Así lo comunicó el Ministerio de Capital Humano tras un entrecruzamiento de datos.
A menos de 20 días de haber asumido, el gobierno del presidente Javier Milei dio de baja casi 5.000 planes sociales Potenciar Trabajo por incompatibilidades: sus beneficiarios eran empleados públicos provinciales.
«La investigación, llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan, arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan», señala el comunicado del ministerio de Capital Humano.
«Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz», agrega el comunicado oficial.
El fiscal Marijuan lanzó la investigación sobre eventuales irregularidades en planes sociales en noviembre de 2022. «Parecería increíble que haya una persona que pague Bienes Personales y que esté cobrando un plan; y que haya otro argentino que haya hecho colas y que no acceda aunque lo necesita», aseguró entonces.
«Hubo un entrecruzamiento entre la base de datos del Plan Potenciar Trabajo con personas fallecidas, con los que habrían adquirido dólares y con los que hicieron declaraciones de Bienes Personales y ahí habrían surgido 250 mil inconsistencias», agregó por aquellos días.
La investigación preliminar fue iniciada a principios de noviembre, a partir de los resultados de un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social, que en ese momento conducía la ex ministra y hoy diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz.
El Ministerio de Capital Humano informa que se suspende el pago a 4588 titulares del programa "Potenciar trabajo".
— Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) December 29, 2023
Ese relevamiento concluyó que numerosa cantidad de beneficiarios de planes sociales adquirieron dólares a precio oficial.
Esta semana, la ministra Sandra Pettovello avanzó con la iniciativa de publicar una resolución que dé la baja a los 8.538 beneficiarios de planes que también cobran un salario como empleados públicos provinciales. Este viernes empezaron por 4.588. Mientras, el Gobierno avanza con el traslado del resto de los planes a la órbita de la Secretaría de Trabajo, hoy conducida por Omar Yasín.
La investigación de planes y beneficiarios irregulares fue un punto de conflicto entre la ministra Tolosa Paz y los movimientos sociales. A fines de 2022, la ahora exfuncionaria señaló que el entrecruzamiento de la base de datos del último Potenciar Trabajo iba a trabajar «con liquidaciones que den cuenta de que todo aquel beneficiario del Potenciar que haya utilizado la herramienta de compra de dólares o mecanismos impositivos -que dan cuenta de una realidad que no tiene que estar dentro del Programa- será suspendido inmediatamente».
«El exministro (de Desarrollo Social Juan) Zabaleta había realizado un pedido de informe al titular de la AFIP, en este caso, al contador Carlos Castagneto, que fue elevado a este Ministerio y que da cuenta todavía de una información estadística que no permite encontrar la nominalidad de esos datos», explicó al respecto Tolosa Paz.
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Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social. Foto: Tomas Cuesta/Reuters
Cómo funciona el plan Potenciar Trabajo
A partir de noviembre de este año, y tras la última actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), los beneficiarios del Potenciar Trabajo recibirán $ 73.000 mensuales.
El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo –como se llama oficialmente la iniciativa- unifica otros dos programas: Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.
«Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica», aseguraba el exministerio de Desarollo Social.
Los titulares del programa pueden optar por cumplir la contraprestación requerida de distintas formas: con participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa.
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