La entidad señaló que el pedido de juicio político por el contenido de sentencias es “una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”. También se pronunció la agrupación “Compromiso Judicial”.La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó el pedido de juicio político del gobierno nacional a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostuvo que se está ante una “crisis institucional sin precedentes”.
“Es posición inveterada de esta Asociación que la promoción de juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá del acierto o error de estos últimos, implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional pues pretende condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”, sostuvo la entidad a través de un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y por su secretario general, Marcelo Peluzzi.
“El devenir de los sucesos y los anuncios que, a través de diferentes funcionarios nacionales, se vienen dando en las últimas horas, nos ponen en alerta y nos instan a expresar nuestra desaprobación en toda su extensión”, agregó la AMFJN, la entidad política y gremial de la justicia nacional y federal, y sostuvo que “la división de poderes y la independencia judicial, establecidos en la Constitución Nacional, deben asegurarse bajo cualquier circunstancia para garantizar un Estado de Derecho”.
El gobierno presentó el pedido de juicio político a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño de sus funciones por el fallo de la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por sus resoluciones sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de su integración de 13 miembros y repuso la ley anterior de 20 que había sido derogada por el Congreso de la Nación.
El pedido de juicio político fue entregado ayer por Alberto Fernández al titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la comisión encargada, Ana Carolina Gaillard, en una reunión que tuvieron en la quinta de Olivos.
Marcelo Gallo TagleLa Casa Rosada sumó el respaldo de 11 gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof (uno de los principales impulsores); de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
El Gobierno sigue firme, de todas formas, en las negociaciones sumar más apoyos en el interior, tarea de la que se ocupaba en persona Alberto Fernández junto a su círculo más cercano. Por ahora decidieron no participar de la embestida contra la Corte los jefes provinciales afines de San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y Salta, Gustavo Sáenz. Tampoco el misionero Oscar Herrera Ahuad, y los gobernadores disidentes, que se comportan de forma ocasional como aliados, Arabela Carreras, de Río Negro; y Omar Gutiérrez, de Neuquén.
“Este tipo de acciones son las que lastiman cada vez más a la independencia de poderes, es un claro entrometimiento del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Si esto llega a tener curso sentaría un antecedente que es muy preocupante para el futuro del país y sus instituciones, si esto avanza estamos dando el ejemplo que un Presidente puede cuestionar un fallo del máximo tribunal de justicia cuando no le guste el mismo. Es preocupante como se ataca a las instituciones. Sin embargo, hay algo aún peor que es el aumento en la frecuencia que se dan estos embates al sistema republicano”, sostuvo Gallo Tagle.
Quien también se manifestó fue “Compromiso Judicial”, una de las agrupaciones políticas de la justicia. “Expresamos nuestra preocupación ante las intenciones de abrir un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, vinculado con el contenido de sus sentencias. El respeto y cumplimiento de los fallos judiciales, particularmente aquellos emitidos por el máximo tribunal del país, deben acatarse siempre, en función de la garantía de debido proceso y el Estado de Derecho, sostuvo la agrupación.
“Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por las posibles escuchas ilegales, que buscan desestabilizar el regular ejercicio de justicia y el trabajo de los integrantes del Poder Judicial”, agregó y cerró su comunicado con una frase del filósofo y jurista francés Charles Montesquieu: “La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado”.
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