Más de 300 normasFuerte rechazo en el Congreso al megadecreto de Javier Milei: se gesta una mayoría dispuesta a invalidarlo

La medida cosecha duros cuestionamientos en casi todos los bloques de la oposición, salvo Pro; en la UCR y Cambia Federal proponen que se replique total o parcialmente el contenido del DNU en proyectos de ley.

El mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía que dictó el presidente Javier Milei generó tal cimbronazo en el Congreso que todas las fuerzas opositoras, salvo un sector del Frente Pro, se resisten a avalarlo, pudiendo convertirse en la primera gran derrota legislativa del gobierno libertario. Sería un escenario inédito e histórico, ya que hasta el momento ningún DNU fue declarado inválido por ambas cámaras, única forma que tiene el Poder Legislativo de impugnar este tipo de decisiones.

El cuestionamiento hacia el decreto no es tanto por su contenido, sino por las formas. De hecho, los bloques opositores que se muestran más colaborativos con el Gobierno creen que la mayoría de los artículos que contiene el decreto son razonables y necesarios. El problema, a su juicio, es que el Poder Ejecutivo pretende imponer, a tiro de DNU, un nuevo paradigma económico con la derogación y modificación de más de 300 normas, todo esto sin abrirle el juego al Congreso. Las voces, al unísono, advirtieron que el presidente, con esta medida, violenta la división de poderes y avasalla facultades propias del Poder Legislativo.

Puestos en esta encrucijada, los bloques de la UCR, Cambio Federal y distintos bloques provinciales -que se habían comprometido en garantizar la gobernabilidad de la nueva gestión- exploran alternativas para evitar el rechazo liso y llano del decreto, que es la postura que agita el kirchnerismo. Proponen, en concreto, que el Poder Ejecutivo replique el contenido total o parcial del DNU en distintos proyectos de ley para que se debatan en el Congreso.

Esgrimen como antecedente el megadecreto que en febrero de 2018 dictó el expresidente Mauricio Macri que, curiosamente, también apuntaba a “desburocratizar” el Estado: esas medidas introducían unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogaban otras 19. Ante la resistencia que encontró en el Congreso, que al igual que ahora se sintió avasallado en sus facultades, el gobierno de Cambiemos tradujo aquel decreto en tres proyectos de ley. Estas iniciativas terminaron por aprobarse en junio de ese año

El gran interrogante es si Javier Milei está dispuesto a negociar y ceder. Los primeros tanteos ya comenzaron. Por la tarde, los diputados Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El mensaje fue claro: ellos están dispuestos a colaborar con el Gobierno y garantizar la gobernabilidad, pero esta actitud -la de ningunear al Congreso con DNUs- no ayudan. La mejor salida es avanzar por las vías legislativas habituales, recomendaron, y citaron el antecedente de 2018

“La judicialización de las medidas quedaría mucho más acotada y habrá mayor seguridad jurídica; esto último un decreto no lo garantiza”, insistieron.

En el radicalismo, mientras tanto, el debate está en plena ebullición. La mesa nacional del radicalismo, que conduce el senador Martín Lousteau, se expresó crítica del decreto. “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática”, planteó la cúpula de la UCR.

“Frente a la presentación del mega DNU que, con 366 artículos deroga y modifica un sinnúmero de leyes y decretos, la Unión Cívica Radical insta al Presidente a convocar a sesiones extraordinarias con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde, el Parlamento. Esto permitirá debatir todas las iniciativas en profundidad y acompañar aquellas que sean positivas para los argentinos”, expresó el partido en un comunicado.

Esta fuerza, con 34 diputados y 13 senadores, será clave a la hora de definir la suerte del decreto de Milei. Sin embargo, las posiciones sobre cómo encarar esta cuestión están divididas. Los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), quienes hasta ahora guardaron silencio público, son proclives a proponer una instancia de negociación con el Gobierno. Lousteau y Gerardo Morales son más intransigentes.

Declaración de la Mesa Nacional de la UCR sobre el Mega DNU. pic.twitter.com/hIJuXtZCWT

— Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 21, 2023

En el Frente También Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno porteño y referente de un sector de legisladores de Pro en ambas cámaras, cuestionó la decisión del Gobierno de imponer estas reformas por decreto, justamente por su endeblez jurídica. En la misma sintonía se expresó el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan López, quien advirtió que esta metodología de legislar por decreto podría terminar siendo contraproducente para los fines que se propone el presidente Milei.

“No me sorprende tanto que el presidente de la Nación no evalúe la vialidad institucional del DNU, sí me preocupa que no comprenda la precariedad jurídica de las transformaciones que propone- muchas de ellas necesarias- porque de eso depende que el cambio se consolide. Sin seguridad jurídica no habrá confianza”, dijo.

ASÍ NO

La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra…

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2023

El sector que hizo punta con el rechazo absoluto al decreto fue el kirchnerismo. Esta mañana, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), sumó más presión y reclamó la constitución de la comisión bicameral que controla la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. En el mismo sentido se expresó su colega en la Cámara de Diputados, Germán Martínez.

Entre las fuerzas provinciales, los rionegrinos que responden al gobernador Alberto Weretilneck, anticiparon su rechazo. “En principio estamos en contra, sobre todo porque no hay urgencia y necesidad de plantear muchos temas que están en el DNU”, dijo el gobernador, que controla a un senador y a un diputado, en diálogo con LA NACION.

También en el bloque de senadores peronistas díscolos de Unidad Federal hay rechazo. “Un mega DNU no es el camino”, dijo el jefe de la bancada, Carlos Espínola (Corrientes). “La reformar que la Argentina necesita se lograrán con diálogo y consenso democrático”, agregó el legislador, que integraría la comisión bicameral que debe analizar el decreto. Una postura similar esgrimió su compañero de bloque, Edgardo Kueider (Entre Ríos). La tercera integrante del sector, la cordobesa Alejandra Vigo, todavía no se manifestó.

El mecanismo para tratar los decretos de necesidad y urgencia el Congreso, que por vía separada también pueden ser objetados y rechazados por el Poder Judicial, establece que el Poder Ejecutivo debe remitirlos en un plazo de diez días a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que está integrada por 16 miembros (ocho diputados e igual cantidad de senadores) y es la que tiene la facultad de realizar el control de constitucionalidad de la medida. Este cuerpo tiene, a su vez, otros diez días para expedirse. De no hacerlo en ese plazo, el DNU queda habilitado para su tratamiento en ambas cámaras sin necesidad de un dictamen que lo habilite. Para declararlo inválido se requiere su repudio tanto en Diputados como en el Senado.

Tanto en la bicameral como en los recintos el oficialismo de La Libertad Avanza está en minoría ante el resto de las fuerzas con representación parlamentaria. En la comisión apenas si contaría con dos de los 16 miembros. En la Cámara baja, tiene 37 diputados sobre un total de 257; mientras que en el Senado cuenta con apenas 7 de los 72 legisladores que lo integran.