“Resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad», dijo el procurador de los fiscales, quien además integrará la Unidad Fiscal que investiga el caso por venta de drogas del penal, entre otros delitos.
Luego de que el juez Diego Rodríguez Pipino le concediera la prisión domiciliaria a siete jefes del Servicio Penitenciario, que son investigados junto a otras 9 personas por exigir dinero a cambio de beneficios a los presos, y permitir el ingreso de elementos prohibidos y drogas al penal de Villa Las Rosas, el procurador Pedro García Castiella cuestionó la decisión del magistrado, y formará parte de la Unidad Fiscal que investiga el caso.
“Resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad, cuando de lo que se trata es de fortalecer ejemplos y paradigmas morales ante quebrantos tan execrables de quienes debieran hacer respetar el orden, la rectitud y la constitución misma por la cual juraron en su condición de funcionarios del Servicio Penitenciario”, dijo el Procurador General.
Castiella trabajará junto a los fiscales
Ante la gravedad de los hechos investigados, Pedro García Castiella dispuso acudir a la figura contemplada en el Art. 32 de la Ley N° 7.328, que permite al Procurador General dentro de sus facultades “Intervenir en forma conjunta con los fiscales, en las causas en trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique”, para de ese modo acompañar a los fiscales ya intervinientes en la Unidad Fiscal, pasando a integrar formalmente la misma.
Los fiscales se mostraron sorprendidos por la decisión tomada hoy por el juez de Garantías 4, en la que determinó el arresto domiciliario de personas con graves acusaciones y participación en los delitos tanto en perjuicio de la Administración pública, como relacionados a la comercialización de estupefacientes
La explicación de los fiscales
“La audiencia fue realizada por un juez que no es el juez natural de la causa, lo que llama poderosamente la atención y esto está relacionado con las improlijidades del Plan Piloto de Oralidad de la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu) que ya nos trajo perjuicios en otras oportunidades. En este caso, y fruto del desorden, a mitad de la audiencia el juez tuvo que llamar a un cuarto intermedio cuando advirtió que en la audiencia no estaban la totalidad de los abogados defensores”, advirtió Salinas Odorisio para luego señalar que “ante la escasez de los argumentos de los defensores, el juez suplió ese rol y terminó dando el beneficio a los imputados, entendiendo que la Fiscalía no probó el peligro de entorpecimiento ni la naturaleza de los hechos”.
Testigos bajo amenazas
La fiscal de UDEC consideró que “en este razonamiento se aleja totalmente de los hechos y del derecho que se debe aplicar, ya que todo se pudo comprobar este de manera exhaustiva, para lo que implica esta instancia del proceso en una investigación activa durante meses, sino que además faltan realizar medidas (programadas para los meses de diciembre y enero), en donde hemos comprobado que existen testigos que están condicionados y que piden declarar con identidad reservada. Obviamente la libertad de los imputados condiciona la declaración de los testigos”
“La red de corrupción de la cárcel sólo presenta un inicio y tiene que ser investigado y el juez se aparta de esto, hasta desconociendo las escalas penales durante la audiencia”, concluyó la fiscal Salinas Odorisio.
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