Las jornadas se realizarán en Iruya y en la ciudad de Salta. La UDEC presentará las pruebas reunidas durante la investigación y que sustentan la acusación del Ministerio Público Fiscal.
En la Sala 1 del Tribunal de Juicio tendrá lugar a partir el 1 de marzo a las 8:30 la audiencia de debate contra el exintendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, por los delitos de peculado en dos hechos, en calidad de autor y en concurso real.
De acuerdo a lo estipulado por el Poder Judicial, el 1 y el 4 de marzo, las audiencias se realizarán en la Sala 1 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, mientras que los días 5 y 6 de marzo, las audiencias se desarrollarán en Iruya.
Durante la primera audiencia, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, expondrá los delitos que el Ministerio Público Fiscal le imputa a Soto y presentará a lo largo de las jornadas las pruebas reunidas durante la investigación penal.
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
La fiscal Salinas Odorisio sostiene que el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya, emitió el 06 de diciembre de 2019 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09 de diciembre de 2019, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por siguiente gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya.
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC considera que el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.
Según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del exintendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente.
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