El reajuste según el índice de movilidad actual rondaría entre 26,5% y 30%, según estimaciones basadas en los datos conocidos hasta ahora; hay incertidumbre con respecto a qué decisión tomará el Gobierno, luego de que dos propuestas de cambio fueron rechazadas en el Congreso; se profundiza el deterioro de los ingresos reales.
El reajuste de las jubilaciones y pensiones del sistema general a cargo de la Anses sería en marzo de entre 26,5% y 30%, en caso de aplicarse la fórmula de movilidad actual y según estimaciones basadas en la variación de la recaudación de impuestos que van a la Anses y del índice salarial Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que en el cuarto trimestre de 2023 avanzó un 28,6%, frente a una inflación que en el período trepó a 53,3%, según los datos publicados en la tarde de este martes por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En rigor, para obtener el resultado exacto de la fórmula aún falta que se conozca un dato estadístico, que, de acuerdo con el calendario oficial, será difundido el próximo viernes por el Indec. Pero los economistas estiman que difícilmente supere el 30% el índice que define los incrementos de las jubilaciones.
Si no se da un aumento adicional, con ese nivel de reajuste los haberes previsionales profundizarán fuertemente la pérdida de poder adquisitivo que vienen registrando en los últimos años. Solo en 2023 y aun con el pago de bonos –que alcanza únicamente a quienes tienen los ingresos más bajos del sistema-, las caídas de poder adquisitivo fueron de entre 14,2% y 37,4%, tal como informó LA NACION días atrás.
Para el actual primer trimestre del año la proyección promedio, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central, indica que la inflación llegaría a alrededor de 60%. Así, el deterioro de los haberes reales en tan solo tres meses sería de un nivel cercano al 20%.
La fórmula de actualizaciones que está vigente desde 2021 se basa en la variación trimestral de los salarios y en la evolución interanual, observada en un trimestre determinado, de la recaudación de los impuestos, medida por beneficio, que se derivan total o parcialmente a los pagos a cargo de la Anses. En lo que se refiere a los ingresos laborales, se considera uno de dos índices: el Ripte ,o el de salarios que publica el instituto oficial de estadística (de ambos, el que arroje la mayor variación en el período de referencia que, en este caso, es el cuarto trimestre de 2023). Para que sea utilizado el registro del Indec –que incluye estimaciones de ingresos de los trabajadores no registrados- y no el de salarios formales y estables, el dato de diciembre debería dar 9% o más.
Si la variación del Ripte supera efectivamente a la del índice de salarios del Indec, estima el economista especializado en seguridad social Sergio Rottenschweiler, la suba por movilidad sería de 26,85%.
Para el Ieral de Fundación Mediterránea, el índice se ubicaría entre 28% y 29%. El cálculo del 28% es con el uso del Ripte, que resultó más bajo que lo esperado por los analistas. Si bien se trata de un indicador que no necesariamente refleja la evolución de los salarios del sector registrado de la economía (dadas las particularidades que tiene su construcción), el porcentaje de diciembre, de 8,3%, resulta muy escaso frente al alza promedio de precios del mes, que fue de 25,5%.
Esa variación implica una caída del valor del indicador, en términos reales, de casi un 14% en solo un mes, según destaca el economista Rafael Rofman, investigador de Protección Social en el Cippec, quien estima que la suba de haberes del mes próximo estaría en torno al 29,5%.
Un escenario incierto
En rigor, ya transcurriendo el segundo mes de 2024 no está claro qué ocurrirá este año con las subas de los haberes jubilatorios de la Anses. La primera propuesta del gobierno de Javier Milei, incluida en el texto original de la ley de bases, fue que se eliminara la fórmula de la ley 27.705 (la actual) y que se habilitara el otorgamiento de aumentos discrecionales y por decreto, sin plazo; además, se le pedía al Congreso que se le dieran facultades al Poder Ejecutivo para aprobar en algún momento no definido una nueva fórmula que rigiera de manera permanente.
Como resultaba imposible reunir votos para que se aprobaran esas propuestas, los artículos fueron quitados y reemplazados por otros, que preveían la aplicación de la fórmula de movilidad actual para marzo y ajustes por inflación a partir de abril. Según la formulación de esa iniciativa, para el primer reajuste por inflación, el de abril, se consideraría la inflación de febrero. De esa manera, además del deterioro que se sumaría por la aplicación de la fórmula en marzo, la recomposición se saltearía enero, un mes con muy alta inflación. Se llegaría, así, al inicio de los reajustes por inflación con una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo, sin ninguna compensación prevista o comprometida. Esta segunda propuesta tampoco logró aval para ser votada y fue eliminada del proyecto.
Mientras tanto, los jubilados y pensionados tienen los mismos ingresos que en diciembre y la suba de precios es una realidad que corre día a día.
En caso de aplicarse, sin más, la fórmula del gobierno anterior, ya sea por la aprobación de una iniciativa en ese sentido o por el hecho de que todo quede tal como está, con lo percibido el mes próximo los jubilados podrán comprar solo alrededor de un 80% de lo que podían adquirir con el ingreso mensual de diciembre último, cuando ya habían sufrido un fuerte deterioro de los ingresos.
En los últimos cuatro años la caída de los haberes reales fue de entre 32,4% y 44,6%, en tanto que desde septiembre de 2017 se acumularon pérdidas de entre 26,2% y 55,4%, dependiendo del nivel de los ingresos.
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