Tras el resultado de una pericia caligráfica, pudo comprobarse que una firma certificada en un contrato de comodato por el funcionario, no corresponde a la damnificada. En la causa hay otras cinco personas imputadas.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, abrió decreto de imputación para el Juez de Paz de esa ciudad en el marco de una investigación que lleva adelante por un caso de estafa y usurpación.
La investigación se inició ante la denuncia de dos personas que llevan adelante un juicio sucesorio por una propiedad heredada. Según los denunciantes, el abogado que los representaba, les retuvo la llave bajo la excusa de esperar que concluya el juicio. Sin embargo, descubrieron que la vivienda está siendo ocupada por terceros, que incluso aluden tener un contrato de comodato.
Por el hecho se imputó de forma provisional a un abogado de 58 años como autor del delito de estafa por abuso de confianza, mientras que un empresario local, su esposa, su cuñada y a una empleada de la familia se los imputó como coautores del delito de usurpación.
En cumplimiento de las medidas dispuestas por la fiscal Sandra Rojas para lograr el esclarecimiento del hecho, se realizó en el Gabinete de Documentología del Departamento de Criminalística del CIF una pericia caligráfica sobre una firma rubricada en el contrato de comodato esgrimido por los acusados y que se pudo verificar que no pertenece a una de las damnificadas.
Estas firmas fueron certificadas por el Juez de Paz de Cafayate, por lo que ante el resultado de la pericia, se amplió el decreto hacia esta persona, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La audiencia de imputación se concretará el próximo viernes.
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