Fue este domingo. La Policía ya recuperó el control de esos edificios. El operativo de desalojo dejó al menos 400 detenidos.
Grupos radicales habían invadido los edificios de los tres poderes en Brasilia para reclamar una acción militar que destituyera a Lula da Silva, quien asumió hace una semana. El Presidente decretó la «intervención federal» de la capital.
En una explosión de furia que muchos ya comparan con la toma del Capitolio, hace dos años en Washington, centenares de seguidores del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo la sede del Congreso Nacional, el Palacio presidencial y la sede de la Corte Suprema de Brasil en una violenta manifestación que pide una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una semana después de su asunción.
En medio de una gran conmoción dentro y fuera de Brasil, Lula anunció poco más tarde que decretaba la intervención federal en la seguridad en el Distrito Federal (la capital, Brasilia), hasta el 31 enero, y prometió el castigo a los «vándalos» que protagonizaron las tomas.
Luego de más de cuatro horas de máxima tensión, autoridades de Brasil confirmaron que la Policía recuperó el control de los edificios y logró desalojar a los manifestantes, en un operativo que incluyó gases lacrimógenos y enfrentamientos. Hay al menos 400 detenidos.
Con el fin de dispersar a los manifestantes que ingresaron violentamente al Congreso y al Palacio presidencial de Brasil, se desplegó un importante operativo policial.
Una marea de manifestantes vestidos de amarillo y verde -los colores de la bandera y de la campaña de Bolsonaro- asaltó poco después de las 2 de la tarde las sedes de los tres poderes del Estado en la capital brasileña, en un estallido inédito de violencia que desató enseguida una ola de condenas dentro y fuera del país.
El grupo de manifestantes ultraconservadores, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado.
Afuera, en la explanada del edificio, la Policía intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.
Los seguidores más radicales del ex presidente de ultraderecha destruyeron barreras de protección y armados con palos enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes, que poco después irrumpieron también en el Palacio presidencial del Planalto y en el edificio del Supremo Tribunal Federal (STF).
Los manifestantes golpistas rompieron vidrios, cámaras de seguridad, armarios y despachos en el Planalto y el STF, según informó Globo News.
La avalancha de ira logró frenarse varias horas después, cerca de las 19, cuando la policía informó que la situación estaba bajo control en los tres edificios y que cerca de 30 personas habían sido arrestadas.
Lula se mostró indignado
Lula, que asumió la Presidencia de Brasil el pasado 1° de enero, estaba este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en el interior de San Pablo, en una visita prevista desde el viernes para ver zonas de desastre causados por las lluvias.
Desde allí, el mandatario prometió que los autores de semejantes actos de violencia «serán castigados».
La medida regirá hasta el 31 de enero, para restablecer el orden tras «los actos de violencia» con los que seguidores de Jair Bolsonaro tomaron Planalto, la Corte y el Congreso de Brasil.
Visiblemente ofuscado e indignado, el presidente informó que decretó la «intervención federal en la capital» (a la que viajó en horas de la noche) y prometió un pronto castigo para los «vándalos» que tomaron los edificios oficiales, y anunció que volvería a la capital para visitar los sitios atacados.
Además, lanzó duras críticas contra Bolsonaro, de quien dijo que «escapó» para no entregarle la banda presidencial, algo inédito en décadas de democracia en el país.
El dirigente progresista regresó a Brasilia por la noche e inspeccionó los graves destrozos provocados en las sedes de los tres poderes del país. En su última aparición pública del día, Lula dijo que este lunes «retoma labores en el Palacio del Planalto». «Democracia siempre. Buenas noches», tuiteó el presidente.
La violenta situación de este domingo en Brasilia fue comparada con la invasión al Capitolio, el Congreso de Estados Unidos, en enero de 2020 para desconocer la derrota electoral del entonces presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, frente al demócrata Joe Biden.
La respuesta de Jair Bolsonaro
En la noche del domingo, Bolsonaro rompió el silencio y se expresó sobre los incidentes ocurridos en Brasilia. Lo hizo desde Estados Unidos y por Twitter.
El expresidente de Brasil repudió el accionar de los manifestantes y le respondió al actual mandatario, Lula da Silva.
«Las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla», tuiteó.
Y agregó: «A lo largo de mi mandato siempre he estado dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad».
Finalmente, en un último posteo, concluyó: «Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del ejecutivo de Brasil».
Reacción del Partido de los Trabajadores
«Estos actos antidemocráticos deben sufrir el rigor de la ley», afirmó el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante, Gleisi Hoffmann, acusó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, un aliado de Bolsonaro, de haber liberado la zona para permitir el avance de los golpistas.
Cientos de seguidores irrumpieron para pedir una intervención militar para derrocar a Lula.
Los manifestantes estaban en las oficinas de los colaboradores de Lula y rompiendo los objetos a su paso dentro del Planalto, según la televisora CNN Brasil.
El secretario de Seguridad de Brasilia es Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro.
Los manifestantes ocuparon el techo, pero también los jardines adyacentes, incluido el del palacio presidencial de Planalto.
Los manifestantes piden además la prisión de Lula y la vuelta de Bolsonaro al poder, según el diario Estado de Sao Paulo.
Cientos de bolsonaristas radicales acamparon frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro en segunda vuelta.
Desarman los campamentos bolsonaristas
Los campamentos de los bolsonaristas radicales, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios.
El sábado, el ministro de Justicia, Flávio Dino, autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de elite de los cuerpos de Policía de todo el país, que se moviliza para misiones especiales.
En tanto, este domingo, después de los incidentes, un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó la “evacuación y disolución total en un plazo de 24 horas de los campamentos realizados en las inmediaciones del Cuartel General y demás unidades militares para la práctica de actos antidemocráticos y la detención en flagrancia de sus participantes por cometer los delitos” relacionados con “actos de terrorismo, incluidos los actos preparatorios”.
Desde el ajustado triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, con el 50,9% de los votos válidos frente al 49,1% de Bolsonaro, los simpatizantes del presidente se han concentrado en las afueres de los cuarteles del Ejército.
Antes de la invasión del Congreso, Dino se pronunció en las redes sociales y dijo que los opositores deberán esperar hasta 2026, cuando se realicen las próximas elecciones presidenciales, así como el actual gobierno esperó entre 2018 y 2022.
En un comunicado, Dino manifestó que el Ministerio de Justicia convocó a una reunión de emergencia con los organismos de seguridad para enfrentar las manifestaciones.
Los actos en Brasilia desataron otras manifestaciones de los grupos golpistas en el país, entre ellos en San Pablo, donde la Avenida 23 de Maio, una de las principales carreteras urbanas de la ciudad, fue bloqueada por bolsonaristas, que impidieron la circulación de automóviles cerca del aeropuerto de Congonhas.
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