Perú parece ya un país en guerra. La crisis política y social que estalló tras el golpe fallido del ex presidente Pedro Castillo, tuvo este viernes su jornada más sangrienta con ocho muertos que redondean ya 17 víctimas fatales desde el inicio de las protestas hace poco más de una semana, centradas especialmente en el interior del país.
Castillo ha enviado varias comunicaciones desde su lugar de detención, pero en ninguna de ella llamó a la pacificación, más bien lo contrario.
Para la presidenta Dina Boluarte, ex vice del mandatario golpista, la situación se convierte en un desafío cada vez más complejo en su intento de restablecer el orden público. En ese esfuerzo decretó el Estado de Emergencia que suspendió derechos como el de reunión y libre tránsito, y envió a las fuerzas armadas para colaborar con la Policía. Ese formato agravó la crisis.
En la noche del jueves debió dictar el toque de queda en 15 provincias y ya tuvo sus primeras bajas en el gabinete por la violencia, renunciaron los ministros de Educación y de Cultura, recién nombrado en el gabinete de emergencia que debió designar tras asumir el gobierno en medio de la crisis.
Los seguidores de Castillo en el interior pobre del país donde tuvo su caudal electoral en 2021, reclaman su liberación, el cierre del Congreso, el llamado a una Asamblea Constituyente y elecciones anticipadas. Este último punto podría el único que le cedería la política peruana aunque no rápidamente.
Boluarte, asumió su cargo el miércoles de la semana pasada cuando el expresidente sorprendió al país con un mensaje en la televisión en el cual ordenaba el cierre del legislativo, el toque de queda, y anunciaba la puesta en marcha de un gobierno de facto, de emergencia y por decreto.
Un golpe en toda la línea similar al que llevó adelante el ex dictador Alberto Fujimori, con quien en estas horas comparte la prisión después de que la intentona fue desactivada en apenas dos horas por el rechazo de las fuerzas armadas a sumares a la rebelión.
Baluarte, quien había señalado su intención inicial de cumplir el mandato de Castillo hasta 2026, debió retroceder rápidamente. Las violentas protestas del sábado y domingo con los primeros dos muertos la obligaron a enterrar ese sueño y anticipar que enviaría un proyecto al Congreso para llamar a elecciones en abril de 2024.
Como no alcanzó para calmar los ánimos, ahora los comicios podrían ser en diciembre de 2023 o previsiblemente antes.
Fracaso legislativo
El proyecto para la convocatoria anticipada comenzó a ser tratado este jueves en el muy desprestigiado Congreso unicameral, pero los legisladores el viernes rechazaron en principio avalarlo por 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones.
La estrategia para dilatar la decisión es a la espera de concesiones como una autorización para la reelección que les facilitaría la posibilidad de retener sus bancas. Si el anuncio de adelantamiento de elecciones no calma al interior del país es entre otras razones por la señalada militancia de Castillo azuzando a los manifestantes.
El ex presidente presume de un liderazgo popular que en la práctica nunca ejerció desde el gobierno. No hubo a lo largo de su accidentada gestión ninguna medida concreta hacia sus votantes, ni cumplió con las promesas de campaña a despecho de la enorme presión en contra que ejerció el Parlamento, dominado por la oposición derechista.
Además de marchas, también hay saqueos como el que se produjo contra la empresa alimenticia Gloria en Arequipa, a locales de celulares en otras localidades, y los ataques a los aeropuertos. En Lima, la terminal aérea más importante del país solo acepta el ingreso de pasajeros con ticket, sin familiares en la despedida.
El clima se tensa y a partir del decreto de Estado de Emergencia por 30 días para todo Perú, las fuerzas armadas contrarias al golpe empezaron a colaborar con la Policía Nacional. El país así amaneció militarizado. Hay soldados y tanquetas desde el centro de Lima hasta en el interior.
La protesta en Ayacucho había comenzado el jueves de modo pacífico, hasta que los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto local. Es la misma modalidad que usaron en Arequipa, Cusco, Andahuaylas y Juliaca: vandalizar los aeropuertos, que hoy siguen cerrados.
Según la policía usaron piedras y explosivos caseros. Las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza y según confirmó la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, quedó el saldo de los ochos muertos y heridos. El viernes a última hora la Justicia confirmó que al menos cuatro de los muertos fue por herida de bala.
Con la noticia de las primeras muertes, la ira se potenció y los manifestantes atacaron el edificio del Ministerio Público, donde quemaron la puerta principal, parte de algunas oficinas y vehículos estacionados, al igual que la sede de la Fiscalía y de los juzgados de paz.
Un panorama que se agrava
Pero el panorama podría ser peor. El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, señaló que dos de los heridos deben ser evacuados a Lima con urgencia: “La cantidad de muertos es posible que aumente”, advirtió.
A su vez, la Defensoría del Pueblo, un organismo autónomo, lanzó una fuerte demanda al gobierno. “Tras el fallecimiento de dos personas y decenas heridos durante el intento de toma del aeropuerto por parte de manifestantes, exigimos al Comando Conjunto el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”, exhortó.
Después emitió otro largo documento en el que exige que el “uso de la fuerza se realice en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas vigentes”.
Con el número de muertos en 17 -confirmados el viernes a la noche por la Defensoría del Pueblo-, la ministra de Educación Patricia Correa que había asumido el sábado presentó la renuncia. “La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, aseguró en las redes.
Luego la siguió el responsable de Cultura. Además, este viernes en Ayacucho hubo una nueva marcha con el lema “Ejército = Represión”. Para completar el panorama, hay 250 ciudadanos heridos, 216 policías hospitalizados y se multiplican los piquetes.
Mientras tanto, la Policía despejó los cortes de ruta en la Panamericana Norte y Sur del país. Este viernes quedaba uno importante en Ocoña a la altura de Arequipa, 800 kilómetros al sur de Lima. Mantenían grandes piedras sobre la traza.
El municipio emitió un comunicado en el que le pidió a los vecinos el uso racional del agua porque por el corte no tienen más combustible para hacer funcionar la bomba que abastece de agua a la población.
Pasada la medianoche y con la cifra de víctimas en Ayacucho, Boluarte se expresó en las redes sociales. Pero antes de ese mensaje, la presidenta profundizó las medidas con el toque de queda para las regiones más convulsionadas de Cusco, Arequipa, Ica, La Libertad, Apurímac, Puno, Huancavelica y Ayacucho.
El decreto establece el toque de queda desde la tarde hasta las cuatro de la mañana en 15 provincias. “Declarar por el término de cinco días calendario, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en el marco del Estado de Emergencia Durante la inmovilización social obligatoria”, señala el texto.Peruanos marchan en el centro de Lima para exigir la paz, después de que el Congreso de Perú rechazara una medida para adelantar las elecciones en medio de protestas provocadas por el derrocamiento del expresidente encarcelado Pedro…
Agrega: “Las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público”. Y otro coletazo de la crisis lo recibe el turismo.
Este viernes el aeropuerto de Cusco contabilizaba cinco días cerrado y el gobernador regional Jean Paul Benavente García destacó que hay más de seis mil turistas varados solo en esa región. En total suman 109 mil los pasajeros afectados por 843 vuelos cancelados.
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