Autoridades judiciales creen que la policía que realizó operativos en su casa le avisó con anticipación; se dispuso abrir su teléfono el próximo viernes; el juez le atribuye responsabilidad en los ilícitos a las autoridades de la Legislatura.
La justicia dispuso hoy la detención de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ investigado por cobrar con 48 tarjetas de débito el sueldo de otras personas contratadas en la Cámara de Diputados bonaerense. Sin embargo, las autoridades judiciales sospechan que la policía lo está encubriendo, dijeron a LA NACION fuentes del caso.
La policía allanó la vivienda del sospechoso en La Plata, pero no lo pudo encontrar. Se reforzó la custodia en la cuadra de la calle 141, entre la 521 y 522, donde residen Rigau y su familia.
Asimismo, el juez Federico Atencio dispuso que el 20 de octubre se realizará la apertura del celular de Rigau, lo que puede dar una pista de quiénes eran sus jefes y a quiénes enviaba el dinero que cobraba de los empleados de la Legislatura, algunos de los cuales ni sabían que lo eran. Este peritaje es clave, pero los resultados se conocerán recién después de las elecciones del domingo 22.
En un principio la fiscal Betina Lacki había dispuesto abrir el celular el miércoles de la semana pasada. Pero los defensores de Chocolate apelaron la medida. El juez Atencio suspendió el pertitaje dada la apelación. Pero el jueves por la tarde, la Cámara de la Plata, integrada Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, los mismos jueces que habían decidido anclar el caso y liberar a Chocolate, ahora cambiaron de posición.
Los magistrados junto con el juez Fernando Mateo declararon abstracta la apelación de la defensa de Rigau, y notificaron al juez Atencio y a la fiscal Lacki la decisión de la Cámara de Casación que permitió reabrir el caso, que dos ellos (Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo) habían anulado.
Al declarar abstracta la apelación se pudo retomar el peritaje sobre el celular, cuya apertura se realizará el viernes próximo, antes de las elecciones presidenciales.
Rigau buscó mantenerse en libertad durante el proceso y su defensa presentó un pedido de eximición de prisión para poder estar a disposición de la justicia, pagando una caución, pero en sin estar detenido.
Pero el juez Atenció le negó esa eximición de prisión. El magistrado dijo en su resolución que no descarta que “la superioridad jerárquica” de la Cámara de Diputados estuviera al tanto de esta maniobra y que se estaría ante “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.
“No tiene estructura como para esconderse y mantenerse prófugo, va a caer”, dijo uno de los investigadores del caso a LA NACION. Las autoriades confían en que Rigau va a terminar siendo detenido porque alguien va avisar que lo vio. “Nadie es invisble”, dijo uno de los investigadores del caso, que cree que si la propia política, lo protege, lo terminará poniendo a disposición de la justicia.
Por lo pronto los registros migratorios consultados por las autoridades revelan que no salió del país, pero esa afirmación es relativa dada la facilidad con que podría haberse colado por algún paso fronterizo informal o mas permeable para el tránsito de personas ilegalmente.
La detención de Rigau fue pedida por la fiscal Betina Lacki al juez de garantías de La Plata Federico Antencio, luego de que la Cámara de Casación bonaerense revocara la decisión de los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que habían liberado a Chocolate y anulado la causa por defraudación. Esas camaristas dijeron que la policía lo detuvo sin motivo, e invadió su intimidad, cuando fue sorprendido sacando plata de un cajero con medio centenar de tarjetas de débito ajenas.
Chocolate Rigau fue detenido en septiembre pasado cuando cobraba en un cajero automático de La Plata el sueldo de 48 empleados en la legislatura con sus tarjetas de débito. Se le secuestraron las tarjetas y 1.200.000 pesos, además de su teléfono celular.
Los camaristas Villordo y Benites, en un fallo exprés, lo liberaron antes de que la fiscal Lacki pudiera avanzar hacia arriba en la investigación sobre los jefes de Rigau. Pero ayer los jueces de la Cámara de Casación María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini revocaron, en duros términos, la decisión de los camaristas Villordo y Benites que habían admitido un habeas corpus.
Le dijeron que se excedieron en su competencia y actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, la lógica. Para Budiño -en un voto que apoyó Mancini-, los camaristas que habían admitido el habeas corpus, -Benavides y Villordo-, actuaron “excediendo los límites normativos que determinaban su capacidad material de conocimiento y por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”.
Ahora con la causa reabierta, la fiscal Lacki retomó el impulso y pidió la detención de Rigau a la que el juez Atencio hizo lugar. Los abogados del puntero del PJ, que responde a un candidato a concejal platense, presentaron una eximición de prisión, que es un recurso que de ser admitido le hubiera permitido afrontar el proceso en libertad, previo pago de una garantía o caución. Pero el juez Atencio rechazó ese pedido de eximición de prisión y le hizo lugar al pedido de detención que promovió la fiscalía.
Ahora la fiscal también puede avanzar con el resto de la producción de la prueba, incluidas las 20 medidas que ordenó hace una semana que incluyen la declaración de los dueños de las tarjetas de débito y el análisis del celular de Rigau.
Ese peritaje que estaba ordenado para ser realizado el miércoles pasado, se suspendió porque la defensa de Rigau apeló al decisión del juez Atencio de ordenarlo. Pero con la declaración abstracta de esa apelación se restableció esta orden y el estudio se realizará el 20 de octubre, dijeron a LA NACION fuentes del caso. Ese teléfono tiene centenares de contactos y grupos de WhatsApp de los que siguen en la cadena de responsabilidades a Rigau.
A la hora de rechazar la eximición de prisión de Rigau, Atencio consideró que está acusado de defraudaciones reiteradas -con 177 hechos consumados y 45 hechos tentados-. La escala penal implica que en caso de ser condenado la pena supera ampliamente los ocho años de prisión. A pesar de que el mínimo permite una ejecución condicional de la pena, el juez entendió que las condiciones personales de Rigau no hacen posible otorgarle el beneficio.
“La extensión del daño causado y las aristas que permiten analizar la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo. Es que, si de presagiar se trata, analizados los hechos en el marco de la sana crítica, esto es, interpretados del modo en que normalmente suceden, la significativa cantidad de tarjetas utilizadas y el alto monto de dinero que con ellas fuera extraído, no pudo escapar -cuando menos- del conocimiento de la superioridad jerárquica del organismo en el que el prevenido presta servicios, lo que posibilitaría además que, con el devenir de la pesquisa, se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”, escribió Atencio.
Por eso, por los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento del caso, y dado las jerarquías implicadas es que el juez rechazó los pedidos de la defensa de Rigau para que siga en libertad.
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