La entidad manifestó su “gran preocupación” por la ofensiva de la Casa Rosada y advirtió que, de prosperar, el juicio político podría generar reclamos contra el país en organismos internacionales.La avanzada del Gobierno contra la Corte Suprema recibió un nuevo rechazo. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifestó su “gran preocupación” por el pedido de juicio político impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y advirtió que es “inadmisible que se intente remover de sus cargos a los magistrados” en base a sus sentencias y teniendo en cuenta que el máximo tribunal es “el garante final de la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional”. Consideró, además, que juicio político podría generar reclamos contra la Argentina en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
“Si se tiene en cuenta que la Corte Suprema constituye, desde los comienzos mismos de nuestra vida institucional, el garante final de la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, consideramos inadmisible que se intente remover de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema con argumentos que, principalmente, se basan en el contenido de sus sentencias”, advirtió la ADC a través de un comunicado.
La entidad, que desde 1995 trabaja en la defensa y promoción de los derechos civiles y humanos en Argentina y en América Latina y que reúne a académicos y profesionales de alto prestigio en la región, enfatizó que es “incomprensible” que el proyecto de pedido de juicio político enviado por el gobierno de Alberto Fernández al Congreso utilice como base el fallo de la Corte que ordenó restituir a la ciudad de Buenos Aires parte de los fondos de la coparticipación detraídos en 2020.
“Cabe destacar que ese pronunciamiento sigue fielmente la jurisprudencia de la Corte desarrollada bajo gobiernos anteriores”, señala la ADC, para tomar como ejemplo la sentencia de 2015 sobre un planteo de la provincia de Santa Fe y el fallo de 2019 ante una pretensión de Entre Ríos.
“El disenso con las decisiones de los tribunales no puede ser causal de juicio político a menos que se cumpla con los estrictos requisitos del delito de prevaricato (artículo 269 del Código Penal), el cual requeriría que las autoridades judiciales competentes comprueben el ilícito”, remarca la entidad, que reúne en su junta directiva a referentes como Hernán Gullco, Alejandro Carrió, Alejandro Segarra, Catalina Smulovitz, María de los Ángeles Baliero de Burundarena, Ana María Mustapic, Adriana Zanutigh y Fernando Basch. En su consejo académico participan, además, Ricardo Gil Lavedra, Eduardo Rivera López, Mabel Alicia De los Santos de Peyrano, Luz María Pagano y Marcos Salt.
La ADC recordó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en una constante jurisprudencia que “el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico.
El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión institucional se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión institucional trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. Asimismo, existe una relación directa entre la dimensión institucional de la independencia judicial y el derecho de los jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones generales de igualdad, como expresión de su garantía de estabilidad”.
“Consideramos que la promoción del presente juicio político no es compatible con los principios nombrados y que su eventual concreción podría ocasionar reclamos contra la República Argentina ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos”, concluyó la ADC.
En su último informe mundial, la organización Human Rights Watch afirmó que el ataque del Poder Ejecutivo argentino hacia la Justicia “socava el Estado de Derecho”. Fue el último eslabón de una cadena de rechazos que unió a entidades académicas y profesionales del derecho, además de organizaciones civiles y cámaras empresariales, como la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Empresarios Argentinos, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y el Foro de Convergencia Económica, entre otras.
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