Todo comenzó el 6 de junio del año pasado, cuando una denuncia efectuada sin nombre y vía web expuso que Héctor Valdiviezo, de 66 años, y su hija Inés, de 34, “realizaban viajes al norte transportando estupefacientes en un automóvil Suran gris (…) ocultándolos en las ruedas de auxilio”, según consignó el fallo.
El escrito, a su vez, señalaba el lugar de residencia de los involucrados y agregaba que ambos solían echarle “productos químicos” a la droga para “superar los controles de ruta”. El hecho activó la intervención del Área de Casos Complejos y Gendarmería Nacional, que mediante una investigación de campo logró confirmar la veracidad de los domicilios e informar, además, que Inés tenía dos hijos menores.
De acuerdo a la sentencia dictada por el Juez de Cámara Guillermo Federico Elias -integrante de la Sala II-, en el marco de un juicio abreviado solicitado por el Fiscal General Ricardo Toranzos, la investigación de la causa constató que los denunciados utilizaban para el tráfico de droga un vehículo Fiat Uno y otro marca Suran. Y que “el Sr. Valdiviezo tenía a su nombre 5 líneas telefónicas, en tanto que la Sra. Valdiviezo (…) 2 líneas, autorizando, posteriormente, el Juez de Garantías -Julio Bavio-, la intervención de las mismas”.
Tiempo después, a través de las escuchas telefónicas se comprobó que “días anteriores a la detención, Hector (…) había realizado viajes -trasladando estupefacientes- hacia la zona de Anta, Salvador Mazza, Pichanal y luego a la ciudad de Mendoza y La Rioja”. Valiéndose de las mismas líneas también pudieron dar con “un tercer vehículo marca Ford Fiesta (…) cuyo titular era Hector Armando Valdiviezo”.
El 19 de septiembre del año pasado Hector pasó a buscar a su hija Inés en un Ford Fiesta, para dirigirse hacia Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. Todo se supo por el seguimiento telefónico, y fue así que se le dio aviso al puesto fijo “El Naranjo” de Gendarmería Nacional, sobre la ruta nacional 9/34, km 1438. Tras esa indicación, se detuvo al auto y se procedió a su requisa y consecuente secuestro, conforme el relato de la resolución emitida este lunes.
Al respecto, el juez Elias expresó que “se tiene por acreditado, a raíz de las constancias probatorias del órgano acusador (…) la existencia material del hecho acaecido el 19/9/22, a horas 12:00, oportunidad en la que Héctor e Inés Valdiviezo transportaron dos paquetes con un total de 2 kilos y 100 gramos de cocaína (…) los que se encontraban en un compartimiento extraño adosado al tanque de combustible”.
En ese contexto, el fiscal Toranzos impulsó un acuerdo de juicio abreviado con los imputados, que previamente habían admitido los hechos encuadrados bajo “el delito de transporte de estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 5 inc. “c” de la ley 23737″, que estipula una pena de prisión “de cuatro a quince años” al que “comercie con estupefacientes (…) o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya (…) o transporte”. Sin embargo separó las responsabilidades entre padre e hija.
En tal sentido, el juez dio cuenta de que la acusación -al momento de presentar el acuerdo para su validación- “sostuvo que Héctor Armando Valdiviezo tuvo mayor responsabilidad en el hecho no solo porque era quien conducía el rodado desde donde se secuestró el estupefaciente, sino porque de los mensajes de texto surgía que era él quien planificaba los viajes y le avisaba a su hija para que lo acompañe”.
Asimismo, analizó lo planteado en tanto Inés “tuvo un rol secundario” en la medida en que “su aporte consistió en acompañar a su padre y camuflar el real motivo del viaje (…) si bien conocía la maniobra, su intervención no resultó esencial para la consumación del delito”.
En ese orden, el juez declaró admisible el acuerdo y decidió condenar “en calidad de autor” a Héctor Valdiviezo a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, más el pago de una multa de $585.000 e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Por su parte, Inés Valdiviezo fue condenada a tres años de prisión de ejecución en suspenso -más el pago de una multa de mismo monto- “por resultar partícipe secundario en el delito de transporte de estupefacientes”.
Tanto el padre como la hija habían transitado el proceso penal en prisión preventiva, aunque ella contaba con arresto domiciliario en razón del “interés superior del niño”, puesto que es madre de dos chicos menores de edad. Al momento de resolver, y teniendo en cuenta la “ejecución en suspenso”, el juez dispuso su inmediata libertad.
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