Las intimidaciones contra el gobernador de Santa Fe se repiten desde que ordenó que reagruparan presos de alto perfil de las bandas mafiosas.
Desde que asumió en el cargo de gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y su familia son blanco de graves amenazas, que llevaron a que el mandatario no solo refuerce su seguridad personal, sino que obligó a que su esposa e hijos tengan que salir de Rosario.
El porqué de las amenazas tiene que ver con las medidas que tomó desde el 12 de diciembre Pullaro, cuando ordenó reagrupar los pabellones de alto perfil de la cárcel de Piñero, donde se encuentran alojadas las segundas y terceras líneas de los grupos criminales más importantes de Rosario, como la banda de Los Monos.
Horas después de tomar esa decisión, el gobernador comenzó a sufrir fuertes amenazas que los grupos mafiosos hacen visibles en el lugar donde se producen atentados, como ocurrió en el hospital de Emergencias y la sucursal del banco Macro, dos sitios que fueron baleados.
El fin de semana ocurrió otro hecho de suma gravedad. Tres adolescentes, dos de ellos menores de edad, arrojaron una bomba molotov a un ómnibus de la línea 143 en la zona norte de Rosario. Tras este atentado, la policía hizo un operativo cerrojo y detuvo a los tres adolescentes. Uno de ellos tenía una mochila donde guardaba botellas con nafta y una nota con amenazas al ministro de Seguridad provincial, Pablo Coccocioni. Uno de los mensajes decía: “Coccocio deja de verduguear a los de alto perfil”, en referencia a los presos que pertenecen a bandas criminales que están alojados en pabellones especiales, con mayores controles.
Este lunes se reiteró otra amenaza contra el gobernador. Lo confirmó el propio Pullaro cuando esta mañana explicó ante los periodistas que había recibido una nueva intimidación antes de ingresar a la delegación Rosario del Registro Civil, en Salta al 2800. Según trascendió, la advertencia estaba escrita en un papel que pasaron por debajo de la puerta de la Dirección de Migraciones, en Urquiza e Italia, a primera hora del día.
“Cuando llegaba al Registro Civil, personal del Ministerio de Seguridad me informó sobre una nueva amenaza contra mi familia”, afirmó Pullaro. ”Lamentablemente ya estoy acostumbrado desde que comenzó mi gestión, pero quiero ratificar el rumbo, de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario”, apuntó.
“Seguiremos manteniendo controlados a los detenidos que cometían delitos desde las cárceles, alojados en pabellones de alto perfil. Eso es lo que más molesta. Y avanzaremos para bajar los niveles de violencia y aumentar la seguridad en la ciudad”, señaló el gobernador.
Al ser consultado sobre el tenor que tuvo esta nueva amenaza, Pullaro precisó: “Estaba dirigida hacia mi familia e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo y sucedió hace cinco minutos. Pero no nos van a amedrentar, seguiremos trabajando en ese sentido. El Ministerio de Seguridad está muy sólido en ese sentido”.
Durante la semana pasada trascendió que tras las amenazas la familia de Pullaro debió de salir de Rosario por cuestiones de seguridad. El gobernador santafesino admitió esta situación.
“Mi familia no está en la ciudad. Los primeros quince días estuvieron encerrados. Vivo en un lugar común, pero en la segunda semana salieron de la ciudad y lo seguiremos evaluando hasta que empiecen las clases. Con respecto a mí, yo tengo medidas de seguridad. Que se queden tranquilos, contra mí no van a atentar. Estoy bien cuidado y mis años en el Ministerio de seguridad me permitieron aprender cómo cuidarme de estos delincuentes violentos”, advirtió.
Desde antes de asumir al frente de la gobernación el dirigente radical viene enfrentando intimidaciones. Muchas no se hicieron públicas, pero se investigan en la Fiscalía de Rosario. Pullaro confió a su entorno cercano que estos hechos no van a restringir su actividad ejecutiva. Pero trata de evitar grandes aglomeraciones, donde los dispositivos de seguridad son más complicados de que sean efectivos.
En octubre de 2013, la casa particular del entonces gobernador, el socialista Antonio Bonfatti, fue blanco de un ataque con 21 balazos en momentos en que el mandatario se encontraba viendo televisión con su pareja en el living de su residencia. El hecho provocó una fuerte conmoción porque nadie hasta ese momento se había animado a romper ese límite en la Argentina. A más de una década de ese atentado, en cuya investigación no se pudo identificar al autor intelectual porque Bonfatti retiró la acusación contra quien había confesado haber disparado, los límites se rompen en Rosario con mayor frecuencia.
Desde hace un tiempo las comisarías empezaron a ser blanco de atentados, con disparos y con bombas molotov. El exgobernador Omar Perotti implementó una medida impensada, como vallar las seccionales policiales para evitar que les disparen.
La última semana de diciembre balearon la comisaría 19 de Rosario, donde desde un auto dos hombres dispararon cuatro tiros, que impactaron en las ventanas y en vehículos que estaban estacionados. El atentado se concretó un día después de que Vanesa Barrios, la pareja de Ariel “Guille” Cantero, fuera detenida por llevar adelante una serie de balaceras contra un comercio al que extorsionaba con Mariana Ortigala, una extestigo que está detenida por asociación ilícita.
Balear una comisaría expone la temeridad de los grupos mafiosos y la pasividad de la policía, que pocas veces detiene en flagrancia a los autores. No es algo nuevo.
Si hay una imagen que sintetiza la resignación del Estado frente al avance del narcotráfico es aquella que muestra a las comisarías con vallas blindadas. Ante esta postal aparece como primera reacción la sorpresa, recargada de sentido común: si una seccional policial debe blindarse, donde hay efectivos policiales armados y en teoría preparados para enfrentar delincuentes, qué queda para los ciudadanos comunes.
El escenario actual lleva a naturalizar situaciones que eran impensables y que disparan preguntas: con atentados poco premeditados y sofisticados los grupos narcos dejan expuesto que las fuerzas de seguridad transitan por la misma rusticidad y escasa preparación.
El resultado es que Rosario, una ciudad que suma de manera permanente cicatrices en su trama urbana por los balazos, ya no sabe qué blindar, porque todo puede ser blanco de los disparos: canales de TV, cárceles, tribunales federales y provinciales, el Centro de Justicia Penal, escuelas, casas, negocios, entre otros.
El fenómeno de balear comenzó a fines de mayo de 2018, cuando el líder de Los Monos fue trasladado desde la cárcel de Piñero a la Unidad Penal Nº7, en Resistencia, por orden de la justicia federal. El líder narco pensaba que se iban a complicar sus negocios, porque –en teoría– iba a tener mayores controles en esa unidad penitenciaria en Chaco. Ordenó atacar las casas de los magistrados provinciales y los edificios de la justicia provincial, entre ellos el Centro de Justicia Penal. En setiembre de 2021 fue condenado a 22 años por tramar siete de los diez ataques.
Desde ese momento quedó en claro que con poca logística y dinero –un “soldadito” en moto y con una pistola y sin necesidad de tener demasiada puntería– se podía causar mucho daño al Estado. Provocar terror. Ese método comenzó a ser utilizado por otras organizaciones criminales, y el mensaje “con la mafia no se jode” se transformó en un lema que se puede usar también para obtener dinero, por ejemplo, con extorsiones. Estos fenómenos criminales se multiplican cuando el Estado no logra poner un límite.
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