Por un voto de diferencia el cuerpo legislativo aprobó la norma que prevé la regulación de las manifestaciones callejeras. Pasó al Ejecutivo para su promulgación.
Este jueves, la Cámara de Senadores trató sobre tablas el proyecto de ley que prevé la regulación de las protestas sociales, escrito que había recibido media sanción de Diputados el pasado martes.
Tras opiniones divididas, el proyecto fue aprobado con 11 votos a favor y 10 en contra.
Así votaron los senadores:
A favor votaron: Diego Cari de Guachipas, Juan Cruz Curá de Orán, Esteban D´Andrea de Chicoana, Emiliano Durand de Capital, Marcelo García de Anta, Mashur Lapad de Rivadavia, Javier Mónico de Rosario de la Frontera, Sergio Ramos de Rosario de Lerma, Alfredo Sanguino de La Candelaria, Carlos Sanz de Cerrillos y Jorge Soto de La Viña.
En contra votaron: Carlos Ampuero de Santa Victoria, Miguel Calabró de La Caldera, Walter Cruz de Iruya, Hector D´auría de Metán, Sonia Magno de San Carlos, Manuel Pailler de San Martín, Carlos Rosso de Genera Güemes, Leopoldo Salva de Los Andes, Sergio Saldaño de Cafayate y Walter Wayar de Cachi
“Todos son derechos trascendentes que buscamos armonizar y conciliar para que puedan ser ejercidos por los ciudadanos”, aseguró el miembro informante, el senador Javier Mónico – Rosario de la Frontera, ‘Frente de Todos’ – al momento de explicar de qué se trata la norma.
Insistió, asimismo, de que se trata de un proyecto para “armonizar derechos constitucionales de los ciudadanos de nuestra provincia”.
“Esta ley entiende por protesta o manifestación a toda reunión de personas que reclama ante autoridades públicas o entes privados. La autoridad de aplicación resguardará el desarrollo pacífico de la manifestación”, aseguró el legislador.
Indicó Mónico que la norma también busca garantizar la prestación de servicios elementales para el desarrollo de la vida y de la rutina diaria de los salteños, ya que – según el articulado – toda protesta o manifestación deberá ser informada con 24 horas de antelación en la comisaría más cercana para que dicha autoridad tenga conocimiento de que se va a llevar adelante un reclamo.
Además, quienes vayan a manifestarse deben poner en conocimiento de las autoridades el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo estimado del desarrollo, así como el objetivo de la manifestación. “También se deberá marcar quiénes son los organizadores y el objetivo que persiguen”, añadió.
Consideró el senador que la norma respeta la institucionalidad y la división de poderes del Estado, porque luego se le da intervención al poder judicial y al Ministerio Público, “una vez superada la armonización de derechos, que se sigan los caminos correctos para reestablecer la paz social”, dijo.
“La democracia es el sistema de convivencia que hemos elegido para alcanzar objetivos comunes. La democracia es tolerancia, se deben escuchar a las minorías y este proyecto no tiene como objetivo silenciarlas o restringir derechos. El objetivo es armonizar derechos constitucionales de los ciudadanos de nuestra provincia. No se le pide a nadie que restrinja derechos”, finalizó Mónico.
Entre los que se opusieron, el Senador de Los Andes, Leopoldo Salva, se reconoció como legislador que “apoya al Gobernador” pero consideró que “no es el momento”.
“Este Senador apoyó y apoya a este Gobernador, y todos los vecinos de mi pueblo lo saben, pero en esta oportunidad, tratando este proyecto, no estoy de acuerdo, no es el momento, estamos viviendo una crisis social en toda la Argentina y hay veces que la única forma que tenemos de salir a pelear los salarios o cualquier otra necesidad es la protesta”, dijo.
Salva adelantó su voto negativo criticando puntos del proyecto tales como la regulación del Ministerio de Seguridad y Justicia como órgano de aplicación y la individualización de responsables u organizadores de las marchas. En otro pasaje de su alocución el legislador puntualizó la decisión al referirse a los parajes distantes donde “lleva tiempo la llegada de un mediadador”.
“Estoy de acuerdo en la mediación, pero me pongo a pensar en lugares donde no tenemos la mediación, imagínese en Salar del Pocitos o Tolar Grande, pueblos que están a 400 km de Capital ¿Cuánto tiempo lleva para que llegue un mediador a la zona?”, cuestionó.
Entre algunas de las otras manifestaciones de los Senadores en contra, Manuel Pailler de San Martin criticó la falta de tratamiento en Comisión, Carlos Ampuero de Santa Victoria apuntó contra Diputados, Walter Cruz de Iruya empoderó las marchas como “herramienta” para solicitar necesidades, Carlos Rosso de General Güemes criticó el tratamiento sobre tablas de algunos proyectos por sobre otros, y Walter Wayar de Cachi consideró el proyecto como “anticonstitucional”.
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