Pablo Otero es dueño de Tabacalera Sarandí y se hizo millonario en pocos años. Con la ventaja impositiva, ya posee cerca del 40% de mercado de cigarrillos.
En una solicitada publicada en El Cronista es lunes, Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y conocido como el «Señor del Tabaco», reconoció que no paga un impuesto clave con su compañía, lo que le permitió vender más barato y crecer en el mercado de los cigarrillos, donde ya tendría el 40% del total.
«El no pago del impuesto mínimo se sustenta en las sentencias dictadas por el Poder Judicial, que lo han declarado inconstitucional», dice en uno de los párrafos Otero, que acusa a la prensa de «omitir» información para presuntamente perjudicarlo.
Las tabacaleras que compiten contra Sarandí denuncian competencia desleal, teniendo en cuenta que la mayor parte del precio de los cigarrillos corresponde a impuestos.
«La distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point $ 625, Master $ 568, Kiel $ 525; mientras sus productos se comercializan alrededor de $ 1.000 a $ 1.200 en los kioscos. Es decir, un 50% del precio de venta al público, entre $ 600 y $ 700 por atado, los ganan de manera informal y por fuera de la Ley», sostuvo una fuente que cuestiona duramente al «Señor del Tabaco».
Para equiparar esta situación, el Gobierno de Javier Milei había incluido varios artículos en el nuevo proyecto de la Ley Bases, pero los que se referían al negocio tabacalero luego fueron retirados. La movida confirma la influencia del lobby de Otero entre jueces y políticos. Según un informe de la consultora Abeceb, hubo una «pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023».
El argumento de Otero es que el impuesto mínimo afecta a las pymes en su competencia contra las grandes tabacaleras. Y él se ubica en rol de empresario pyme, pese al volumen de mercado que maneja. Según datos de la Unidad Antilavado (UIF) que reveló La Nación, pasó de un patrimonio 630.000 dólares en 2013 a otro de casi 10 millones (de la misma moneda) apenas tres años después.
El dato ya lo tiene la Justicia Federal. Para la UIF ese aumento exponencial de su patrimonio proviene justamente de la evasión impositiva y resulta sospechoso.
De la mano del kirchnerismo
La historia de Otero, como viene contando Clarín, es muy polémica. Hace seis años al menos que evade impuestos y su emporio crece. De la mano del kirchnerismo saltó de la distribuidora en Avellaneda que heredó de su papá a tener avión y yate propios.
Para evitar el pago de impuestos, el «Señor del Tabaco» presenta cautelares en el fuero Contencioso Administrativo, donde posee contactos y obtiene fallos a su favor. En un momento, el tema llegó a la Corte, que falló en contra de Otero. Pero él siguió sin pagar. La Corte pidió ver de nuevo el expediente y se especula con que podría haber una nueva decisión.
El abogado de Otero es Maximiliano Rusconi, el exfiscal reclutado por Cristina Kirchner y Lázaro Báez. En enero, Rusconi denunció la Ley Bases por el artículo tabacalero. Argumento: un colaborador de Federico Sturzenegger, uno de sus autores, había sido empleado de Massalin. Rusconi le pidió al juez que habilitara la feria para tratar el tema. El juez es Ariel Lijo, el mismo al que Milei y Lorenzetti intentan ahora subir a la Corte.
Como Cristóbal López, que se expandió esquivando impuestos con los K, Otero armó un imperio y reparte mucha plata. Uno de sus alfiles es Carlos Castagneto, administrador de la AFIP con Alberto Fernández y quien demoró el cumplimiento de la sentencia de la Corte para que Otero pague.
Ahora Castagneto es diputado y batalló para tachar el cambio a la ley de tabaco. Lo acompañaron Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, y hasta un mileista: el salteño Carlos Zapata.
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