Otra de las denuncias presentadas por Capital Humano expone presuntas irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos y para HIV-SIDA, que involucra fondos por 65.289.274.180 pesos.
La presentación judicial es resultado de una auditoría interna que expuso una “sistemática falta de controles en la compra de medicamentos costosísimos que posibilitó la adquisición de esos insumos con sobreprecios a través de compras dirigidas, selección antojadiza de proveedores y presupuestos informales”, indica la presentación.
Las presentaciones formuladas por el ministerio que dirige Sandra Pettovello incluyen las irregularidades bajo investigación en la contratación de pólizas de seguros. En ese expediente el principal imputado por presuntos hechos de corrupción, es el ex presidente Alberto Fernández.
En este caso la denuncia presentada significó una ampliación de la imputación contra el ex jefe de Estado. El área legal de Capital Humano lo denunció por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado. “Existió un perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros en el marco de la operatoria ‘Créditos ANSES’ (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)”.
Hay que recordar que en esta causa se investiga un decreto de Fernández, que obligaba a los organismos estatales a contratar exclusivamente a Nación Seguros en la segunda etapa de la operación participaron brokers. Esta intermediación es la que, entre otros aspectos, está bajo investigación.
La ANSES fue el segundo de los organismos públicos que más fondos desembolsó en concepto de comisiones a los intermediarios: 463.837.349 pesos, según la auditoría de Nación Seguros realizada por la actual administración.
El circuito de otorgamiento de Becas Educativas del Programa Respaldo a estudiantes también conforma el listado de denuncias penales. La falta de control en el otorgamiento de estos beneficios económicos es una de las maniobras denunciadas y que apunta a ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.
Bajo sospecha se colocó el manejo de fondos por 341 millones de dólares “asignados específicamente a las Becas Progresar en cuestión”, expone la denuncia penal. Ese préstamos internacional que apareció en la auditoría iniciada por el gobierno del presidente Javier Milei “no fue debidamente auditado por autoridad nacional alguna, lo que resulta a todas luces un marco ideal para la consumación de delitos en perjuicio del erario público”, expresó el área letrada de Capital Humano. El préstamos fue concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La administración de Pettovello cuestiona no sólo el manejo de los fondos sino la utilización de planes y programas, como en este caso, que tenían la finalidad de de “fomentar la escolarización obligatoria y que los alumnos más carenciados puedan terminar sus estudios”.
Con cifras millonarias, también, se puso en duda los fondos destinados a comedores y merenderos en el marco de un plan alimentario contra la pobreza y el hambre que puso en marcha en julio de 2020 el ex presidente Alberto Fernández.
El «Plan Nacional Argentina contra el Hambre» debía garantizar el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios. El relevamiento de la actual gestión arrojó que el 50% de los comedores registrados «eran inexistentes» y uno «funcionaba en un barrio privado».
El programa que creó el gobierno de Alberto Fernández y que funcionaba bajo la órbita del extinto Ministerio de Desarrollo Social, tenía por objeto garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y debía, en teoría, permitir el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.
Fuentes oficiales explicaron a Clarín que en los casos denunciados «hay un común denominador, que es la erogación de fondos por parte del Estado sin ningún tipo de control respecto a si ese dinero se usaba correctamente, si se aplicaba a lo que correspondía, porque tampoco había rendición de los fondos por parte de los beneficiarios». En este punto último refieren a cooperativas, asociaciones, ONG’s, entre otras.
Los casos consignados en las 14 denuncias revelan «un sistema armado para esto, partidas de fondos enormes sin control, un sistema cerrado para que no se sepa» y en este sentido fuentes oficiales realizaron otra definición: «el ministerio era un armado político, la casa de las organizaciones sociales que manejan fondos sin control».
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