La Cámara de Casación comenzará este lunes con un cronograma de seis audiencias ante las apelaciones de los acusados y el Ministerio Público. Los fiscales insisten en que se condene a la ex vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita
Este lunes inicia una etapa clave en la causa Vialidad. La Cámara de Casación comenzará las audiencias, seis en total, para después analizar la sentencia condenatoria que recibió Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, entre otros acusados. La causa investigó el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral y el Tribunal de juicio determinó que los 51 contratos fueron adjudicados con todo tipo de irregularidades, entre ellas simulaciones de los procesos licitatorios, sobrecostos, falta de controles. El perjuicio se contabilizó en 80.000 millones de pesos. La ex vicepresidenta como todos los imputados insisten en su inocencia y piden la nulidad de la condena.
Pese a que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de forma unánime, encontró a Cristina Kirchner responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, otorgándole una pena de seis años de prisión, aquella no es la palabra final sobre este caso. La sentencia comenzará a ser analizada por la instancia superior, en esta etapa la Cámara de Casación.
La revisión se lleva adelante porque todos los imputados apelaron el criterio del TOF 2 y pidieron que se revoque la sentencia acusatoria. Junto a esas apelaciones hay otra por parte del Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes consideraron que -tal como alegaron en el pedido de condena- Cristina Kirchner es responsable también del delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Esto elevaría la pena a doce años de cárcel, el doble de la condena fijada por el Tribunal.
La responsable de analizar estos planteos es la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal y una vez que concluya la seguidilla de audiencias previstas a partir de este lunes 26 de febrero, estará en condiciones de pronunciarse al respecto.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña podrán confirmar la condena dictada por el TOF 2, modificarla en caso de considerar que debe sumarse el delito pedido por la fiscalía, o bien, atender el reclamo de los imputados y revocar lo resuelto por el Tribunal de juicio.
Esta instancia de revisión de la condena por administración fraudulenta, Cristina Kirchner la afrontará sin fueros parlamentarios. De todos modos, sea cual sea el fallo del máximo tribunal penal, la palabra final quedará en manos de la Corte Suprema. Hasta que eso no ocurra el fallo no tendrá firmeza y por lo tanto, no es de cumplimiento efectivo.
La fiscalía insiste con la asociación ilícita
El primero en exponer ante los magistrados, será el fiscal ante el máximo tribunal penal, Mario Villar quien sostuvo la apelación de su par de juicio, Diego Luciani. Pedirá durante su exposición, que la ex vicepresidenta sea condenada a doce años de cárcel al entender, que también es responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefa.
Será la columna vertebral de su planteo, basado en que cada una de las 51 licitaciones que le fueron adjudicadas a Lázaro Báez constituyen hechos individuales de corrupción, “no son un solo o único hecho del delito de administración fraudulenta contra la administración pública nacional».
En otras palabras: los fiscales sostienen que se cumplen los requisitos impuestos por el Código para responsabilizar a Cristina, también, del delito de asociación ilícita en carácter de jefa.
Lo que remarcará el fiscal Villar durante la audiencia, es que la estructura montada desde el Estado, para beneficiar con el 86% de los contratos licitados en Santa Cruz al mismo holding empresarial, respondió a una asociación ilícita piramidal. En la jerarquía de la misma estaban los ex jefes de Estado “como jefes de la asociación; y diversos funcionarios públicos la integraron y la organizaron de manera de ejecutar los aportes necesarios para llevar a cabo la maniobra».
Puntos clave
Al analizar los elementos requeridos para una asociación ilícita, en el planteo de la fiscalía se señaló que “todo esto se concretó paralelamente al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y del poder político que ejercían», la finalidad de todo era «detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero».
La explicación que sustenta la acusación de la asociación ilícita también señala que para lograr que la misma funcione, «se eligió la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y, así, se direccionó la obra pública de esa provincia a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de este y su esposa en negocios y contratos privados obscenos».
Por otro lado, los argumentos señalan que no fue una única administración sino tres las presidencias durante las cuales se ejecutaron los hechos. “Entonces, si se consideran los tres períodos presidenciales involucrados en el presente expediente, no existiría otra posibilidad que evaluar tres administraciones patrimoniales distintas», entienden los fiscales.
Para la fiscalía los imputados planificaron realizar todos los delitos que fueren necesarios “para poder hacerse del dinero destinado a la obra pública, a través de una organización. aprovechando sus posiciones como funcionarios y así desviar los fondos».
El cronograma de audiencias
Además de Cristina Kirchner hay otros once imputados que buscan revertir ante la Casación la condena recibida en diciembre de 2022. El 7 de marzo será el turno de la defensa de la ex vice y también de José López.
El 25 de marzo será el turno de la defensa de Lázaro Báez y del ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. Recién el 4 de abril se realizará la última audiencia, en la que expondrá la defensa de Julio De Vido uno de los absueltos. Entonces, comenzará a correr el plazo para que el máximo tribunal penal se pronuncie sobre el caso.
En ese juicio oral se los encontró culpables de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena más alta la recibieron la vicepresidenta y su ex socio comercial y dueño de Austral Construcciones. Por unanimidad el Tribunal les aplicó seis años de prisión a cada uno.
El voto del Tribunal se dividió respecto a la calificación de asociación ilícita, criterio que dándole la razón a Luciani, sostuvo en su voto el juez Andrés Basso. Consideró que existieron a lo largo del juicio, pruebas suficientes para acusar a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.
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