En la Comisión de DD.HHDura respuesta de la ONU al Gobierno: debe respetar la independencia de la Justicia

Allí comenzó con un duro discurso, donde cargó contra el Poder Judicial e incluso lo comparó con el accionar de la última dictadura militar al hablar del «lawfare».

«Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública», sostuvo Pietragalla, antes de afirmar que «el lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos».

«El único fin que impulsan esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos», lanzó.

En esa línea puso como ejemplo de persecución a la vicepresidenta Cristina Kirchner, recientemente condenada por causas de corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

«Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política», cuestionó el Secretario de Derechos Humanos.

Y agregó: «Mientras se garantiza la impunidad para personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población».

Incluso mencionó la situación de Milagro Sala, a quien consideró que está detenida de manera «arbitraria». «El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», dijo.

Esta insólita presentación rompe con una regla de oro en el ámbito internacional en el sentido de que en este examen, los funcionarios gubernamentales defienden íntegramente la posición de su país frente a las críticas eventuales de la comunidad internacional.

En este caso, el kirchnerismo utiliza el foro para desprestigiar a la Argentina acusando con una dura retórica a los sectores de la oposición política, al poder judicial, a los sectores económicos y a la prensa, de conspirar contra los principios democráticos en el país.

A pesar de las declaraciones de Pietragalla y sus esfuerzos por denunciar el lawfare, y ela accionar de la Justicia, la primera recomendación Consejo de Derechos Humanos para la Argentina es es que respeten la independencia del poder judicial y de los fiscales.

Otros pedidos fueron que Argentina también que mejore las condiciones en las prisiones – garantice la legalidad en el uso de la fuerza y investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales.

El descargo de Pietragalla

El día después de su exposición en Ginebra, el secretario de Derechos humanos publicó un hilo de Twitter donde criticó a los medios por manifestar que la ONU le exigió al Gobierno respetar la independencia de la Justicia.

«En la audiencia hubo representantes de 107 estados, que felicitaron y elogiaron el informe presentado», tuiteó Pietragalla.

Y agrega: «Solo dos estados hicieron mención a la situación de la Justicia en Argentina y fue para recomendarle al Estado que tome medidas para fortalecer la independencia judicial. El recorte y la interpretación de esas dos únicas exposiciones son insólitos».

El ataque contra la Corte

El funcionario también sostuvo que los organismos de derechos humanos de Argentina «apoyan el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de la Justicia» y que «la pérdida de credibilidad del máximo tribunal implica una inadmisible degradación del sistema institucional»

Es por eso que incluso pidió al Consejo de Derechos Humanos que acompañe las distintas medidas del reformar la Justicia, argumentando que está «en jaque el sistema republicano de división de poderes».

«Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativa que procuren fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho del país», agregó.

Los discursos de odio

El informe menciona los llamados discursos de odio, y los vincula con el ataque que sufrió Cristina Kirchner en septiembre de 2022, cuando Fernando Montiel Sapag le gatilló en la cara cuando llegaba a su departamento.

«Debemos llamar la atención del Consejo sobre los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática y que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner», comienza el informe.

Luego responsabiliza a medios y oposición de difundirlos. «Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional», sostiene el texto.

Qué más dice el informe

El Examen Periódico Universal (EPU) es un espacio que permite a debatir la situación de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Allí cada país recibe las “recomendaciones” de los restantes miembros de la comunidad internacional acerca de cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el país bajo examen. No existe ningún otro mecanismo similar en el ámbito de las Naciones Unidas.

En el informe presentado, el Gobierno argentino repasa distintos puntos sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, tales como los procesos de ‘Memoria, verdad y justicia’, los avances en igualdad de género, lucha contra la violencia sexual, acceso a la educación, minorías o manejo de población carcelaria.

También aprovechó el marco para diferenciarse del gobierno de Mauricio Macri respecto a violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad. «A diferencia de la gestión anterior, nuestra Secretaría de Derechos Humanos tiene como uno de sus ejes prioritarios promover un cambio cultural para erradicar la violencia institucional de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», sostuvo.