El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Federico Díaz, Marta Snopek (presidenta) y Mario Juárez Almaraz, condenó hoy a Sergio Salum, Víctor Farfán y Jonatán Garzón a ocho años de prisión por el delito de cultivo de estupefacientes agravada por el número de personas intervinientes.
Cabe recordar que en el caso de Garzón, la calificación legal concurre con el delito de almacenamiento, en razón del secuestro de tres kilos de cogollo de marihuana, droga que fue hallada en el allanamiento de su vivienda, en la localidad jujeña de Monterrico.
La sentencia fue producto de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal general Eduardo José Villalba en la reanudación del debate, tal como lo ordenó este miércoles la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal al confirmar el rechazo de a la recusación interpuesta por la defensa contra la presidenta del tribunal por falta de imparcialidad.
Como sustento de ello, la defensa aludió que la camarista perdió independencia jurídica al condenar a otros tres acusados (Juan Berruezo, Luis Aparicio y César Royo), en el marco de un proceso abreviado, argumento que fue rechazado por el tribunal de alzada.
En su fallo, y tal como lo rebatió la fiscalía en el debate y lo fundo el mismo tribunal de juicio, la Cámara sostuvo que la jueza, en el control de legalidad respectivo, no se refirió a los impugnantes, como tampoco produjo pruebas, pues no se controvirtió ningún aspecto del acuerdo.
Esta mañana, al retomar el debate, el tribunal celebró la disposición de las partes por resolver el conflicto a través de las herramientas prevista por el nuevo Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.
Al respecto, cabe destacar que los once imputados que la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA llevo a juicio, entre ellos los principales eslabones de la cadena delictiva, resultaron condenados a través de acuerdos de juicio abreviado, lo que fue destacado por el fiscal general, quien también destacó la eficacia del sistema acusatorio.
Aunque esta herramienta procesal prácticamente es ya un común denominador en materia de resolución de conflictos en la jurisdicción, el fiscal destacó su aplicación en este caso en virtud de la magnitud del mismo, como así también por el grado de complejidad de la investigación llevada adelante.
En ese sentido, se refirió con más detalles al hecho, el que logró descubrirse a partir de la denuncia de un agricultor de la zona, lo que dio pie a una tarea de campo impecable, pues se confirmó la existencia de la plantación de marihuana a cielo abierto más grande del país.
Derrotero del caso
En función de ello, el 4 de febrero del año pasado, la PROCUNAR NOA dirigió el allanamiento de la finca Los Chalchanios, ubicada en la localidad de La Caldera, limítrofe con Jujuy. En el lugar, “había 2.400 plantas con una altura de dos metros, 7.200 plantines listos para su cultivo, 71 kilos de cogollos, 305 gramos de semillas en germinación y tres ladrillos de marihuana prensados, entre otros elementos que hablan por sí solo sobre la envergadura de la empresa ilícita”.
En la finca, los acusados habían dispuesto de todas las herramientas necesarias para el cultivo. “Tenían mochilas fumigadoras, insecticida, fertilizantes, grupos electrógenos, pantallas de calor, picadora y prensadoras; no les faltaba nada, habían pensado en todo, menos en dedicarse a una tarea lícita, que fácilmente podrían haber iniciado, pues se trata de una tierra hermosa”, explicó.
“Para una mayor magnitud, es dable señalar que la finca allanada estaba en condiciones de producir más de un 1.300.000, prácticamente una para cada habitante de Salta”, agregó, a la vez que enfatizó sobre el daño que representó la plantación, el que también estaba dirigido a Jujuy.
Al referirse a las pruebas y el trabajo investigativo, remarcó la tarea excelente del personal del Escuadrón 53 de Gendarmería Nacional y del Grupo Operativo Conjunto NOA, tanto en la tarea de campo como el resto de las diligencias, instancia en que también distinguió la labor de los auxiliares de la PROCUNAR NOA, Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, quienes tuvieron mucho que ver en los acuerdos arribados con las partes.
El primero de ellos, formalizado el 6 de octubre del año pasado, en la audiencia de control de acusación, se homologaron la condena de Tomás y Simón Aparicio, Rodrigo Coronel y José y Gustavo Segovia, en grado de partícipes secundarios, mientras que el 3 de febrero pasado, en un segundo acuerdo, Berruezo (uno de los dueños de la finca), Luis Aparicio y Royo, fueron condenados a 8,6 y 3 años de prisión.
En cuanto a los condenados hoy, el fiscal los describió como los “cabecillas”, pues fueron los que “tenían el dominio total del delito. Salum y Farfán, desde sus casas, dirigían todo, mientras que Garzón era el ejecutor de las órdenes y además, quien sabía todo sobre el cultivo de la droga”.
Fundado el acuerdo, y sin objeciones de la defensa, la presidenta del tribunal interrogó a los tres acusados sobre el mismo, instancias en que cada uno prestó conformidad a las penas propuestas, como así también al decomiso de bienes requerido por la fiscalía, entre los que se mencionaron 9 teléfonos, cuatro IPhone, 175 mil pesos y todas las herramientas y demás elementos utilizados para el cultivo.
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