Según reza la letra de la norma se deberá pedir autorización 24 horas antes de realizar la manifestación. La votación tuvo 21 abstenciones.
El proyecto había sido presentado en abril de 2022 y fue reflotado y aprobado este martes en la Cámara de Diputados de la Provincia y pasó en revisión al Senado, que sesionará este jueves.
Legisladores de la oposición e incluso del oficialismo cuestionaron el momento en el que se trató la iniciativa, por lo que hubo 21 abstenciones a la hora de la votación.
La iniciativa fue tratada este martes en medio del conflicto con los sectores autoconvocados de Educación y la Salud, que llevan cuatro semanas de lucha por mejoras laborales y salariales.
Según la letra del proyecto aprobado, el mismo tiene por objeto «conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza».
El tratamiento de la iniciativa sobre tablas provocó un debate en el que muchos legisladores criticaron el momento elegido para considerarlo en alusión a la protesta de docentes y personal de salud autoconvocados.
Por su parte diputados del oficialismo defendieron la iniciativa y remarcaron que permitirá a quienes protestan de hacerlo en un marco de orden y que, al mismo tiempo, garantiza al resto de los ciudadanos el cumplimiento de derechos constitucionales, como el de la libre circulación.
El proyecto, de autoría de las diputadas Socorro Villamayor y Cristina Fiore, establece que «la autoridad de aplicación resguardará el desarrollo pacífico de la protesta o manifestación pública, en la medida que la misma permita el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos; habilite, aunque sea parcialmente la circulación de personas y/o vehículos en una dirección determinada; evite la comisión de delitos tipificados en el código penal durante los actos preparativos, desarrollo o desconcentración de las mismas, incluidos los daños a la propiedad pública o privada; y se haya realizado la correspondiente notificación, conforme lo determinado por la presente Ley».
Según la iniciativa aprobada la manifestación «debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo o ante la autoridad de aplicación», explicitando los detalles de la misma.
Deja sentado, además, que «las protestas o manifestaciones que no cumplan con la norma y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria que será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia».
Más allá de los cuestionamientos y pedidos para que el proyecto vuelva a comisiones de manera de poder ser analizado en detalle, y de que más de una veintena de diputados solicitaron autorización para abstenerse de votar, se avanzó con la votación que resultó positiva para la aprobación del proyecto, que pasó al Senado en revisión.
Socorro Villamayor, una de las autoras de la iniciativa junto a Cristina Fiore, dijo que «el proyecto trata de reglamentar y coordinar distintos derechos constitucionales. De ningún modo prohíbe las manifestaciones sino todo lo contrario, busca garantizar la libre expresión, el derecho a la reunión y a la circulación, evitando que colisionen con derechos de terceros. Buscamos pacificar los conflictos», concluyó la legisladora
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