No es la mejor semana para el exministro bonaerense e intendente licenciado en Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Al escándalo desatado por las fotos y videos de su viaje con la modelo Sofía Clerici en un yate por el Mediterráneo y las inmediatas denuncias judiciales en su contra, la primera de ellas no promete alivio al navegante: el fiscal Sergio Mola acaba de imputarlo por lavado de dinero.
Mola es uno de los fiscales federales de Lomas, pero quienes no están acostumbrados al trajín judicial lo recordarán por su labor junto a Diego Luciani como acusador ante el Tribunal Oral Federal 2 porteño en el caso Vialidad, que terminó con la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su socio Lázaro Báez.
La imputación de uno de los hombres claves en el sistema de poder peronista de la provincia de Buenos Aires alimenta un fantasma que asusta en el oficialismo: que la cadena de hechos de corrupción flagrantes en el distrito tenga consecuencias electorales el próximo domingo 22.
El representante del Ministerio Público fiscal impulsó una de las denuncias presentadas en el distrito gobernado por Insaurralde, y también pidió que sea apartado del caso el juez Federico Villena, uno de los dos magistrados federales del distrito y a quien se le atribuyen supuestos lazos personales con el denunciado tripulante del yate Bandido.
Un dato está confirmado: la primera exesposa de Insaurralde, Liana Toledo, es prosecretaria del juzgado de Villena, lo que a criterio de Mola abona “un temor fundado de parcialidad”. En los tribunales advierten que Toledo ingresó a esa dependencia en 2003, y Villena recién fue designado allí quince años más tarde.
Mola también desliza su perplejidad por la celeridad con que el abogado Gastón Marano -quien también se hizo conocido como defensor del «copito» Gabriel Carrizo en el caso por el atentado contra Cristina- se presentó en tribunales el mismo sábado en que trascendieron las imágenes de Insaurralde con su acompañante en Europa, y pocas horas antes de que terminara el turno de Villena.
Ahora el juez debe responder si acepta la recusación y se aparta, o si la rechaza y pretende quedarse con la investigación. Si la cede, la recibirá su colega ahora a cargo del juzgado federal 2, Ernesto Kreplak. Si no, la Cámara Federal de La Plata tendrá 72 horas para decidir quién investigará a Insaurralde en su pago chico.
Cerca de Villena aseguran que la relación del juez con el ahora imputado es «social», y que en los próximos días analizará la recusación para decidir si la acepta. Hasta entonces, no impulsará medidas para que eventualmente no sean objetadas si él se aparta o lo desplaza la Cámara.
Mientras tanto, Mola ya pidió un abanico de medidas cuya realización dejaría la causa más que encaminada: desde los movimientos migratorios del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof y su ¿novia? -a quien Marano denunció como supuesta encubridora-, las fechas de los viajes bajo la lupa, y el paquete de datos básicos del «protocolo de investigación patrimonial».
Ese set de datos cuya búsqueda deberá autorizar el juez que finalmente retenga el expediente incluye el levantamiento del secreto fiscal y bancario, pedidos de informes a los registros de la propiedad inmueble y automotor, un análisis impositivo y el cruce de los gastos contra los ingresos declarados: según las declaraciones juradas de bienes de Insaurralde, las respuestas a estas preguntas requerirán de mucho talento y buena voluntad por parte de los funcionarios judiciales para aceptar las explicaciones.
Mola también pidió certificar las causas abiertas contra el imputado en otros juzgados, para reconstruir y ordenar el mapa de las denuncias multiplicadas desde el sábado. De hecho, en el otro juzgado de Lomas también hay otra acusación pendiente, que está en manos de la colega de Mola, Cecilia Incardona.
En la fiscalía lomense recordaban este martes que «la investigación inicial es por lavado, lo que implica que existiría un delito precedente que podría ser la evasión fiscal, aunque no se descarta el enriquecimiento ilícito.»
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